Gobierno de La Rioja

Núm. 68
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Lunes 21 de mayo de 2007
AYUNTAMIENTO DE BRIEVA DE CAMEROS
III.C.19

Aprobación definitiva de diversas ordenanzas

La Asamblea Vecinal de Brieva de Cameros, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2006,, acordó aprobar provisionalmente las siguientes Ordenanzas Fiscales: - Vertido/alcantarillado

- Expedición de documentos administrativos

- Servicios en el Cementerio Municipal.

- Otorgamiento de licencias y autorizaciones.

- Recogida de basuras.

- Licencias urbanísticas.

- Suministro de agua potable.

- Ocupación de terrenos con materiales de construcción, mercancías, etc.

- Ocupación de terrenos con mesas, sillas, tablaos, etc.

- Puestos, Barracas, etc.

- Ocupación de vía pública, subsuelo, suelo y vuelo.

- Desagüe de canalones.

- Impuesto de Construcciones y Obras.

- Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Impuesto sobre Actividades Económicas.

- Contribuciones Especiales

Presentándose igualmente Ordenanza Reguladora sobre normas generales de recaudación y régimen sancionador.

No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias contra dicho acuerdo, durante el plazo de treinta días de exposición al público del expediente, efectuado mediante anuncio fijado en el tablón de anuncios y publicado en el Boletín Oficial de La Rioja n 8, de 16 de enero de 2007 queda definitivamente adoptado el acuerdo de referencia, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la propia resolución corporativa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a continuación se insertan los textos íntegros de los acuerdos provisionales y de las ordenanzas aprobadas, elevados ya a definitivos, a todos los efectos legales y especialmente al de su entrada en vigor.

Contra dichos acuerdos y ordenanzas podrán interponerse, de conformidad con el artículo 19 del referido Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, en la forma que establece la vigente Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Brieva de Cameros, a 3 de abril de 2007.- El Alcalde, Pedro Somalo Gracia.

I.- Texto Integro del Acuerdo

Séptimo - Aprobación Inicial de Ordenanzas Fiscales de Aplicación en el Municipio de Brieva de Cameros

Ante la falta de Ordenanzas Fiscales ya reflejada en el anterior acuerdo son presentadas a los vecinos proyecto de Ordenanzas Fiscales que comprenden las siguientes:

- Vertido/alcantarillado

- Expedición de documentos administrativos

- Servicios en el Cementerio Municipal.

- Otorgamiento de licencias y autorizaciones.

- Recogida de basuras.

- Licencias urbanísticas.

- Suministro de agua potable.

- Ocupación de terrenos con materiales de construcción, mercancías, etc.

- Ocupación de terrenos con mesas, sillas, tablaos, etc.

- Puestos, Barracas, etc.

- Ocupación de vía pública, subsuelo, suelo y vuelo.

- Desagüe de canalones.

-Impuesto de Construcciones y Obras.

-Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Impuesto sobre Actividades Económicas.

- Contribuciones Especiales

Presentándose igualmente Ordenanza Reguladora sobre normas generales de recaudación y régimen sancionador.

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los asistentes, se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente las Ordenanzas Fiscales enumeradas en los términos recogidos en la propuesta de la Alcaldía

Segundo.- Someter el expediente a información pública por término de treinta días, con inserción de anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, durante los cuales podrán los interesados presentar alegaciones y sugerencias.

Tercero.- En el caso de que no se presente alegación alguna el acuerdo se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo, conforme a lo previsto en el art 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de presentarse alegaciones serán informadas por la Intervención y sometidas a consideración de esta Asamblea que resolverá aprobando definitivamente.

II.- Texto Integro de las Ordenanzas

Ordenanza Fiscal nº 2.A.1. Reguladora de la Tasa por Servicios de Vertido o Alcantarillado.

Fundamento y naturaleza.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por desagüe de vertido o alcantarillado a la red general"", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a los prevenido en el artículo 57 de la citada Ley Reguladora.

Artículo 2º.- El servicio se declara de obligada recepción en zona clasificada urbana por el Plan General de Ordenación, por razones de higiene y seguridad y como medio de compensar los gastos que origina su prestación, devengándose la tasa aún cuando no hubiere sido expresamente solicitado por los intereses.

Hecho imponible.

Artículo 3º.- Constituye el hecho imponible la utilización o posibilidad de utilización del servicio municipal de alcantarillado para el vertido de excretas, aguas residuales y pluviales en beneficio de las fincas situadas en este término municipal.

Sujeto pasivo

Artículo 4º.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, usuarias y beneficiarias del servicio de alcantarillado.

Artículo 5º.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los usuarios y beneficiarios del servicio.

Artículo 6º.- Se considerarán propietarios o usuarios del servicio, por norma general, los mismos titulares que figuren en la tasa por suministro de agua.

Artículo 7º.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo delas personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidaciones de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones y Bonificaciones.

Artículo 8º.- No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.

Artículo 9º.- La base imponible estará determinada por el volumen de agua potable consumida, de conformidad con las mediciones semestrales municipales.

Artículo 10.- Se fijan las siguientes tarifas, aplicables por cada semestre natural:

A.- Cuota mínima al semestre por cada vivienda o local dotados de servicio: 4.42 euros

B.- Por cada m3 de agua potable consumido al semestre: 0.133 euros

c) Por cada solicitud de acometida a la red general: 100,18 euros. Ello con independencia del que hubiere que satisfacerse en concepto de licencia urbanística, en su caso.

d) Por averías: parte proporcional que corresponda al interesado de la correspondiente factura de reparación.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Índice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Devengo

Artículo 11º.- La Tasa se devengará desde el momento en que tenga lugar la prestación del servicio, presumiéndose que la acometida a la red lleva consigo la presentación del servicio.

Normas de gestión

Artículo 12º.- La gestión de esta Tasa se realizará juntamente con la Tasa por Suministro de Agua.

Artículo 13º.- Los contratos de suministro de agua se considerarán a todos los efectos declaraciones fiscales para la gestión de esta tasa.

Recaudación

Artículo 14º.- El cobro de la Tasa se llevará a cabo semestralmente junto con las tasa por Suministro de Agua y Recogida domiciliaria de Basura en cuyo documento cobratorio se especificará el importe de cada una de ellas.

La recaudación de la Tasa se realizará con sujeción a las disposiciones vigentes en cada momento sobre la materia y en la Ordenanza Fiscal General.

Infracciones y sanciones

Artículo 15º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la Ley General Tributaria, la Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones de pertinente aplicación.

Disposiciones finales

Primera.- En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ordenanza Fiscal General, y las disposiciones que en su caso se dicten.

Segunda.- La presente Ordenanza, que consta de 15 artículos y dos disposiciones finales fue aprobada inicialmente por la Asamblea Vecinal celebrada el día 23 de diciembre de 2007 y entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.A.2. Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

Fundamento y naturaleza.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por expedición de documentos administrativos", que se regirápor la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a los prevenido en el artículo 57 de la citada Ley Reguladora.

Hecho imponible.

Artículo 2º.-

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Sujeto pasivo.

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Responsables.

Artículo 4º.-

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones subjetivas.

Artículo 5º.- Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1º Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2º Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.

3º. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento en el que hayan sido declarados pobres.

Cuota tributaria.

Artículo 6º.-

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

2.- La cuota Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementará en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Artículo 7º .-

Tarifas: La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Epígrafe Tarifa euros

1. Certificaciones:

1.A. Catastrales, de hasta 10 fincas, urbanas o rústicas: 1,00 euros

1.B. Otras Certificaciones: 1,00.- euros

2.A. Copia de documentos

Cada una, tarifa única 3.01

2.C. Compulsas de fotocopias .- Por cada folio: 0.20

3. Expedientes:

3.1. De hasta 10 folios: 4.00

3.3. Por cada folio de más de 10: 0.10

4. Fax, encuadernaciones y otros:

4.1. Fax.- Por cada folio: 0.60

4.2. Encuadernaciones: Por cada folio (mínimo 50 folios) 2.00

4.3. Correo Electrónico: Según facturación concesionario.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Indice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Bonificaciones de la cuota.

Artículo 8º.- No se concederá bonificación alguna se los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Devengo.

Artículo 9º.-

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2.- En los casos a los que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Declaración e ingreso.

Artículo 10ª.-

1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante pago en efectivo en las Oficinas Municipales en el momento de presentación de los documentos que inicien el expediente.

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.

3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de liquidaciones, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Infracción y sanciones.

Artículo 11º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final.

La presente Ordenanza que consta de 11 artículos y una disposición final fue aprobada inicialmente por la Asamblea Vecinal el día 23 de diciembre de 2006 y entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.A.3. Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en el Cementerio Municipal.

Fundamento y naturaleza.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa de Cementerio Municipal", que se regirá por la Presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley Reguladora.

Hecho imponible.

Artículo 2º.- Constituye el hecho imponible de la Tasa de prestación de los servicios de Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones y sepulturas, ocupación de los mismos, reducción, incineración, movimiento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, u cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Sujeto pasivo.

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, o que resulten beneficiadas o afectadas por la prestación de servicio de cementerio municipal.

Responsables.

Artículo 4º.-

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones subjetivas.

Artículo 5º.- Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados precedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre por la familia de los fallecidos.

B) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

C) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 6º Cuota tributaria: La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:

* Se entenderán todas las tarifas referidas a un periodo máximo de hasta 50 años, a contar de la fecha de la Resolución de cesión.

Epígrafe Tarifa / euros

1. Asignación de sepulturas y nichos: Periodo: hasta 25 años.

1. A. Por cada nicho 150,00 euros

Por cada prórroga de 25 años 150,00 euros.

1. B. Por cada sepultura en tierra 200,00 euros.

Por cada prórroga de 10 años 150,00 euros.

2. Terrenos para mausoleos y panteones:

2. A. Por cada metro cuadrado de panteón 70,00 euros.

3. Por osarios:

3. A. Por cada hueco 300,00 euros.

4. Traslado dentro del cementerio:

4. A. Por cada cadáver o restos 30,00 euros.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Indice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Bonificaciones.- Los vecinos del municipio gozarán de una bonificación del 50 % en todas las tarifas.

Devengo

Artículo 7º.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a todos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos.

Declaración, liquidación e ingreso.

Artículo 8º.-

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Áreas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9º.- Toda clase de sepulturas y nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.

El derecho que se adquiere, mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o nichos de los llamados "perpetuos", no es de la propiedad física del terreno sino el de conservación e perpetuidad de los restos inhumados en dichos espacios.

Infracciones y sanciones.

Artículo 10º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final.

La presente Ordenanza que consta de diez artículos y una disposición final, aprobada por la Asamblea Vecinal el día 23 de diciembre de 2006 y entrará e en vigor conforme a las disposiciones vigentes, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.A.4. Reguladora de la Tasa por Licencias Ambientales y de Apertura

Fundamento y naturaleza.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por apertura de establecimientos a instancia de parte.

Hecho imponible.

Artículo 2º.-

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa tendente al otorgamiento de la licencia de apertura de locales o establecimientos, cualquiera que sea la actividad que vaya a ejercerse en los mismos.

2.- Se considera primera actividad, a los efectos de esta tasa:

a) Los primeros establecimientos.

B) Los traslados de locales

c) Las ampliaciones de la actividad desarrollada en los locales, darán lugar al abono de nuevos derechos, deducidos exclusivamente de aquellas y siempre que requieran una nueva actuación de los servicios municipales en orden a la viabilidad de las citadas ampliaciones.

3.- Se entenderá por local de negocio a los efectos de esta tasa:

a) Todo establecimiento destinado al ejercicio habitual de comercio. Se presumirá dicha habitualidad en los casos a que se refiere el artículo V del Código de Comercio, o cuando para la realización de los actos o contratos objeto de tráfico de la actividad desarrollada se necesario contribuir por el Impuesto de Actividades Económicas.

B) El que se dedique a ejercer, con establecimiento abierto, una actividad de industria, comercio o enseñanza.

D) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda, y, en especial, esté o no abierta al público, la destinada a:

El ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza.

El ejercicio de actividades económicas.

Espectáculos públicos.

Depósito y almacén.

Escritorio, oficina, despacho o estudio, cuando en los mismos se ejerza actividad artística, profesión o enseñanza con un fin lucrativo.

Sujeto pasivo.

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Responsables.

Artículo 4º.-

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones subjetivas.

Artículo 5º.- No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la tasa.

Cuota tributaria.

Artículo 6º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.

Artículo 7º.- Tarifas: La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1º.- Licencia de apertura: 255 euros

Epígrafe 2º.- Licencia ambiental: 400 euros

Bonificaciones de la cuota.

Artículo 8º.- No se concederá bonificación alguna se los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Devengo.

Artículo 9º.-

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2.- En los casos a los que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Declaración e ingreso.

Artículo 10ª.- 1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante pago en efectivo en las Oficinas Municipales en el momento de presentación de los documentos que inicien el expediente.

Infracción y sanciones.

Artículo 11º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final.

La presente Ordenanza que consta de 11 artículos y una disposición final fue aprobada por la Asamblea Vecinal el día 23 de diciembre de 2006 y entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.A 5. Reguladora de la Tasa por Servicio de Recogida de Basuras y Residuos Sólidos.

Fundamento y naturaleza.

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de basuras y residuos sólidos"", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a los prevenido en el artículo 57 de la citada Ley Reguladora.

Hecho imponible.

Artículo 2º.- 1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3.- No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Sujeto pasivo.

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Responsables.

Artículo 4º.- 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones subjetivas.

Artículo 5º.- Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1º Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2º Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.

3º. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento en el que hayan sido declarados pobres.

Cuota tributaria.

Artículo 6º.- 1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas, expresadas en euros:

Epígrafe euros semestre

a) Servicio de recogida dentro del casco urbano

01 Por cada inmueble apto para vivienda 25.00

02 Por cada establecimiento comercial o industrial 30.00

03 Bares, cafeterías, restaurantes, albergues y hostales 30.00

04 Pub, Salas de fiestas, discotecas, y similares 120.00

b) Servicio de recogida fuera del casco urbano

05 Por cada inmueble apto para vivienda 30.00

06 Por cada establecimiento comercial o industrial 60.00

07 Bares, cafeterías, restaurantes, albergues y hostales 60.00

08 Pub, Salas de fiestas, discotecas, y similares 185.00

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un semestre.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Índice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Bonificaciones de la cuota.

Artículo 7º- No se concederá bonificación alguna se los importes de las cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Devengo.

Artículo 8.- 1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2.- En los casos a los que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Declaración e ingreso.

Artículo 9.- 1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante pago en efectivo en las Oficinas Municipales en el momento de presentación de los documentos que inicien el expediente.

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.

3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de liquidación, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Infracción y sanciones.

Artículo 10.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final.

La presente Ordenanza fiscal que consta de diez artículos y una disposición final, fue aprobada inicialmente en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2006, entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Ordenanza Fiscal nº 2.A.6. Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos.

Capítulo I: Fundamento legal.

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se ajustan a lo prevenido en los artículos 20 a 27 y 57de la citada Ley Reguladora y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Tasas y Precios Públicos.

*Capítulo II: Hecho imponible.

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la tramitación y resolución de los expedientes administrativos para la prestación de los siguientes servicios:

1. Parcelaciones, segregaciones y agrupaciones de fincas afectadas.

2. Tramitación de planes, delimitación de polígonos, autorizaciones para redactar planes, avances de planeamiento, estudios de detalle y modificaciones puntuales, sin ámbito superficial definido o de ordenanzas y demás documentos no gráficos.

3. Señalamiento de alineaciones y rasantes.

4. Expedición de cédulas urbanísticas, certificados e informes.

*Capítulo III: Exenciones y bonificaciones.

Artículo 3.- No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Capítulo IV: Sujeto pasivo.

Artículo 4.- Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde laactuación municipal constitutiva del hecho imponible.

Capítulo V: Responsables tributarios.

Artículo 5.- A los efectos se estará a lo dispuesto en el Capítulo II, Sección 3ª del Título 1 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Capítulo VI: Base imponible.

Artículo 6.- La base imponible estará determinada por la naturaleza del servicio prestado o de la actividad municipal realizada, no solo en función del coste material de la tramitación individualizada, sino también, y en general de las características del beneficio especial o afectación a favor de la persona interesada, de acuerdo con lo establecido para cada caso en las tarifas correspondientes.

Capítulo VII: Tipo impositivo.

Artículo 7.- El tipo impositivo estará determinado por las siguientes Tarifas:

A. Informes de obras.

Tarifa única: 0,25 % del presupuesto de las obras.

B. Parcelaciones, segregaciones, agrupaciones de fincas afectadas

Tarifa única: 0,25 % del valor catastral de la finca actual en el ejercicio.

C. Tramitación de planes y otras figuras de índole urbanística

1. Planes de ordenación, Estudios de Detalle, Ordenanzas, Delimitación de Polígonos y Unidades Actuación, y sus Modificaciones, con información pública, y que no requieran notificaciones individualizadas así como la tramitación de instrumentos de ejecución: Reparcelaciones, Proyectos de Compensación y Expropiación y, en general, todos aquellos que requieran una protocolización e inscripción en el Registro de la Propiedad: 200,00 euros.

2. Al importe establecido en el apartado anterior, se añadirán los que resulten en concepto de publicaciones, además del reintegro de los gastos de protocolización y Registro.

D. Señalamiento de alineaciones y rasantes

1. Señalamiento de alineaciones en una situación consolidada, que no requieran la utilización de aparatos topográficos: 120,00 euros por operación.

2. Señalamiento de alineaciones en una situación consolidada que requieran la utilización de aparatos topográficos: 250.00 euros por operación.

3. Señalamiento de alineaciones en una situación no consolidada, de dificultad normal (parcelas regulares situadas junto a vías urbanizadas): 150.00 euros por operación

E. Expedición de cedulas urbanísticas, certificados, 1º ocupación, informes y documentación complementaria

1. Cédula Urbanística: 30.00 euros

2. Certificados: 6.00 euros

3. 1ª ocupación.: 6 euros.

4. Informes y documentación complementaria: 30 euros

5. Copia CD.ROM: 30.00 euros / UD

E. Prorrogas de expedientes

1ª Sobre cuota devengada 30 % s. L.O.

2ª Sobre cuota devengada 50 % s. L.O.

3ª Sobre cuota devengada 75 % s. L.O.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Índice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Capítulo VIII: Devengo.

Artículo 8.- 1. La Tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio por parte de la Administración, con la recepción de la solicitud y la correspondiente iniciación del expediente.

2. Dicha obligación no se verá afectada por la resolución que se adopte, siempre que el expediente haya sido promovido por los particulares.

Capítulo IX: Normas de gestión.

Artículo 9.- La Tasa se exigirá en régimen de liquidación administrativa, dicha liquidación seránotificada a los sujetos pasivos para su ingreso en la Tesorería Municipal, utilizando los medios de pago y plazo que señala el Reglamento General de Recaudación.

Capítulo X: Infracciones y sanciones.

Artículo 10.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la Ley General Tributaria, la ordenanza Fiscal General y demás disposiciones de pertinente aplicación.

Disposiciones finales. Primera: En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ordenanza Fiscal General, y las disposiciones que en su caso se dicten.

Segunda: La presente Ordenanza fiscal que consta de 10 artículos y dos disposiciones finales, que ha sido aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2007, entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas

Ordenanza Fiscal nº 2.B.1. Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable.

Capítulo I: Fundamento legal y objeto o hecho imponible.

Artículo 1º.- En el ejercicio de la facultad reconocida a las Entidades Locales por el ordenamiento jurídico del estado español, en los correspondientes artículos de la Constitución Española de 1978; Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo; y cuanta otra normativa los complementara o modificara conforme a derecho, el Ayuntamiento de Brieva de Cameros, La Rioja, establece, para el ámbito territorial de su término municipal, la tasa por el suministro de agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza y los Reglamentos que en su caso la complementen.

Artículo 2º.- Constituye el objeto y hecho imponible de la presente tasa, la explotación del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable a domicilio, los derechos de enganche a la red general y utilización de contadores.

Capítulo II: Sujetos pasivos, responsables y obligación de contribuir.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos y responsables.

1. Son sujetos pasivos, o contribuyentes, y están obligados a contribuir al pago de las cuotas que resulten en aplicación de la presente tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del servicio. En todo caso, comenzará la obligación con la solicitud del beneficiario o, en su defecto, con la iniciación a su favor de la prestación del servicio.

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3. Asimismo, serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4º.- Obligación de contribuir.

1. Están obligados al pago de las cuotas que resulten quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados en relación con la presente Ordenanza y la obligación comenzará, simultáneamente, con la iniciación y/o con la solicitud del beneficiario.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el oportuno Reglamento del servicio, todos los sujetos pasivos de la presente tasa procurarán las condiciones necesarias para que los contadores de control del consumo, que deberán ser ajustados a norma legal, deberán estar ubicados en zona de fácil acceso y visibilidad. Se procurará que los contadores estén ubicados, en lo posible, en zona no privada a efectos de garantizar las labores propias de control y lectura, entre otras tareas a desarrollar por la administración.

Capítulo III: Tarifas.

Artículo 5º.- Las tarifas que regirán dicho servicio serán de tres tipos:

A) Fijas por acometidas a la red general: 160,00 euros por cada enganche.

B) Fijas por contrato póliza del suministro: 60,00 euros por cada contrato y contador.

C) Por consumo:

Cuota Fija Semestral euros

- Tarifas

Casa, por cada m3 (mínimo 24 m3): 0.35 euros

Encerradero, por cada m3 (mínimo 24 m3) 0.50 euros

Iglesia, por cada m3 (mínimo 5 m3) 0.50.- euros

Industrias y Locales comerciales, por cada m3 (mínimo 24 m3) 0.50 euros

- Tarifas por sobrepasar mínimos por cada m3

Casa, por cada m3 (de 25 a 50 m3) 0.40 euros

Encerradero, por cada m3 (de 25 a 50 m3) 0.60 euros

Industrias y locales comerciales, por cada m3, (de 25 a 50 m3) 0.60 euros

Iglesia, (de 5 a 7 m3) 0.60 euros

- Tarifas por sobrepasar mínimos

Casa, por cada m3 (de 50 m3 en adelante) 0.50 euros

Encerradero, (de 50 m3 en adelante) 0.75

Industrias y locales comerciales, por cada m3 (de 50 m3 en adelante) 0.75

Iglesia, (de 7 m3 en adelante) 0.75

d) Por averías: parte proporcional que corresponda al interesado de la correspondiente factura de reparación.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Índice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Capítulo IV: Administración y cobranza.

Artículo 6º.- Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal nº 1 de este Ayuntamiento, así como al Reglamento Municipal de Suministro de Agua Potable, sin perjuicio de otras normas de carácter estatal o autonómico.

Complementando el apartado anterior, se establece:

a) La tasa se exacionará mediante recibos semestrales, que podrán ser únicos de la tasa o conjuntos con los de otros conceptos, de conformidad con el procedimiento empleado por el organismo que la gestiona.

B) El pago de dicha tasa se efectuará contra la presentación del recibo, quedando autorizado el organismo que la gestiona a la domiciliación de los recibos consecuentes.

Capítulo V: Partidas fallidas, infracciones y defraudaciones.

Artículo 7º.- Se considerarán partidas fallidas, o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas en procedimiento de apremio y para su declaración se formalizará el oportuno expediente.

Artículo 8º.- Se considerarán infracciones y defraudaciones, además de las previstas expresamente en la Ley General Tributaria y demás normas concordantes, aquellas que contradijeren las Normas expresadas en el Reglamento Municipal del Servicio.

El Alcalde del Ayuntamiento, atendido al grado de mal intencionalidad y gravedad de aquéllas, podrá sancionar con multa de entre 1 y el quíntuplo del importe que resulte de evaluar el consumo medio anual por contador.

Asimismo, con las oportunas formalidades, el Alcalde de Brieva de Cameros queda autorizado para que pueda cortar el suministro a quienes durante tres periodos cobratorios consecutivos no abonaren en periodo voluntario las cuotas resultantes, o quienes, tras serles requeridos, no facilitaren la numeración de su contador. De igual modo se proveerá con quienes no procedieren al arreglo o sustitución de su contador tras serle dos veces advertidos en periodo de lectura de aquellos.

Capítulo VI: Exenciones.

Artículo 9º.- No se declarará exención ni bonificación alguna que no estuviere prevista por el Ordenamiento Jurídico del Estado Español.

No obstante lo anterior, quienes de buen grado habitualmente se encargaren del riego y cuidado de jardines públicos con agua de su contador, el Pleno podrá reconocerles, previa solicitud del interesado, una bonificación exclusivamente sobre los m/3 consumidos en el tarifa de exceso.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 9 artículos, distribuidos en 6 capítulos y una disposición final, fue aprobada inicialmente por la Asamblea Vecinal el día 23 de diciembre de 2007, entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.B.2. Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de la Vía Publica Local con Mercancías, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y Otras Instalaciones Análogas

Capítulo I: Fundamento legal y objeto o hecho imponible.

Artículo 1º.- 1. En el ejercicio de la facultad reconocida a las Entidades Locales por el ordenamiento jurídico del estado español, en los correspondientes artículos de la Constitución Española de 1978; Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo; y cuanta otra normativa los complementara o modificara conforme a derecho, el Ayuntamiento de Brieva de Cameros (La Rioja), establece, para el ámbito territorial de su término municipal, la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones, que se regirá por la presente Ordenanza y los Reglamentos que en su caso la complementen.

Artículo 2º.- Constituye el objeto y hecho imponible de la presente tasa, la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con motivo de la ocupación de terrenos de uso público, con materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en todo el término municipal.

Capítulo II: Sujetos pasivos, responsables y obligación de contribuir.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos y responsables.

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Responsables.

Artículo 4º.- 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones subjetivas.

Artículo 5º.- No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la tasa.

Capítulo III: Tarifas.

Cuota tributaria.

Artículo 6º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.

Artículo 7º.- Tarifas.

7.1 Categorías de las calles. Para la exacción de la tasa se establece una única categoría para todas las calles de la localidad.

Nº Concepto del epígrafe euros / día

01 Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo apoyo, brazo o pluma, ocupen el suelo o vuelo de la vía pública, por cada metro lineal 0,50

02 Por ocupación de vía pública con materiales de obra, por cada metro cuadrado 0,50

03 Por andamios, puntales, asnillas, y elementos análogos, por m2 0,50

A estas tarifas se les establece un mínimo de 30 euros

7.2 Normas de aplicación de las tarifas:

Cuando las obras se interrumpiesen por un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de las Tarifas sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes, y, en caso, de que una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos,las cuantías serán recargadas en un 200 por 100.

Capítulo IV: Normas de gestión y devengo.

Artículo 8º.- Normas de Gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

4. La prestación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas.

La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonado el precio público.

Artículo 9º.- Devengo. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización o concesión.

La tasa de devengará contra recibo normalizado extendido por la oficina municipal del Ayuntamiento.

Artículo 10º.- 1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

2. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en la cuenta de la Corporación, o en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de solicitud o recibo normalizado al efecto, facilitado en la oficina municipal.

3. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

4. La duración del aprovechamiento se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja y se adopte la correspondiente resolución de la Alcaldía favorable a dicha declaración.

Capítulo V: Partidas fallidas, infracciones y sanciones.

Artículo 11º.- Se considerarán partidas fallidas, o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas en procedimiento de apremio y para su declaración se formalizará el oportuno expediente.

Artículo 12º.- Las infracciones serán sancionadas conforme a lo regulado por la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias, sin perjuicio de aplicación de lo dispuesto al efecto en pliegos o convenios que puedan suscribirse para regular expresamente una concesión o utilización determinada.

Capítulo VI: Exenciones.

Artículo 13º.- No se declarará exención ni bonificación alguna que no estuviere prevista por el Ordenamiento Jurídico del Estado Español.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 13 artículos, distribuidos en 6 capítulos, y una disposición final, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006 y entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.B.3. Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de la Vía Pública Local con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablaos y Otros Elementos Análogos con Finalidad Lucrativa.

Capítulo I: Fundamento legal y objeto o hecho imponible.

Artículo 1º.- 1. En el ejercicio de la facultad reconocida a las Entidades Locales por el ordenamiento jurídico del estado español, en los correspondientes artículos de la Constitución Española de 1978; Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo; y cuanta otra normativa los complementara o modificara conforme a derecho, el Ayuntamiento de Brieva de Cameros La Rioja, establece, para el ámbito territorial de su término municipal, la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablaos y otros elementos análogos, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Constituye el objeto y hecho imponible de la presente tasa, la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con motivo de la ocupación de terrenos de uso público, con mesas, sillas, tribunas, tablaos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa en todo el término municipal.

Capítulo II: Sujetos pasivos, responsables y obligación de contribuir.

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, aquellos que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme algunos supuestos previstos en el artículo 20.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Responsables.

Artículo 4º.- 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Exenciones subjetivas.

Artículo 5º.- No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la tasa.

Capítulo III: Tarifas.

Cuota tributaria.

Artículo 6º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente.

Artículo 7º.- Tarifas.

7.1 Categorías de las calles. Para la exacción de la tasa se establece una única categoría para todas las calles de la localidad.

Zona única:

Por cada metro cuadrado o fracción ocupado: 10 euros /año

Capítulo IV: Normas de gestión y devengo.

Artículo 8º.- Normas de Gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

4. La prestación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas.

La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonado el precio público.

Artículo 9º.- Devengo. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización o concesión.

La tasa de devengará contra recibo normalizado extendido por la oficina municipal delAyuntamiento.

Artículo 10º.- 1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

5. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en la cuenta de la Corporación, o en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de solicitud o recibo normalizado al efecto, facilitado en la oficina municipal.

6. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

7. La duración del aprovechamiento se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja y se adopte la correspondiente resolución de la Alcaldía favorable a dicha declaración.

Capítulo V: Partidas fallidas, infracciones y sanciones.

Artículo 11º.- Se considerarán partidas fallidas, o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas en procedimiento de apremio y para su declaración se formalizará el oportuno expediente.

Artículo 12º.- Las infracciones serán sancionadas conforme a lo regulado por la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias, sin perjuicio de aplicación de lo dispuesto al efecto en pliegos o convenios que puedan suscribirse para regular expresamente una concesión o utilización determinada.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 12 artículos, distribuidos en 6 capítulos, y una disposición final, fue aprobada por la Asamblea Vecinal el día 23 de diciembre de 2006 y entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.B.5. Reguladora de la Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Publica.

Capítulo I: Fundamento legal y objeto o hecho imponible.

Artículo 1º .- 1. En el ejercicio de la facultad reconocida a las Entidades Locales por el ordenamiento jurídico del estado español, en los correspondientes artículos de la Constitución Española de 1978; Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo; y cuanta otra normativa los complementara o modificara conforme a derecho, el Ayuntamiento de Brieva de Cameros La Rioja, establece, para el ámbito territorial de su término municipal, la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica, que se regirá por la presente Ordenanza y los Reglamentos que en su caso la complementen.

Artículo 2º .- Constituye el objeto y hecho imponible de la presente tasa, la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con motivo de la ocupación del subsuelo y suelo de uso o dominio público, con todo tipo de maquinaria para explotación de concesiones e instalaciones, así como con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en todo el término municipal.

Capítulo II: Sujetos pasivos, responsables y obligación de contribuir.

Artículo 3º .- Sujetos pasivos y responsables.

4. Son sujetos pasivos, o contribuyentes, y están obligados a contribuir al pago de las cuotas que resulten en aplicación de la presente tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del aprovechamiento. En todo caso, comenzará la obligación con la solicitud del beneficiario o, en su defecto, con la iniciación a su favor del aprovechamiento.

5. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

6. Asimismo, serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y lossíndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 4º .- Obligación de contribuir. Están obligados al pago de las cuotas que resulten en aplicación de la presente tasa, las personas o Entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización y la obligación comenzará, simultáneamente, con la iniciación y/o con la solicitud del beneficiario.

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: En el momento de solicitar la correspondiente licencia.

B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: El día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.

El pago de la tasa se realizará: (Salvo en los supuestos regulados expresamente por Pliego o Concesión, que se regirán de acuerdo con los pactos expresos)

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: Por ingreso directo en la Tesorería municipal, siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: Una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por semestres naturales en las oficinas de la Recaudación municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo mes.

Capítulo III: Tarifas.

Artículo 5º .- Cuantía. 1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 3 siguiente.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1.5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas.

La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., estará englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre).

3. Las tarifas aplicables en todo el término municipal, serán las siguientes:

A) Epígrafes de liquidación al año:

Nº Concepto del epígrafe euros / año

01 Palomillas, por cada unidad 30,00

02 Transformadores, por cada metro cuadrado o fracción 24,00

03 Cajas de amarre, distribución y registro, por cada una 18,00

04 Cables en la vía pública, por cada metro lineal 0,90

05 Ocupación vía pública con tuberías, por cada m. lineal o fracción 3,00

06 Postes, por cada unidad 12,00

b) Epígrafes especiales:

1) Se establece un canon especial para aprovechamiento del subsuelo establecido mediante concesión que pueda acordar el Pleno del Ayuntamiento, cuya cifra se establecerá en función de los metros cúbicos de material a extraer, precisándose valoración previa de técnico municipal sobre el valor de mercado de la explotación prevista.

2) Otros aprovechamientos no previstos en el presente artículo podrán ser regulados mediante liquidaciones expresas que establezca puntualmente el Pleno de la Corporación Municipal.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Indice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Capítulo IV: Normas de gestión y devengo.

Artículo 6º .- Normas de Gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados.

4. La prestación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas.

La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonado el precio público.

Artículo 7º .- Devengo. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización o concesión.

La tasa de devengará contra recibo normalizado extendido por la oficina municipal del Ayuntamiento.

Artículo 8º .- 1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

11. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en la cuenta de la Corporación, o en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de solicitud o recibo normalizado al efecto, facilitado en la oficina municipal.

12. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

13. La duración del aprovechamiento se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja y se adopte la correspondiente resolución de la Alcaldía favorable a dicha declaración.

Capítulo V: Partidas fallidas, infracciones y sanciones.

Artículo 9º.- Se considerarán partidas fallidas, o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas en procedimiento de apremio y para su declaración se formalizará el oportuno expediente.

Artículo 10º.- Las infracciones serán sancionadas conforme a lo regulado por la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias, sin perjuicio de aplicación de lo dispuesto al efecto en pliegos o convenios que puedan suscribirse para regular expresamente una concesión o utilización determinada.

Capítulo VI: Exenciones.

Artículo 11º.- No se declarará exención ni bonificación alguna que no estuviere prevista por el Ordenamiento Jurídico del Estado Español.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos, distribuidos en 6 capítulos y una disposición final, fue aprobada inicialmente por la Asamblea Vecinal el día 23 de diciembre de 2006 entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2.B.6. Reguladora de la Tasa por Desagüe de Canalones y Otras Instalaciones Análogas en Terrenos de Uso Publico Local.

Capítulo I: Fundamento legal y objeto o hecho imponible.

Artículo 1º.- En el ejercicio de la facultad reconocida a las Entidades Locales por elordenamiento jurídico del estado español, en los correspondientes artículos de la Constitución Española de 1978; Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,; y cuanta otra normativa los complementara o modificara conforme a derecho, el Ayuntamiento de Brieva de Cameros, La Rioja, establece, para el ámbito territorial de su término municipal, la tasa por el aprovechamiento especial de desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso publico local, que se regirá por la presente Ordenanza y los Reglamentos que en su caso la complementen.

Artículo 2º.- Constituye el objeto y hecho imponible de la presente tasa, el vertido de aguas en terrenos de uso público, procedente de inmuebles que no tienen conectado su desagüe a la red general de alcantarillado, así como la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con motivo del aprovechamiento especial de terrenos de uso público local por vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.

Capítulo II: Sujetos pasivos, responsables y obligación de contribuir.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos y responsables.

Son sujetos pasivos, o contribuyentes, y están obligados a contribuir al pago de las cuotas que resulten en aplicación de la presente tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, siendo propietarias o usufructuarias de inmuebles gravados por la presente tasa.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Asimismo, serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Capítulo III: Categoría de calles y tarifas.

Artículo 4º.- 1. Categoría de calles: A los efectos previstos en el presente artículo, se establece una única categoría de calles para todo el municipio.

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada por la tarifa siguiente:

A) Mínimo aplicable a todos los inmuebles con desagüe a la vía pública, al año:

El 0,1 % sobre la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Las tarifas fijadas anteriormente se actualizarán el primero de enero de cada año, en función del Índice de Precios al Consumo que fije el INE, correspondiente a los doce meses anteriores publicados.

Capítulo IV: Exenciones.

Artículo 5º.- No se concederá exención, reducción ni bonificación alguna a la exacción de la presente tasa, salvo las que disponga al efecto el ordenamiento jurídico del estado español.

Capítulo V: Normas de gestión y devengo.

Artículo 6º.- 1. A efectos de liquidación de la presenta tasa, el Ayuntamiento formará semestralmente el correspondiente Padrón, que se expondrá al público por quince días, a efectos de reclamaciones, anunciándose por Edictos en el BOR, Tablón de Anuncios municipal y lugares de costumbre.

2. Este Padrón, una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa la resolución de las reclamaciones en su caso interpuestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.

3. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir.

4. Las bajas deberán ser solicitadas por los interesados, mediante escrito dirigido al Alcalde, y una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, la Alcaldía resolverá en consecuencia causando, en su caso, baja en el respectivo Padrón con efectos del periodo cobratorio siguiente a aquel en que fue dictada la resolución de baja.

5. Cuando con ocasión de que se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, como consecuencia de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 e3 la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, elbeneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de los desperfectos causados y al depósito previo de su importe. Si los daños fueren irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

En todo caso, no podrán condonarse, ni total ni parcialmente, las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

Artículo 7º.- Devengo. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización o concesión.

Artículo 8º.- 1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

17. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en la cuenta de la Corporación, o en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por medio de solicitud o recibo normalizado al efecto, facilitado en la oficina municipal.

18. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

19. La duración del aprovechamiento se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja y se adopte la correspondiente resolución de la Alcaldía favorable a dicha declaración.

Capítulo VI: Partidas fallidas, infracciones y defraudaciones.

Artículo 9º.- Partidas fallidas. Se considerarán partidas fallidas las cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento administrativo de apremio, formalizándose, para su declaración, el oportuno expediente.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones. Las infracciones serán sancionadas conforme a lo regulado por la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 10 artículos, distribuidos en 6 capítulos, y una disposición final, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006, entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2 C 1 Reguladora del Impuesto sobre Construcciones y Obras

Fundamento y régimen

Artículo 1.- Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59,2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 100 a 103 de la citada Ley Reguladora.

Hecho imponible

Artículo 2.- El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización dentro de este término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.

Devengo

Artículo 3.- El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicien las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2º anterior, con independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras o urbanística.

Sujetos pasivos

Artículo 4

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto de contribuyentes, las personas físicas yjurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla, a cuyos efectos tendrá la consideración de dueño quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Responsables

Artículo 5

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora de la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Base imponible y liquidable

Artículo 6

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal a estos efectos el coste de ejecución material de aquélla, sin inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material.

Cuota tributaria

Artículo 7.- La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que queda fijado en 2.00 por ciento.

Reducciones y demás Beneficios Legalmente Aplicables

Artículo 8. Bonificaciones.

1. Se establecen sobre la cuota del Impuesto, las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación, a solicitud del sujeto pasivo, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo.

b) Una bonificación de 50 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación administrativa.

C) Una bonificación de 20 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructura.

D) Una bonificación de 20 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. Esta bonificación se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar en su caso, las bonificaciones a que se refieren los anteriores apartados.

E) Una bonificación de 30 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de los anteriores apartados.

2. Las bonificaciones previstas en cada una de las letras anteriores se aplicará a la cuota resultante de aplicar en su caso las bonificaciones de las otras letras.

Gestión y recaudación

Artículo 9

1. Cuando se conceda la preceptiva licencia se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 10

1. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno se podrá establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo oficial que se facilite a los interesados.

2. La autoliquidación deberá ser presentada o ingresado su importe en el plazo de treinta días a contar desde la notificación de la concesión de la preceptiva licencia de construcciones, instalaciones u obras.

3. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta de las normas reguladoras de este Impuesto.

Artículo 11.

La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre ingreso de las autoliquidaciones, se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen en el Reglamento General de Recaudación, demás legislación general tributaria del Estado y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Infracciones y Sanciones Tributarias

Artículo 12.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

La presente Ordenanza, que consta de 12 artículos, y una disposición final, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006 entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2 C 2 Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

I. Naturaleza y fundamento.

Artículo 1º. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo establecido con carácter obligatorio en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 92 a 99, ambos inclusive, de dicha disposición.

II. Hecho Imponible.

Artículo 2º. - 1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no hayan causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrículas turísticas.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

B) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

III. Sujeto Pasivo.

Artículo 3º. - Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

IV. Exenciones.

Artículo 4º. - 1. Estarán exentos del impuesto:

A) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

B) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

C) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

D) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

E) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

F) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

G) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos d) y f) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo d) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de Brieva de Cameros.

3. Bonificaciones.

Gozarán de una bonificación de

a) 100 por 100 para los vehículos declarados históricos por la Comunidad Autónoma, siempre que figuren así incluidos en el registro de la Jefatura Provincial de Tráfico. Dicho Organismo dará traslado al Ayuntamiento de cuantos permisos de circulación se concedan para éste tipo devehículos.

Los interesados deberán presentar junto con la solicitud el certificado expedido por el organismo competente acreditativo de la condición de vehículo histórico, así como el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica a que se refiere el Real Decreto 1247/1995 de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos.

B) 100 por 100 de la cuota del impuesto para aquellos vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de fabricación. Si esta no se conociera se tomará como tal la fecha de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Los interesados deberán presentar junto con la solicitud la documentación acreditativa de la fecha de fabricación, permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica a que se refiere el Real Decreto 1247/1995 de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos.

C) Las bonificaciones establecidas en los anteriores apartados tendrán carácter rogado, concediéndose expresamente a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud de éstos.

La petición deberá realizarse antes de la fecha de devengo del impuesto. Si la bonificación se solicita con posterioridad a dicha fecha, la bonificación se aplicará a partir del periodo impositivo siguiente.)

V. Tarifas.

Artículo 5º. - 1. Las cuotas del impuesto, son las resultantes de aplicar sobre las cuotas modificadas por el artículo 24º de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el coeficiente 1,7.

Por aplicación de lo previsto en el párrafo anterior, el cuadro de tarifas aplicable será el siguiente:

Potencia y clase de vehículos euros año

a) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales 13,00

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 35,10

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 74,10

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 96.20

De 20 caballos fiscales en adelante 115,36

b) Autobuses

De menos de 21 plazas 85,80

De 21 a 50 plazas 122,20

De más de 50 plazas 152,75

c) Camiones

De menos de 1.000 kgrs. De carga útil 43,55

De 1.000 a 2.999 kgrs. De carga útil 85,80

De más de 2.999 a 9.999 kg carga útil 122,20

De más de 9.999 kgrs de carga útil 152,75

d) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 18,20

De 16 a 25 caballos fiscales 28,60

De más de 25 caballos fiscales 85,80

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.

De menos de 1.000 Kgrs. De carga útil 18,20

De 1.000 a 2.999 kgrs. De carga útil 28,60

De más de 2.999 kgrs. De carga útil 85,80

f) Otros vehículos

Ciclomotores 4,55

Motocicletas hasta 125 c.c 4,55

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 7,80

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 15,60

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 31,20

Motocicletas de más de 1.000 c.c 62,40

2. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionados en el cuadro de tarifas del mismo, será el recogido en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:

a) Se entenderá por furgón/furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas, mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

Primero: Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús.

Segundo. Si el vehículo estuviese autorizado para transportas más de 525 kilogramos de carga útil, tributará como camión.

B) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por su cilindrada.

C) Cuando se trate de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el automóvil, constituido por un vehículo de motor, y el remolque y semiremolque acoplado.

D) Las máquinas autopropulsadas o automotrices que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores, quedando comprendidos, entre éstos los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá dé acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos antes mencionado, en relación con el anexo V del mismo texto.

4. En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica la distinción en la determinación de la carga entre MMA (masa máxima autorizada) y la MTMA (masa máxima técnicamente admisible) se estará, a los efectos de su tarifación, a los kilos expresados en la MMA, que corresponde a la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas, conforme a lo indicado en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 3 diciembre por el que se regula el Reglamento General de Vehículos. Este peso será siempre inferior o igual al MTMA.

VI. Periodo Impositivo y Devengo.

Artículo 6º. - 1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.

En el caso de que el sujeto pasivo comunique la baja del vehículo con anterioridad a la aprobación del Padrón del impuesto, durante el periodo de exposición al público del mismo o en el correspondiente plazo de reclamaciones, se emitirá una liquidación con la cuota prorrateada. Si la baja es comunicada con posterioridad, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales desde la baja del vehículo.

El interesado deberá presentar en el plazo de 3 meses ante la administración de rentas, documento expedido por la Jefatura de Tráfico en el que se acredite que dicha baja temporal o definitiva ha sido controlada por dicha Jefatura.4.- En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria, la cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y en los caso de primera adquisición, el día en que se produzca dicha adquisición.

VII. Gestión y Cobro del Tributo.

Artículo 7º. - La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponden al Ayuntamiento de Brieva de Cameros cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su término municipal.

Artículo 8º. - 1. Este impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación cuando se trate de vehículos que sean alta en el tributo, como consecuencia de su matriculación y autorización para circular.

2.- Respecto de los expresados vehículos a los efectos de lo previsto en el artículo 100 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el sujeto pasivo antes de la matriculación del vehículo formalizará en la oficina municipal del impuesto la correspondiente declaración-autoliquidación en el impreso municipal aprobado al efecto, uniendo al mismo los documentos siguientes:

- Justificante de empadronamiento.

- Fotocopia de la ficha técnica.

- Fotocopia del DNI o CIF y de la tarjeta de identificación fiscal.

3.- El pago de la cuota resultante de la autoliquidación se efectuará en la Caja Municipal, entregándose el original y dos copias del expresado documento, que deberá ser aportado ante la Jefatura Provincial de Tráfico para la matriculación del vehículo.

Si no se acredita, previamente, el pago del presente impuesto, la Jefatura Provincial de Tráfico no expedirá el permiso de circulación del vehículo.

4. La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta que se compruebe por la Administración municipal que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

5. Los sujetos pasivos deberán declarar ante el Ayuntamiento, las bajas definitivas de los vehículos y los cambios de domicilio que figuren en el permiso de circulación en el plazo de treinta días desde su producción, ello sin perjuicio de su declaración ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Igual obligación tendrán los adquirientes respecto de las transferencias de vehículos, debiéndose comunicar la misma por el transmitente.

Artículo 9º.- Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 10º. - 1. Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación en ejercicios anteriores, el pago de las cuotas anuales del impuesto, se realizará durante el plazo que se anunciará públicamente.

2. En este supuesto, la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante la expedición de recibos, en base a un padrón o matrícula anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto, que coincidirán con los que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en el término municipal de Cuzcurrita de Río Tirón.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público, por el plazo de quince días, para que los legítimos interesados puedan examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.

Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago de las cuotas, se comunicará mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de los de mayor tirada de la Capital, y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

4. El pago de los recibos se realizará en la oficina de la Recaudación Municipal.

VIII. Infracciones y Sanciones Tributarias.

Artículo 11º. - En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas del Capítulo VIII de la Ordenanza Fiscal General.

Disposiciones finales.

Primera.- Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.- La presente Ordenanza, que consta de 11 artículos, distribuidos en 8 capítulos, y dos disposiciones finales, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006, entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2 C 3 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rustica y Urbana).

Artículo 1º.- Fundamento Legal.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en el artículo 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 y los artículos 61 a 77 del Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento de Brieva de Cameros, establece la regulación Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, y será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2º.- Tipo de Gravamen.

2.1.- El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales, de los siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos,

2. De un derecho de superficie,

3. De un derecho real de usufructo,

4. Del derecho de propiedad.

2.2.- Este orden es preestablecido, y la realización del hecho imponible de uno de ellos determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas.

2.3.- Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario (artículo 2 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro inmobiliario.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos.

3.1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible que se describe en el artículo 2.1 de esta ordenanza.

3.2.- Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

3.3.- En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

Es sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 4º.- Responsables

En los supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago dela totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículos 41 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 5º.- Supuestos de no sujeción

No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

B) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en que estén enclavados:

- Los de dominio público, afectos a uso público.

- Los de dominio público, afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 6º.- Exenciones

Estarán exentos los siguientes inmuebles:

6.1- De oficio:

a) Los que sean propiedad del estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

B) Los bienes comunales y los montes vecinales.

C) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 o norma que lo complemente o sustituya, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

D) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

F) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

G) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

6.2. A instancia de parte:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

B) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultura, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a la que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención alcanzará a los bienes urbanos ubicados dentro de perímetro delimitativo de laszonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, que reúnan las siguientes condiciones:

1.- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

2.- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

6.3.- Gozarán asimismo de exención:

a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya cuota líquida sea inferior a 300,00 euros. Se agrupará en un solo documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos en un mismo Municipio (Artículo 78.2 de la LHL).

B) Los inmuebles de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 300,00 euros.

Artículo 7º. Bonificaciones

7.1.- Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se establece una bonificación del 50% a favor de los Inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta que no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

Para disfrutar de esta bonificación será necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas visado por Colegio Profesional.

2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos.

3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto de Sociedades.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas. En ningún caso podrá exceder de tres períodos impositivos.

B) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas gozarán de una bonificación del 50% de la cuota integra del impuesto.

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Para disfrutar de esta bonificación será necesario cumplir los siguientes requisitos:

1. Solicitud de Bonificación.

2. Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de protección Oficial.

3. Fotocopia de la Escritura del inmueble.

4. Fotocopia de los datos del Registro de la Propiedad.

C) Establecer una bonificación del 20% a favor de las viviendas de protección oficial una vez transcurridos los tres años desde el otorgamiento de la calificación definitiva. La duración de la presente bonificación será de 5 años.

Para obtener esta bonificación será necesario presentar:

1. Escrito de solicitud.

2. Certificado de que dicho inmueble es el domicilio habitual del solicitante.

3. Certificado de que los ingresos anuales del sujeto pasivo no superan 20.000,- euros.

D) Establecer una bonificación del 90% de la cuota íntegra, y en su caso, del recargo del impuesto, al que se refiere el artículo 134 de la LHL, a favor de los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.

Para obtener esta bonificación será necesario presentar:

1. Escrito de Solicitud.

2. Certificado de que dicho bien rústico pertenece a una cooperativa agraria o a una explotación comunitaria de la tierra.

E) Establecer una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en zonas de Municipio, que conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, corresponden a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y disponen de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo, y que por sus características económicas aconsejan una especial protección.

Articulo 8º. - Reducciones de la Base Imponible

8.1.- La reducción en la base imponible se aplicará a los bienes inmuebles urbanos y rústicos que a continuación se enumeran; en ningún caso será de aplicación a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en virtud de:

a. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997

b. La aplicación de sucesivas ponencias total de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reducción de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:

1º. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

2º. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

3º. Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

4º. Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancia e inspección catastral.

En el caso del artículo 8.1.b) punto 1, se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.

En el caso del artículo 8.1.b) puntos 2,3 y 4, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del Municipio.

8.2.- La reducción de la base imponible se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto. Las reducciones establecidas en este artículo no se aplicarán respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales.

8.3.- La reducción se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 71 de la LHL.

8.4.- La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor único para todos los inmuebles afectados del Municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su desaparición.

8.5.- El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre elnuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base (en los términos especificados en el artículo 70 de la LHL). Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando se trate de los supuestos del artículo 8.1.b) punto 2 y punto 3.Articulo 9º.- Base Imponible.

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro Inmobiliario.

Artículo 10º - Base Liquidable y Valor Base

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refiere el artículo 8 de la Ordenanza.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-

Administrativos del Estado.

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva Ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.

Artículo 11º.- Cuota Tributaria

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en la presente Ordenanza.

Artículo 12º.- Tipo de Gravamen

12.1.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será de 0,600 por 100.

12.2.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será 0,300 por 100.

12.3.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales será de 0,600 por 100.

Los bienes inmuebles de características especiales son los siguientes:

1- Los destinados a la producción de energías eléctricas, y gas y al refinado de petróleo, y las centrales nucleares.

2- Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto los destinados exclusivamente al riego.

3- Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

4- Los aeropuertos y puertos comerciales.

Artículo 13º.- Período Impositivo y Devengo del Impuesto

El período impositivo es el año natural, devengándose el impuesto el primer día del período impositivo.

Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al registro tendrán efectividad en el devengo del impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales.

Artículo 14º.- Gestión

La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de esta Ayuntamiento. Realizándose conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 15º.- Revisión

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de esteimpuesto, de conformidad con la Ley de Haciendas Locales.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 15 artículos, y una disposición final, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006 entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza Fiscal nº 2 C 4 Reguladora del Impuesto Actividades Económicas.

Naturaleza y fundamento

Artículo 1º. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real establecido con carácter obligatorio en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y regulado de conformidad con lo que disponen los artículos 78 a 91, ambos inclusive de dicha disposición.

II. Hecho imponible

Artículo 2º.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas grava el ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto ninguna de ellas.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

B) El estabulado fuera de las fincas rústicas.

C) El trashumante o trasterminante.

D) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.

3. Se considerará que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del Impuesto.

5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho por los contemplados en el artículo 3º del Código de Comercio y en particular por:

a) Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o por sus representantes legales.

b) Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales en diligencia, en acta de inspección o en cualquier otro expediente tributario.

C) Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro procedimiento publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de una actividad económica.

D) Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad llevados por toda clase de organismos o Empresas, debidamente certificados por los encargados de los mismos o por la propia Administración.

E) Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa propia o a requerimiento de la administración tributaria competente.

F) Datos facilitados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, Colegios y Asociaciones Profesionales y demás instituciones oficialmente reconocidas, por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración.

Artículo 3º. No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fechade transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeto al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.

5. Además, no tienen la consideración de actividades económicas, la utilización de medios de transporte propios ni la reparación en talleres propios, siempre que a través de unos y otros no se presten servicios a terceros.

III. Sujeto pasivo

Artículo 4º. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

IV. Exenciones del impuesto

Artículo 5º.

1. Están exentos del Impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como los Organismos Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

B) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

C) Los siguientes sujetos pasivos:

Las personas físicas.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.a El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2.a El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiesen finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

3.a Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 delCódigo de Comercio son los recogidos en la sección 1.a del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4.a En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sé atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

D) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

E) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

F) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

G) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.

3. La aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior no exigirá la presentación de comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 14 de esta Ordenanza.

4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.»

V. Tarifas y cuota tributaria.

Artículo 6º.

1. Las tarifas del Impuesto sobre actividades económicas y las Instrucciones aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/90 de 28 de septiembre y Real Decreto Legislativo 1259/1991 de 2 de agosto comprenden:

a) La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, clasificadas en actividades empresariales, profesionales y artísticas.

B) Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante la aplicación de los correspondientes elementos tributarios regulados en las tarifas y en la Instrucción.

2. Las cuotas contenidas en las tarifas se clasifican en:

a) Cuotas mínimas municipales.

B) Cuotas provinciales.

C) Cuotas nacionales.

Artículo 7º

1. Son cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen específicamente señaladas en las Tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que no tengan la calificación expresa, en las referidas Tarifas de cuotas provinciales o nacionales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 51/2002, de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a efectos de la determinación del elemento tributario «superficie de los locales» no sólo no se computará, sino que se deducirá específicamente de la superficie correspondiente a los elementos directamente afectos a la actividad gravada:

- La superficie destinada a guardería o cuidado de hijos del personal o clientes del sujeto pasivo.

- La superficie destinada a actividades socioculturales del personal del sujeto pasivo.

Lo dispuesto en este párrafo también se aplicará a efectos de la determinación de aquellas cuotas para cuyo cálculo las tarifas del impuesto tengan en cuenta expresamente, como elemento tributario, la superficie de los locales, computada en metros cuadrados, en los que se ejercen las actividades correspondientes.

La superficie a deducir en virtud de lo dispuesto en esta letra en cuanto a elemento superficie no podrá exceder del 10 por 100 de la superficie computable correspondiente a los elementos directamente afectos a la actividad gravada.

2. Igual consideración de cuotas mínimas municipales tendrán aquellas que por aplicación de lo dispuesto en la Regla 14.1.F) de la Instrucción aprobada por el Real Decreto antes citado, su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del elemento tributario superficie.

3. Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas con el coeficiente y el índice de situación regulados en los artículos 14 y 17 cuantos locales en los que ejerza la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se satisfarán tantas cuotas mínimas municipales cuantas actividades se realicen, aunque el titular de éstas sea la misma persona o entidad.

4. Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el que radique el local en el que ejerzan su actividad, no darán lugar al pago de ninguna otra cuota, ni mínima municipal ni provincial ni nacional.

5. Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado, y los artistas satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el que realicen sus actividades, pudiendo llevar a cabo, fuera del mismo cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.

Artículo 8º. Son cuotas nacionales o provinciales las que con tales denominaciones aparecen en las tarifas.

Artículo 9º. Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas a las que se refiere el artículo 6º, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas con las facultades reseñadas en las Reglas 10, 11 y 12 respectivamente de la Instrucción del Impuesto.

Artículo 10º. A efectos de lo previsto en el artículo 6º, 1.b) y en la Regla 1ª.b) de la Instrucción se consideran elementos tributarios aquellos módulos indiciarios de la actividad, configurados por las Tarifas, o por la Instrucción, para la determinación de las cuotas. Los principales elementos tributarios son: potencia instalada; turnos de trabajo; población de derecho; aforo de locales de espectáculos y superficie de los locales.

Artículo 11º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, las cuotas asignadas en las Secciones 1ª y 2ª de las tarifas se completarán con la cantidad que resulte de aplicar el elemento tributario constituido por la superficie de los locales en los que se realicen las actividades empresariales, o profesionales en los términos previstos enla Regla 14.1.7 de la Instrucción.

Artículo 12º.

1. A los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, se consideran locales las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para cualesquiera actividades empresariales o profesionales.

2. No tienen, sin embargo, la consideración de locales a efecto de este impuesto:

a) Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades mineras. Cuando dentro del perímetro de la explotación minera, el sujeto pasivo realice actividades de preparación u otras a que le faculten las Tarifas del Impuesto, las construcciones o instalaciones en las que las mismas se ejerzan, si tendrán consideración de locales.

B) Las explotaciones en las que se ejerzan las actividades de extracción de petróleo, gas natural y captación de agua.

C) Las centrales de producción de energía eléctrica.

D) Las redes de suministro, oleoductos, gaseoductos, etc. donde se ejercen las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (incluyendo las estaciones de transformación), así como las de distribución de crudos de petróleo, gas natural, gas ciudad, agua y vapor. Tampoco tendrán la consideración de local las redes de suministro y demás instalaciones afectas a la distribución de agua o núcleos urbanos, ni las plantas e instalaciones de tratamiento de la misma.

E) Las obras, instalaciones y montajes objeto de la actividad de construcción, incluyendo oficinas, barracones y demás construcciones temporales sitas a pie de obra y que se utilicen exclusivamente durante el tiempo de ejecución de la obra, instalación o montaje.

F) Los inmuebles en los que se instalen los contadores de agua, gas y electricidad objeto de alquiler, lectura y conservación, a los solos efectos de dichas actividades y sin perjuicio de la consideración que puedan tener aquellos a efectos de otras actividades.

G) Los inmuebles en los que se instalen máquinas y aparatos automáticos, expositores en depósito, máquinas recreativas y similares, a los solos efectos de las actividades que se prestan o realizan a través de los referidos elementos, y sin perjuicio de la consideración que aquéllos inmuebles puedan tener a efectos de otras actividades.

H) Los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, objeto de las actividades de alquiler y venta de dichos bienes. Tampoco tendrán la consideración de locales las oficinas de información instaladas en los bienes inmuebles objeto de promoción inmobiliaria.

I) Las autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje, cuya explotación constituya actividad gravada por el impuesto.

J) Las pistas de aterrizaje, hangares y los puertos, excepto las construcciones.

En consecuencia, las instalaciones especificadas en las letras anteriores, no se considerarán a efectos del elemento tributario de superficie regulado en la Regla 14.1.F) de la presente Instrucción, ni tampoco a efectos del coeficiente previsto en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

3. Se consideran locales separados:

a) Los que estuvieren por calles, caminos o paredes continuas, sin hueco de paso entre éstas.

B) Los situados en un mismo edificio o edificios contiguos que tengan puertas diferentes para el servicio del público y se hallen divididos en cualquier forma perceptible, aun cuando para su dueño se comuniquen interiormente.

C) Los departamentos o secciones de un local único, cuando estando divididos de forma perceptible puedan ser fácilmente aislados y en ellos se ejerza distinta actividad.

D) Los pisos de un edificio, tengan o no comunicación interior, salvo cuando en ellos se ejerza la misma actividad por un solo titular.

E) Los puestos, cajones y compartimentos en las ferias, mercados o exposiciones permanentes, siempre que se hallen aislados o independientes para la colocación y venta de los géneros, aunque existan entradas y salidas comunes a todos ellos.

Cuando se trate de fabricantes que efectúen las fases de fabricación de un determinado producto en instalaciones no situadas dentro de un mismo recinto, pero que integren una unidad deexplotación, se considerará el conjunto de todas como un solo local, siempre que dichas fases no constituyan por sí actividad que tenga señalada en las Tarifas tributación independiente. Este criterio de unidad de local se aplicará también en aquellos casos en los que las instalaciones de un establecimiento de hospedaje o deportivas no estén ubicadas en el mismo recinto.

4. Cuando un bien se destine conjuntamente a vivienda y al ejercicio de una actividad gravada, sólo tendrá la consideración de local a efectos del impuesto, la parte del bien en la que, efectivamente, se ejerza la actividad de que se trate.

Artículo 13º. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos y regulados en los artículos siguientes.

Artículo 14º. Coeficiente de ponderación:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplica, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

- Coeficiente único para cualquier cifra de negocio: 1,35.

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza.

VI. Período impositivo y devengo

Artículo 15º. 1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que se hubiere ejercido la actividad.

3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones.

VII. Bonificaciones

Artículo 16º.

1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

B) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza.

VIII. Gestión del Impuesto

Artículo 17º. La gestión del Impuesto se ajustará a lo establecido en la Ley 39/1988, en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales dealta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 91.1 de la Ley y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos reglamentariamente determinados.

VIII. Infracciones y sanciones

Artículo 18º. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

Disposiciones adicionales

Primera. Reducción por Obras Mayores en Actividades Empresariales de la División 6ª. De conformidad con lo establecido en el artículo 76. Uno, 9.º de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, y a los efectos de la reducción por obras mayores prevenida en la Nota Común 1.ª) a la División 6.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del Impuesto, se aprueban las siguientes normas para su aplicación:

1ª Las cuotas municipales correspondientes a las actividades clasificadas en la División 6.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del Impuesto, se reducirán en proporción al número de días en que permanezcan cerrados los locales en que se ejerzan dichas actividades cuando en ellos se realicen obras mayores para las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a tres meses dentro del mismo periodo impositivo, siempre que por razón de las mismas permanezcan cerrados los locales.

2ª A los efectos de la determinación del concepto de obras mayores para las que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística, los Planes de Ordenación Urbana, las Ordenanzas Municipales y demás legislación de desarrollo.

3ª A los efectos del cómputo del tiempo de duración de las obras, no se estimará el transcurrido para la paralización de las obras por causa imputable al interesado. Se considerará imputable al interesado la paralización de las obras decretadas por el incumplimiento de las prescripciones urbanísticas o sectoriales a que deba ajustarse su ejecución.

4ª En ningún caso habrá lugar a esta reducción cuando los locales se encontrasen cerrados -sin actividad- con anterioridad al inicio de las obras o en los que se ejerzan actividades clasificadas en Divisiones distintas a la de la referida División 6ª, aún cuando, en ambos casos, las obras mayores que se ejecuten tengan por finalidad la de adaptar el local para el posterior ejercicio de una actividad clasificada en la reiterada División 6ª.

5ª En el caso de que en un mismo local se ejerzan por un mismo sujeto pasivo actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas y actividades clasificadas en otra u otras Divisiones, sólo serán susceptibles de reducción las cuotas o parte de las cuotas correspondientes a las actividades encuadradas en dicha división 6ª.

6ª Se consideran locales en los que se ejercen las actividades clasificadas en la División 6.ª de acuerdo con lo dispuesto en la regla 6ª de la Instrucción del Impuesto, las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies, cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para dichas actividades empresariales.

7ª Corresponderá, asimismo, dicha reducción por los locales indirectamente afectos a las actividades clasificadas en la reiterada División 6ª cuando en ellos se ejecute las obras mayores a que se refiere la nota común 1.ª de la citada División y cumplan con el resto de las prescripciones de dicha nota de acuerdo con los presentes criterios de aplicación.

8ª De acuerdo con el principio de unidad de local establecido en la regla décima, nº 3, de la Instrucción del Impuesto, la reducción sólo procederá en la cuota correspondiente al local en que se ejecuten las obras mayores, sin que su aplicación en un local autorice su aplicación en otro u otros locales distintos, aunque los mismos se encuentren afectos a la actividad principal ejercidaen el local en que se realizan las obras.

9ª No se practicará la reiterada reducción en la cuota o parte de la cuota correspondiente a actividades que, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 5ª, 6ª y concordantes de la Instrucción del Impuesto, no se entiendan ejercidas en local determinado y, por tanto, no deba aplicarse índice de situación en la liquidación del Impuesto.

10ª La cuota o parte de una cuota correspondiente a la actividad clasificada en la División 6ª, se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerrado el local, en relación al período impositivo de que se trate. En el caso de que el inicio de la actividad se haya producido con posterioridad al primer día del año, se considerará que el período impositivo comprende el número de trimestres en que ejerza la actividad. Igual criterio se aplicará en el caso de ceses producidos con anterioridad al 31 de diciembre.

11ª De acuerdo con lo dispuesto en la regla decimosexta de la Instrucción del Impuesto, la cuota mínima municipal que resulte tras la aplicación de esta nota no podrá, en ningún caso, ser inferior a 36,06 euros.

12ª Solicitud y plazo de presentación.

1. La aplicación de la repetida nota de reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, separadamente porcada una de las actividades y locales a que dichas obras afecten, en el plazo de un mes de finalización de las obras, en el modelo de instancia normalizada que deberá presentarse en la Oficina Municipal de IAE acompañando la siguiente documentación:

a) Copia de la declaración del alta o último recibo del IAE correspondiente a la actividad y local de que se trate.

B) Copia de la Licencia Urbanística que amparase las Obras y justificante de pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente.

c) Certificado del técnico facultativo de las obras que acredite la fecha de inicio y finalización de las mismas.

2. Si las obras se prolongaran más allá del 31 de diciembre, la solicitud deberá presentarse antes del 31 de enero del año siguiente, sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a solicitar una nueva reducción en la cuota correspondiente al nuevo periodo impositivo, si dichas obras tuviesen una duración superior a tres meses en el nuevo periodo.

3. En los casos de cese, la solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes desde la fecha en que dicho cese se produjo.

4. En los casos de variación por cambio de la actividad, deberá presentarse la solicitud de reducción en el plazo de un mes desde la fecha en que dicho cambio se produjo, aunque la nueva que vaya a ejercerse se encuentre comprendida en la misma división. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a instar la reducción de la cuota correspondiente a la nueva actividad si respecto de la misma se cumplen todos los requisitos para su disfrute, incluida la exigencia de que las obras afecten a la misma por un plazo superior a tres meses.

5. En los supuestos en que la solicitud de reducción se presente fuera de plazo, resultará de aplicación lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este Ayuntamiento para el caso de solicitud extemporánea de beneficios fiscales.

6. Corresponde al sujeto pasivo la carga de probar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el disfrute de esta reducción.

13ª Concesión y denegación:

1. Corresponderá al señor Alcalde-Presidente, el reconocimiento o denegación de la reducción correspondiente a esta nota 1ª común a la División 6ª.

2. La concesión de la citada reducción se entenderá sin perjuicio de las potestades de la Inspección Municipal de Tributos en orden a la comprobación de los requisitos que motivaron su otorgamiento y a la práctica de las liquidaciones definitivas que, en su caso, procedieran.

3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la nota común 1ª a la División 6º, según la redacción dada por la Ley de Presupuestos para 1995, una vez concedida la citada reducción el sujeto pasivo deberá solicitar ante este Ayuntamiento la correspondiente devolución.

4. No obstante, a lo anterior, cuando los acuerdos de reconocimiento de la reducción hubieran sido adoptados con anterioridad al 31 de julio del ejercicio al que se refiere la matrícula, dichareducción surtirá efectos en la liquidación correspondiente a dicho ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los plazos de recurso contra las liquidaciones podrán modificarse las mismas, aplicando las pertinentes reducciones, aun cuando los acuerdos se hayan dictado con posterioridad a la citada fecha.

Segunda. Reducción por Obras en la Vía Pública en Actividades Empresariales de la División 6ª. De conformidad con lo establecido en el Art. 76, Uno, 9º de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, y a los efectos de la reducción por obras en la vía pública prevenida en la Nota Común 2ª) a la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, se aprueban las siguientes normas para su aplicación:

1ª Cuando se realicen obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses dentro del mismo periodo impositivo y afecten a los locales en los que se realicen actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, los sujetos pasivos tendrán derecho, previa su solicitud, a una reducción de la cuota municipal en la cuantía que resulte de la aplicación de los criterios de graduación que a continuación se especifican, atendido el grado de afectación de los locales por dichas obras.

2ª A los efectos de la reducción en la cuota municipal del IAE por la aplicación de esta nota 2ª común a la División 6º, no se consideraran obras en la vía pública aquellas que se realicen en los locales, viviendas e inmuebles en general, aunque para su ejecución tengan que ocupar total o parcialmente la vía pública.

3ª Para la fijación del porcentaje de reducción a aplicar se atenderá al grado de afectación de los locales por dichas obras, grado que se determinará mediante la ponderación de la duración e intensidad de dicha afectación, de acuerdo con los siguientes coeficientes:

- Coeficiente por duración de las obras, para todas: 0,40.

- Coeficiente por intensidad, en todo el término municipal: 0,50.

4ª Para determinar la reducción que corresponda se multiplicará el coeficiente que proceda del apartado A) del número 3º anterior por el coeficiente que resulta del cuadro del apartado B) del mismo número 3º, y el producto de dicha operación, convertido en porcentaje, se aplicará sobre la cuota mínima municipal correspondiente al periodo de liquidación, a efectos de su reducción.

5ª En el caso de que un mismo local se ejerzan por un mismo sujeto pasivo actividades clasificadas en la División 6ª de la Sección 1ª de las Tarifas y actividades clasificadas en otra u otras Divisiones, sólo serán susceptibles de reducción las cuotas o parte de las cuotas correspondientes a las actividades encuadradas en dicha División 6ª.

6ª Se consideran locales en los que se ejercen las actividades clasificadas en la División 6ª, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 6ª de la Instrucción del Impuesto, las edificaciones, construcciones e instalaciones, así como las superficies, cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para dichas actividades empresariales.

7ª Corresponderá, asimismo, dicha reducción por los locales indirectamente afectos a las actividades clasificadas en la reiterada División 6ª cuando se encuentren situados en los viales en que se ejecuten las obras a que se refiere la nota común 2ª de la citada División.

8ª De acuerdo con el principio de unidad de local establecido en la regla décima, nº 3, de la Instrucción del Impuesto, la reducción sólo procederá en la cuota correspondiente al local sito en los viales en que se ejecuten las obras, sin que su reconocimiento respecto de un local autorice a su aplicación en otro u otros locales distintos, aunque los mismos se encuentren afectos a la actividad principal ejercida en el local en el que procede la reducción de cuota.

9ª No se practicará la reiterada reducción en la cuota o parte de la cuota correspondiente a actividades que, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 5ª, 6ª y concordantes de la Instrucción del Impuesto, no se entiendan ejercidas en local determinado y, por tanto, no deba aplicarse índice de situación en la liquidación del Impuesto.

10ª Si a la conclusión del año natural continuaran las obras en la vía pública por plazo superior a tres meses, el sujeto pasivo a que afecten tendrá derecho a una nueva reducción en la cuota correspondiente al nuevo periodo impositivo, en el porcentaje que resulte en atención al grado de afectación del local durante el nuevo periodo.

11ª De acuerdo con lo dispuesto en la regla decimosexta de la Instrucción del Impuesto, la cuotamínima municipal que resulte tras la aplicación de esta nota no podrá, en ningún caso, ser inferior a 36,06 euros.

12ª Solicitud y plazo de presentación.

1. La aplicación de la repetida nota de reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, separadamente por cada una de las actividades y locales a que dichas obras afecte, en el plazo de un mes desde la finalización de las obras y, en todo caso, desde que el local dejara de estar afectado por las mismas, en el modelo de instancia normalizada que deberá presentarse en la Oficina Municipal del IAE acompañando la siguiente documentación:

a) Copia declaración de alta o último recibo IAE de la actividad y local de que se trate.

B) Plano de situación del local.

2. Si la afectación del local por las obras se prolongara más allá del 31 de diciembre, la solicitud deberá presentarse antes del 31 de enero del año siguiente, sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a solicitar una nueva reducción en la cuota correspondiente al nuevo periodo impositivo, si la afectación por dichas obras tuviese una duración superior a tres meses en el nuevo periodo.

3. En los casos de cese, la solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes desde la fecha en que dicho cese se produjo.

4. En los casos de variación por cambio de la actividad, deberá presentarse la solicitud de reducción en el plazo de un mes desde la fecha en que dicho cambio se produjo, aunque la nueva que vaya a ejercerse se encuentre comprendida en la misma división. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a instar la reducción de la cuota correspondiente a la nueva actividad si respecto de la misma se cumplen todos los requisitos para su disfrute, incluida la exigencia de que el local resulte afectado por las obras por un plazo superior a tres meses desde el inicio de la nueva actividad.

5. En los supuestos en que la solicitud de reducción se presente fuera de plazo, resultará de aplicación lo establecido en el Art. 21.2 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este Ayuntamiento, para el caso de solicitud extemporánea de beneficios fiscales.

6. Corresponde al sujeto pasivo la carga de probar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el disfrute de esta reducción.

13ª. Concesión de denegación:

1. Corresponderá al señor Alcalde-Presidente, el reconocimiento o denegación de la reducción correspondiente a esta nota 2ª común a la División 6ª.

2. La concesión de la citada reducción se entenderá sin perjuicio de las potestades de la Inspección Municipal de Tributos en orden a la comprobación de los requisitos que motivaron su otorgamiento y a la práctica de las liquidaciones definitivas que, en su caso, procedieran.

3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la nota común 2ª a la División 6ª, según la redacción dada por la Ley de Presupuestos para 1995, una vez concedida la citada reducción el sujeto pasivo deberá solicitar ante este Ayuntamiento la correspondiente devolución.

4. No obstante a lo anterior, cuando los acuerdos de reconocimiento de la reducción hubiesen sido adoptados con anterioridad al 31 de julio del ejercicio al que se refiere la matrícula, dicha reducción surtirá efectos en la liquidación correspondiente a dicho ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los plazos de recurso contra las liquidaciones podrán modificarse las mismas, aplicando las pertinentes reducciones, aún cuando los acuerdos se hayan dictado con posterioridad a la citada fecha.

Disposiciones finales.

Primera.- Para todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.- La presente Ordenanza, que consta de 18 artículos, distribuidos en 8 capítulos, una disposición adicional y dos disposiciones finales, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006 entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza 3 B 1 Contribuciones Especiales

Capítulo I.- Hecho imponible.-

Artículo 1º.-

1º.- El hecho imponible de las Contribuciones Especiales estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local realizados por éste Municipio.

2º.- Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas u otros

Articulo 2º.-

1º.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y servicios locales los siguientes:

A) Los que, dentro del ámbito de su competencia, realice o establezca el Ayuntamiento para atender a los fines que estén atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales.

B) Los que realice o establezca el Ayuntamiento por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese asumido.

C) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de este Ayuntamiento.

2º.- Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su carácter de locales, aun cuando fuesen realizados o establecidos por:

A) Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este Ayuntamiento el único titular.

B) Concesionarios con aportaciones de este Ayuntamiento.

c) Asociaciones de contribuyentes.

3º.- Las contribuciones especiales, son tributos de carácter finalista y el producto de su recaudación se destinará, íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas y exigidas.

Artículo 3º.-

El Ayuntamiento podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones especiales, siempre que se den las circunstancias conformadoras del hecho imponible establecidas en el Art. 1 de la presente Ordenanza General:

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas.

B) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

C) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por la instalación de redes de distribución de energía eléctrica.

D) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de las rasantes.

E) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas.

F) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios.

G) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.

H) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el abastecimiento.

I) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.

j) Por la plantación arbolado en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación de parques y jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector.

k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

L) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de agua.

M) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías dedistribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios de comunicación e información.

n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios.

Capítulo II.- Exenciones y bonificaciones

Artículo 4º.-

1º.- No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.

2º.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamiento, con expresa mención del precepto en que consideren amparado su derecho.

3º.- Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos

Capítulo III.- Sujetos Pasivos.-

Artículo 5º.-

1º.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las contribuciones especiales, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.

2º.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares de éstas.

C) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este Municipio.

D) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 6º.-

1º.- Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apdo. 3º del artículo 11 de la presente Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquéllas o en la de comienzo de la prestación de éstos.

2º.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Local el nombre de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la propia comunidad.

Capítulo IV.- Base imponible.-

Artículo 7º.-

1º.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte para la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

2º.- El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.

B) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de losservicios.

C) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Municipio, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el Art. 77 de la Ley de Patrimonio del Estado.

D) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

E) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.

3º.- El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

4º.- Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el Art. 2º, 1c) de la presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de la Corporación a que se refiere el apdo. 2b) del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de las mismas obras o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este artículo.

5º.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la Corporación la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad Local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá en la forma indicada en el apartado 2 del artículo 9 de la presente Ordenanza General.

Artículo 8º.-

La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de la contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 90 por 100 a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 9º.-

1º.- La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

B) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

C) En el caso de las obras a que se refiere el Art. 3º m), de la presente Ordenanza General, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarse en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.

2º.- En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o en establecimiento o ampliación de los servicios municipales una subvención o auxilio económico por quién tuviese la condición de sujeto pasivo de las contribuciones especiales que se exacionasen por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuotade los restantes sujetos pasivos.

Artículo 10º.-

1º.- En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el grado utilidad beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán considerados en conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia,, para la determinación de las cuotas individuales no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente.

2º.- En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con fachada a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios abiertos, zona de jardín o espacios libres.

3º.- Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por una chaflán o se unan en curva, se considerará a los efectos de la medición de la longitud de fachada la mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.

Capítulo VI.- Devengo.-

Artículo 11º.-

1º.- Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestase. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

3º.- El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quién lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apdo. 2º del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quién figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4º.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los Órganos competentes del Ayuntamiento, ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra los servicios de que se trate.

5º.- Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

Capítulo VII.- Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación.-

Artículo 12.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Articulo 13.-

1º.- Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrán conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de la Corporación.

2º.- La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda.

3º.- La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e interese correspondientes.

4º.- En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.

5º.- De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos.

Capítulo VIII.- Imposición y Ordenación.-

Artículo 14.-

1º.- La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por el Ayuntamiento del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2º.- El acuerdo relativo a la realización una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.

3º.- el acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales.

4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 15.-

1º.- Cuando este Ayuntamiento colabora con otra Entidad Local en la realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que impongan contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:

a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos.

B) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la contribución especial., sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior.

2º.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuere aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.

Capítulo IX.- Colaboración ciudadana.-

Artículo 16.-

1º.- Los propietarios p titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento, comprometiéndose a sufragar la parte quecorresponda aportar a este Ayuntamiento cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.

2º.- Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación del servicio promovidos por el Ayuntamiento podrán constituirse en Asociaciones Administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.

Artículo 17.-

Para la constitución de las Asociaciones Administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

Capítulo X.- Infracciones y Sanciones.

Artículo 18.-

1º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria.

2º.- La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

Disposición final.

La presente Ordenanza, que consta de 18 artículos, distribuidos en diez capítulos, y una disposición final, fue aprobada por la Asamblea Vecinal en fecha 23 de diciembre de 2006, entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza B 1 Normas Generales de Recaudación y Régimen Sancionador

Capítulo I

Normas tributarias generales

Art. 1º. Carácter de la Ordenanza.

1. Esta Ordenanza general, se dicta al amparo de lo que dispone el artículo 106.2 de la reguladora de las bases de régimen local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y demás normas concordantes.

2. Contiene los principios básicos y las normas generales de la gestión, inspección, recaudación y revisión de todos los tributos, que hay que considerar, con carácter general, como partes integrantes de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada tributo en todo aquello que éstas no regulen expresamente.

Art. 2º. Interpretación.

1. Las normas tributarias se interpretarán atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.

2. Las normas de esta Ordenanza, y en tanto los términos empleados no hayan sido definidos por el ordenamiento tributario deberán entenderse de conformidad con su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.

3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones fiscales.

Art. 3º. Ámbito. 1. Las ordenanzas fiscales serán de aplicación en el término municipal de Brieva de Cameros y deberán aplicarse de acuerdo con los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según proceda.

Capítulo II

Los Tributos

Sección 1a. Concepto, finalidades y clases de los tributos

Art. 4º. Concepto, finalidades y clases de los tributos.

1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por la hacienda municipal como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con la finalidad primordial de obtener los ingresos necesarios parael sostenimiento de los gastos públicos, también podrán utilizarse como instrumentos de la política económica y atender a la realización de los principios y finalidades contenidos en la Constitución.

2. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales.

A) Los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

B) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de manera particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público.

c) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de los servicios públicos.

Art. 5º. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.

1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costos indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Sección 2ª. La relación jurídico- tributaria.

Art. 6º. La relación jurídico-tributaria.

1. La relación jurídico-tributaria es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.

2. Los elementos de la obligación tributaria no pueden ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producen efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.

3. Los convenios o pactos municipales no podrán incluir beneficios fiscales y en ningún caso alterarán las obligaciones tributarias que se deriven de la Ley o de las Ordenanzas Fiscales.

Art. 7º. Indisponibilidad del crédito tributario. El crédito tributario es indisponible excepto cuando la Ley establezca otra cosa.

Sección 3ª. Las obligaciones tributarias.

Subsección 1ª. La obligación tributaria principal

Art. 8º. Obligación tributaria principal. La obligación tributaria principal consiste en pagar la deuda tributaria.

Art. 9º. Hecho imponible.

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.

2. La Ley puede completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no-sujeción.

Art. 10º. Devengo y exigibilidad.

1. El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, excepto cuando la ordenanza reguladora de cada tributo disponga otra cosa.

2. La ordenanza reguladora de cada tributo establecerá, cuando lo disponga la Ley, la exigibilidad de la cuota o parte de la misma, en un momento diferente al del devengo del tributo.

Art. 11º. Exenciones. Son supuestos de exención aquéllos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.

Subsección 2ª. Obligaciones tributarias materiales

Art. 12º. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo.

1. Son obligaciones entre particulares resultantes del tributo las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios.

2. Entre otras, son obligaciones de este tipo las que se generan como consecuencia de actos de repercusión.

Art. 13º. Obligaciones tributarias accesorias. Tienen la naturaleza de obligaciones accesorias las de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del periodo ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la Ley.

Art. 14º. Interés de demora. 1. Es una obligación tributaria accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria.

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la intimación previa de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.

2. El interés de demora se exige, entre otros, en los casos siguientes:

a) Cuando finalice el plazo de pago en periodo voluntario de una liquidación o de una sanción sin que el ingreso se haya efectuado.

B) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o de una declaración sin que haya sido presentada o haya sido presentada incorrectamente, excepto lo que dispone el artículo 124 relativo a la presentación de declaraciones o autoliquidaciones extemporáneas.

C) Cuando se suspenda la ejecución del acto, excepto en el caso de recursos contra sanciones, durante el tiempo que transcurra hasta el término del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución.

D) Cuando se inicie el periodo ejecutivo, excepto cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido.

E) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente.

3. El interés de demora se calcula sobre el importe no ingresado en el plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resulta exigible durante el tiempo en que se dilate el retraso del obligado.

4. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a ésta alguno de los plazos fijados para resolver hasta que se dicte la resolución mencionada o se interponga recurso contra la resolución presunta. Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación o las resoluciones de los recursos administrativos, siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido.

Esta última disposición no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver en los supuestos de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

5. En los casos en que sea necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservan íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con el mantenimiento íntegro de su contenido, y la exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora es la misma que hubiese correspondido a la liquidación anulada y se devenga hasta que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución.

6. El interés de demora es el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en que aquél resulte exigible, incrementado en un 25%, excepto que la Ley de presupuestos generales del Estado, establezca otro diferente.

No obstante, en los casos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizados en su totalidad mediante un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante un certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible es el interés legal.

Subsección 3ª. Obligaciones tributarias formales

Art. 15. Obligaciones tributarias formales.

1. Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria a los obligados tributarios, deudores o no del tributo.

2. Además de las que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios, en sus relaciones con la hacienda municipal, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) La obligación de utilizar el número de identificación fiscal.

b) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

C) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos.

D) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos substitutivos y conservar las facturas, documentos o justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

E) La obligación de aportar al Instituto Municipal de Hacienda libros, registros, documentos o información que el obligado deba conservar con relación al cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente o justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas.

Cuando la información exigida se conserve en soporte informático, deberá suministrarse en el mencionado soporte cuando así fuese requerido.

F) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.

Sección 4ª. Derechos y garantías de los obligados tributarios.

Art. 16º. Derechos y garantías de los obligados tributarios.

1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

B) Derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las de ingresos indebidos con abono del interés de demora previsto en el artículo 14º de esta Ordenanza, sin necesidad de requerimiento del contribuyente a la Administración tributaria a este efecto.

C) Derecho al reembolso del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, tan pronto como éste sea declarado improcedente por una sentencia o una resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.

D) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte.

E) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la Administración tributaria responsables de la tramitación de los procedimientos de gestión tributaria en que tenga la condición de interesado.

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que los aporten juntamente con los originales para su compulsa, y derecho a la devolución de los originales de los documentos, en el supuesto de que no tengan que obrar en el expediente.

G) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la Administración actuante.

H) Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que únicamente podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión ésta tenga encomendada, y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo en los supuestos previstos por la Ley.

I) Derecho a ser tratado con respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.

j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervenciónse lleven a cabo de la forma menos onerosa, siempre que no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

K) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes a la hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución.

L) Derecho a ser escuchado en el trámite de audiencia con carácter previo a la propuesta de resolución.

M) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que tengan que ser objeto de adquisición o transmisión.

N) Derecho a ser informado, al comienzo de las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección de Hacienda, sobre la naturaleza y el alcance de éstas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de las actuaciones, las cuales deben desarrollarse en los plazos legalmente establecidos.

Ñ) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales aplicables.

O) Derecho a formular quejas y sugerencias con relación al funcionamiento de la Administración tributaria.

p) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estime conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

Q) Derecho a obtener copia de los documentos, a su cargo, que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo.

Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

Sección 5ª. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria.

Art. 17º. Obligaciones y deberes de la Administración Tributaria.

1. La Administración tributaria está sujeta a la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, a la de devolución de ingresos indebidos, a la de reembolso de los costos de las garantías y la de satisfacer intereses de demora.

2. La Administración tributaria está sujeta, también, a los deberes establecidos a la Ley general tributaria y la presente Ordenanza en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.

Capítulo III

Los Obligados Tributarios

Sección 1ª. Clases de obligados tributarios

Art. 18º. Obligados tributarios.

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las cuales la normativa tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2. Por lo que se refiere a los tributos municipales, entre otros son obligados tributarios:

a) Los sujetos pasivos: contribuyentes y substitutos del contribuyente.

B) Los obligados a repercutir.

C) Los obligados a practicar ingresos a cuenta

d) Los obligados a soportar la repercusión.

E) Los sucesores.

F) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no sean sujetos pasivos.

3. También tendrán carácter de obligados tributarios las personas a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

4. Tendrán el carácter de obligados tributarios, en la regulación de los tributos en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

5. Asimismo tendrán el carácter de obligados tributarios los responsables.

6. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados ante la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, excepto cuando se disponga expresamente otra cosa.

Cuando la Administración solamente conozca la identidad de un titular, practicará y notificarálas liquidaciones tributarias a nombre del mismo, el cual vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, el solicitante deberá facilitar los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.

Art. 19. Sujeto pasivo. 1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley y las Ordenanzas Fiscales, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como substituto suyo.

No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, excepto cuando la Ley de cada tributo disponga otra cosa.

Art. 20º. Contribuyente. 1. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

2. No pierde nunca la condición de contribuyente aquél que, según las ordenanzas, deba soportar la carga tributaria, aunque la traslade a otras personas.

Art. 21º. Sustituto. Será sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que esté obligado a cumplir en lugar del contribuyente la obligación tributaria principal así como las obligaciones formales inherentes a la misma y asuma la obligación de realizar el ingreso en la Hacienda Municipal.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, excepto cuando la Ley indique otra cosa.

Art. 22º. Obligados a repercutir. 1. Está obligado a repercutir la persona o entidad que, conforme a la Ley y las Ordenanzas Fiscales, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, excepto que se disponga otra cosa, coincidirá con aquél que realiza el hecho imponible.

2. Está obligado a soportar la repercusión la persona o entidad que, según la Ley, deba repercutir la cuota tributaria, y que, excepto que la Ley disponga otra cosa coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas.

El repercutido no está obligado al pago ante la Administración tributaria, pero ha de satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.

Sección 2ª. Sucesores

Art. 23º. Sucesores de personas físicas. 1. Los sucesores mortis causa de los obligados tributarios se subrogarán en la posición del obligado tributario a quien suceden y responderán de las obligaciones tributarias pendientes de sus causantes con las limitaciones que resulten de lo que se dispone en la legislación civil para la adquisición de la herencia.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable, excepto que se hubiese notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes de la muerte del causante.

2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias acreditadas el hecho de que en la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviese liquidada, en cuyo caso las actuaciones se llevarán a cabo con cualquiera de ellos, y se deberá notificar la liquidación resultante de las mencionadas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.

3. Mientras se encuentra la herencia yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente.

Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si a la finalización del procedimiento los herederos no fuesen conocidos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.

4. El procedimiento para la recaudación ante los sucesores es el establecido en el artículo 177. 1 de la Ley general tributaria.

Art. 24. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas o liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán solidariamente obligados hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas o liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios,partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán solidariamente obligados a su cumplimiento.

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviese liquidada en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias acreditadas a los sucesores, pudiéndose realizar las actuaciones con cualquiera de ellos.

3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades a las que sucedan o sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad mercantil.

4. En caso de disolución de fundaciones o entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de las mencionadas entidades.

5. Las sanciones que puedan proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

6. El procedimiento para la recaudación ante los sucesores es el establecido en el artículo 177. 2 de la Ley general tributaria.

Sección 3ª Responsables

Art. 25º. Responsabilidad tributaria.

1. Las ordenanzas correspondientes, en los supuestos previstos por la Ley, podrán declarar responsables de la deuda tributaria, juntamente con los deudores principales, a otras personas, solidariamente o subsidiariamente. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 18 de esta Ordenanza.

2. Salvo precepto legal expreso en contra, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. La responsabilidad comprenderá la totalidad de la deuda tributaria exigida en periodo voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago concedido al responsable sin que haya realizado el ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo y le serán exigidos los recargos y los intereses que procedan.

4. La responsabilidad no alcanzará las sanciones, excepto en las excepciones que se establecen por Ley.

5. Excepto que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá que el Órgano Municipal de Hacienda dicte un acto administrativo en el cual, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.

Con anterioridad a esta declaración, el Órgano Municipal de Hacienda podrá adoptar las medidas cautelares del artículo 59 y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en el artículo 98.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de quiebra del deudor principal y de los responsables solidarios.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso ante el deudor principal en los términos previstos a la legislación civil.

7. El procedimiento para exigir la responsabilidad es el establecido en los artículos 174 a 176 de la Ley general tributaria.

Art. 26º. Responsables solidarios. 1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por la Ley, en caso de falta de pago de la deuda por el deudor principal, sin perjuicio de la responsabilidad de éste, la Hacienda Municipal podrá reclamar a los responsables solidarios el pago de la deuda.

2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria, entre otros que puedan establecer las leyes, las siguientes personas o entidades:

a) Los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

B) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 18.4 de esta Ordenanza, en proporción a sus participaciones respectivas, de las obligaciones tributarias materiales de las entidades mencionadas. Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de pago de los ingresos a cuenta practicados o que se hubiesen debido practicar.

Quien pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y con el objeto de limitar la responsabilidad solidaria, tiene derecho, con la conformidad previa del titular actual, a solicitar de la Administración una certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria ha de expedir la certificación mencionada en el plazo de tres meses desde la solicitud. En este caso, la responsabilidad del adquiridor queda limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades que ésta contiene. Si la certificación se expide sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilita en el plazo señalado, el solicitante queda exento de la responsabilidad.

Cuando no se haya solicitado el certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Esta responsabilidad no será aplicable a los supuestos siguientes:

Sucesión mortis causa.

Adquisición de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

3. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubiesen podido embargar o alienar por la Administración tributaria, las personas o entidades siguientes:

a) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

b) Los que, por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.

C) Los que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiese constituido la medida cautelar o la garantía.

D) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en su levantamiento.

Art. 27. Responsables subsidiarios. Serán responsables subsidiarios, entre otros que puedan establecer las leyes, las personas siguientes:

a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependieran o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

B) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias de éstas pendientes en el momento del cese, siempre que no hubiesen hecho lo necesario para su pago o hubiesen adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

C) Los integrantes de la Administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias acreditadas con anterioridad a las mencionadas situaciones.

D) Los adquirentes de bienes afectos al pago de la deuda tributaria.

Sección 4ª Capacidad de obrar

Art. 28º. Determinación de la capacidad de obrar. En lo que respecta a las exacciones municipales, tienen capacidad de obrar, además de las personas a quienes corresponde de acuerdo con las normas del derecho privado, los menores de edad y los incapacitados en las relacionestributarias resultantes de aquellas actividades cuyo ejercicio las sea permitido por el ordenamiento jurídico, sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad o tutela.

Art. 29º. Representantes.

1. Por lo que se refiere a los obligados tributarios sin capacidad de actuar, sus representantes legales tienen que actuar en su nombre.

2. En nombre de las personas jurídicas actuarán las personas que sean titulares de los órganos a quienes corresponda su representación.

3. En los supuestos de entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, deberá actuar en su representación la persona que la ostente, siempre que lo acredite fehacientemente, y en caso de que no se haya designado ningún representante, se considerará como tal a quien aparentemente ejerza la gestión o la dirección y, en su defecto, a cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad.

4. El obligado tributario con capacidad para obrar podrá hacerlo a través de un representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el cual se llevarán a cabo las actuaciones administrativas sucesivas, salvo que manifieste lo contrario.

5. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los capítulos VI, VII y VIII de esta Ordenanza, se deberá acreditar su representación con poder bastante, mediante un documento público o privado con la firma legitimada notarialmente o mediante la comparecencia ante el órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite se presume concedida la representación.

6. Cuando se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tributaria, el presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso.

7. Cuando concurriesen varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá otorgada la representación a cualquier de ellos, salvo manifestación en contrario. La liquidación que resulte de las mencionadas actuaciones se deberá notificar a todos los titulares de la obligación.

8. La falta o insuficiencia de apoderamiento no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que el apoderamiento sea aportado o subsanado el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder a este efecto el órgano gestor.

9. Los obligados tributarios no residentes en España deberán designar un representante con domicilio en territorio español al efecto de sus relaciones con la Hacienda Municipal.

Sección 5ª El domicilio fiscal

Art. 30º. Determinación del domicilio fiscal.

1. A efectos tributarios municipales, el domicilio es:

a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual.

Para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, la Administración tributaria municipal podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades. Si no se pudiese determinar el mencionado lugar, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen actividades económicas.

B) Para las personas jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 18, el de su domicilio social siempre que la gestión administrativa y la dirección de los negocios estén efectivamente centralizadas.

En caso contrario, será el domicilio donde radique la mencionada gestión o dirección.

Cuando no se pueda determinar el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.

2. Los obligados tributarios, sus representantes, administradores o apoderados, están obligados a comunicar mediante declaración expresa su domicilio fiscal a la Administración tributaria municipal, así como los cambios que se produzcan, cambios que no producirán ningún efecto ante la Administración municipal hasta que no se presente dicha declaración.

La declaración de cambio de domicilio a otros efectos administrativos, como puede ser el padrón de habitantes, no sustituye la declaración tributaria expresa del cambio de domicilio fiscal.

3. La Administración tributaria municipal podrá rectificar el domicilio fiscal mediante la comprobación correspondiente.

4. La práctica de las notificaciones se realizará en el domicilio fiscal del obligado tributario o, si procede, en el señalado a efectos de notificación o en el de sus representantes legales o voluntarios. Tendrá plena validez, con carácter general, la notificación practicada en el domicilio de la actividad del obligado tributario, o en el último consignado en un documento de naturaleza tributaria o relativa a otros recursos de derecho público.

Art. 31º. Residencia en el extranjero. 1. Los obligados tributarios que residan en el extranjero están obligados a designar un representante con domicilio en territorio español.

2. Las personas o entidades residentes en el extranjero que ejerzan actividades en el término municipal de Barcelona deben tener su domicilio fiscal en el lugar en el que radican la gestión administrativa efectiva y la dirección de sus negocios.

Si no se pudiese determinar el mencionado lugar, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.

Capítulo IV

La determinación de la base imponible y liquidable

Art. 32º. Base imponible: Concepto y métodos de determinación.

1. La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medida o valoración del hecho imponible.

2. La ordenanza fiscal reguladora de cada exacción establece los medios y los métodos para determinar la base imponible de acuerdo con los regímenes siguientes:

a) Estimación directa.

B) Estimación objetiva.

C) Estimación indirecta.

3. El régimen de estimación directa será el que se aplicará con carácter general. No obstante, la Ley podrá establecer los supuestos en que sea de aplicación el método de estimación objetiva, que tendrá, en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios.

4. La estimación indirecta tendrá carácter subsidiario respecto de los demás métodos de determinación y se aplicará cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 35 de esta Ordenanza.

Art. 33º. Estimación directa. La determinación de las bases en régimen de estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración, a estos efectos la Administración tributaria utilizará las declaraciones o documentos presentados y los datos consignados en los libros y registros comprobados administrativamente y los otros documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria.

Art. 34. Estimación objetiva. La estimación objetiva podrá utilizarse para la determinación de la base imponible mediante la aplicación de las magnitudes, índices, módulos o datos previstos en cada ordenanza.

Art. 35. Estimación indirecta. 1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias.

A) Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o inexactas.

B) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora.

C) Incumplimiento substancial de las obligaciones contables o registrales.

D) Desaparición o destrucción, incluso por motivo de fuerza mayor, de los libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos.

2. Las bases o rendimientos se determinarán mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes medios o de varios de ellos conjuntamente:

a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.

B) Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes yde las rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, dadas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.

C) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurren en los respectivos obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o equivalentes.

Art. 36º. Base liquidable. La base liquidable es el resultado de practicar a la base imponible, si procede, las reducciones establecidas por la correspondiente ordenanza fiscal.

Art. 37. Tipo de gravamen. 1. Es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica sobre la base liquidable para obtener la cuota íntegra.

2. Los tipos pueden ser específicos o porcentuales y se deberán aplicar según disponga cada ordenanza fiscal a cada unidad, conjunto de unidades o tramos de base liquidable.

El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las diferentes unidades o tramos de base liquidable se denomina tarifa.

3. La ordenanza podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados.

Art. 38º. Índice y coeficientes. 1. Son los factores aplicables a la base liquidable o a la tarifa, dentro de los límites legalmente establecidos, de acuerdo con determinadas características asociadas al hecho imponible.

2. Cuando la correspondiente ordenanza fiscal establezca la aplicación de índices en función del tipo de vía pública en la que se produzca el hecho imponible, deberán aplicarse las categorías de vías públicas de acuerdo con la clasificación aprobada, que constituirá el anexo de esta Ordenanza.

Las calles que no figuran en la clasificación se considerarán de categoría fiscal "D", salvo que la correspondiente ordenanza lo disponga de otro modo.

Art. 39º. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará de acuerdo con:

a) Los tipos de gravamen aplicables, las tarifas, la cuantía fija señalada o la aplicación conjunta de algunos de estos sistemas.

B) Los factores correctores que cada ordenanza establece para cada caso. 2. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones y bonificaciones que le sean aplicables.

Capítulo V

La deuda tributaria

Sección 1ª Concepto

Art. 40º. Deuda tributaria.

1. La deuda tributaria está constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal.

2. Si procede, también pueden formar parte de la deuda tributaria:

a) El interés de demora, que es el interés legal del dinero vigente durante el periodo en el que éste se devenga, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de presupuestos generales del Estado establezca uno diferente.

B) Los recargos sobre los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones, declaraciones-

liquidaciones y declaraciones presentadas fuera de plazo, sin requerimiento previo.

C) Los recargos del periodo ejecutivo.

D) Los recargos legalmente exigibles sobre las bases o cuotas.

3. Las sanciones tributarias no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en esta Ordenanza.

Sección 2ª Extinción de la deuda tributaria

Art. 41º. Formas de extinción de la deuda tributaria.

1. La deuda tributaria se extingue por:

a) Pago

b) Prescripción

c) Compensación

d) Insolvencia definitiva

e) Condonación

2. Las deudas solamente pueden ser objeto de condonación, rebaja o perdón en virtud de Ley, en la cuantía y con los efectos que, si procede, ésta determine.

Art. 42º. El pago.

1. La deuda tributaria deberá satisfacerse en los plazos y en la forma estipulada en cada ordenanza fiscal y en su defecto esta Ordenanza fiscal general y con los medios de pago que establece esta Ordenanza general.

2. Se entiende que una deuda tributaria se ha pagado en efectivo cuando se ha ingresado el importe en Tesorería o en las entidades colaboradoras autorizadas que tengan competencia para admitirlo.

3. A fin de que el pago produzca los efectos que le son propios, es necesario que cubra la totalidad de la deuda, salvo que se haya concedido su fraccionamiento.

Art. 43º. Plazos de pago.

1. El pago debe realizarse en los plazos establecidos en cada ordenanza fiscal específica; cuando no se hayan establecido, los plazos de pago serán los siguientes:

a) El pago en periodo voluntario de las cuotas derivadas del padrón, en el plazo de dos meses.

b) El pago en periodo voluntario de cuotas resultantes de liquidaciones, se deberá hacer en los siguientes plazos:

Si la notificación de la liquidación se efectúa entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

C) El pago de las autoliquidaciones, en el plazo de un mes a contar a partir del día en que se produce el devengo.

2. Deben pagarse las tasas por servicios en el mismo momento de la prestación del servicio o en los plazos establecidos por la ordenanza respectiva.

3. Las deudas tributarias liquidadas por el Ayuntamiento que no han sido satisfechas en el periodo voluntario deben hacerse efectivas por vía de apremio.

4. El plazo de pago una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la provisión de apremio será:

Si la notificación de la provisión se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mencionado mes o, si este no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la provisión se realiza entre los días 16 y el último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

5. En el supuesto de que se haya concedido un aplazamiento del pago, hay que atenerse a lo dispuesto en los artículos 118 y siguientes de esta Ordenanza.

Art. 44º. Personas que pueden realizar el pago.

1. Puede realizar el pago de la deuda tributaria cualquier persona, tanto si tiene interés por el cumplimiento de la obligación como si no lo tiene, y tanto si el deudor lo conoce y lo aprueba como si lo ignora.

2. El tercero que pague la deuda no estará legitimado, en ningún caso, para ejercer ante la Administración los derechos que correspondan a la persona obligada a realizar el pago, independientemente de las acciones de repetición que sean procedentes de acuerdo con el derecho privado. Así pues, sólo podrá ejercer a su favor los derechos que se deriven del acto de pago.

3. A efectos de lo que dispone el párrafo anterior, no tiene la condición de tercero el sucesor de la deuda tributaria que pague las deudas liquidadas en nombre del sujeto pasivo anterior.

Art. 45º. Imputación de pagos.

1. Las deudas tributarias son autónomas. 2. El deudor con diversas deudas pendientes puede imputar el pago en periodo voluntario a la deuda o a las deudas que libremente determine.

3. En aquellos casos de ejecución forzosa en que se hayan acumulado diversas deudas del mismo sujeto pasivo y no puedan satisfacerse totalmente, es necesario aplicar el pago al crédito más antiguo y determinar la antigüedad de acuerdo con la fecha en que ha sido exigible.

4. El cobro de una deuda de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Corporación a percibir los anteriores que estén en descubierto.

Art. 46º. Consignación del pago. Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y las costas acreditadas en la Tesorería Municipal con efectos suspensivos.

Sección 3ª. Prescripción

Art. 47º. Prescripción. Prescribirán a los cuatro años los derechos siguientes:

a) El derecho del Ayuntamiento a determinar la deuda tributaria mediante la liquidación correspondiente.

b) El derecho a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

C) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la norma de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Art. 48º. Cómputo del plazo de prescripción. El plazo de prescripción se empieza a computar, en los diferentes supuestos previstos por el artículo anterior, de la manera siguiente:

1. El derecho del ayuntamiento a determinar la deuda tributaria mediante la liquidación correspondiente, desde el día siguiente en que acabe el plazo para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

2. El derecho para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas o autoliquidadas, desde el día siguiente a la fecha en que acabe el plazo de pago voluntario.

3. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la norma de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, desde el día siguiente a aquél en que la devolución se pudo solicitar; desde el día siguiente a la fecha en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo por efectuar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de este plazo; o desde el día siguiente a aquél en que sea firme la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

4. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de reconocimiento del derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

5. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios se iniciará desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.

En el caso del responsable solidario previsto en el apartado 3 del artículo 22, el plazo de prescripción se iniciará en el momento en que concurran los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad.

En el caso de los responsables subsidiarios, el plazo de prescripción se iniciará desde la fecha de notificación de la última actuación recaudadora practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.

Art. 49. Interrupción de los plazos de prescripción. 1. El derecho del ayuntamiento a determinar la deuda tributaria mediante la liquidación correspondiente se interrumpirá, iniciándose de nuevo el plazo de prescripción a partir de la fecha de interrupción, por las siguientes acciones:

a) Por cualquier acción administrativa hecha con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, inspección, seguro, comprobación y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción cuando, comenzadas las actuaciones inspectoras, estas actuaciones se suspendan más de seis meses por motivos noatribuibles al obligado tributario.

B) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier tipo, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el decurso de las reclamaciones y recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

C) Por cualquier actuación del obligado tributario dirigida al pago o liquidación de la deuda.

2. El derecho para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidados se interrumpirá iniciándose de nuevo el plazo de prescripción a partir de la fecha de interrupción, por las siguientes acciones:

a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier tipo, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el decurso de las reclamaciones y recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

C) Por cualquier actuación del obligado tributario dirigida al pago o extinción de la deuda tributaria.

3. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la norma de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías se interrumpirá iniciándose de nuevo el plazo de prescripción a partir de la fecha de interrupción, por las siguientes acciones:

a) Por cualquier acto fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución de ingresos indebidos, el reembolso del coste de las garantías o la rectificación de su autoliquidación

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier tipo.

4. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, se interrumpirá:

a) Por cualquier acción administrativa dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.

B) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la cual exija el pago de la devolución o el reembolso.

C) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier tipo.

5. Cuando el plazo de prescripción se hubiese interrumpido por la interposición de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, o por el ejercicio de acciones civiles o penales, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración Tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial.

6. Cuando el plazo de prescripción se hubiese interrumpido por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración Tributaria reciba la notificación del Ministerio Fiscal retornando el expediente.

7. Cuando el plazo de prescripción se hubiese interrumpido por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración Tributaria reciba la notificación de la resolución o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación.

8. Cuando el plazo de prescripción se hubiese interrumpido por la declaración del concurso del deudor, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de la aprobación del convenio concursal para las deudas no sometidas al mismo. Respecto de las deudas sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllos sean exigibles al deudor. Si el convenio no fuese aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la resolución judicial firme.

9. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, el mencionado efecto se hace extensivo al resto de obligados, incluidos los responsables. Si la obligación es mancomunada y únicamente se reclama a un de los obligados tributarios la parte que lecorresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.

Si existen varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solamente afectará a la deuda a que se refiere.

Art. 50. Extensión y efectos de la prescripción. 1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda, con excepción de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo anterior.

2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

4. Las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del obligado tributario únicamente podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar las últimas.

Sección 4ª Otras formas de extinción

Art. 51º. Normas generales de compensación.

1. Las deudas tributarias, en periodo voluntario o ejecutivo de recaudación, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación:

a) Con los créditos reconocidos por un acto administrativo firme a favor del obligado tributario en virtud de devoluciones de ingresos indebidos por cualquier tributo.

B) Con otros créditos reconocidos por un acto administrativo firme a favor del obligado tributario.

2. La compensación puede hacerse de oficio o a instancia de parte.

Art. 52. Compensación de oficio.

1. La Administración tributaria municipal compensará de oficio las deudas tributarias que se hallen en periodo ejecutivo.

2. La compensación se producirá en el momento de inicio del periodo ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos por las deudas y los créditos, si este momento fuese posterior.

3. Se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a retornar que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior.

4. Las deudas a favor del ayuntamiento de Brieva de Cameros, cuando el deudor sea un ente de derecho público serán compensables de oficio una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

Art. 53º. Compensación a instancia del obligado tributario.

1. El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago. La solicitud de compensación debe recoger los datos siguientes:

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación y domicilio del obligado tributario.

B) Deuda tributaria cuya compensación se solicita e importe de dicha deuda.

C) Crédito contra el Ayuntamiento cuya compensación se ofrece e importe y naturaleza de dicho crédito.

D) Declaración expresa de no haber cedido el crédito.

E) Lugar, fecha y firma del peticionario.

2. A la solicitud de compensación se adjuntarán los siguientes documentos:

a) Si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, modelo oficial de autoliquidación debidamente cumplimentado.

B) Acta administrativa en la que se refleje la existencia del crédito reconocido, pendiente de pago.

3. Si la solicitud de compensación se presenta en periodo voluntario y al terminar el plazo está pendiente de resolución, no se iniciará el periodo ejecutivo, pero se acreditará el interés de demora que pueda corresponder, si procede, hasta la fecha del reconocimiento del crédito. Cuando se presente en periodo ejecutivo, se suspenderán cautelarmente las actuaciones de cobro hasta la resolución de la solicitud.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se adjuntan los documentos indicados en el apartado 2 de este artículo, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta oadjunte los documentos preceptivos, indicándole que, de no ser así, se le considerará desistido de su solicitud.

En particular, cuando la solicitud ya se ha presentado en el periodo voluntario de ingreso, se le advertirá que, si el plazo de ingreso ha transcurrido al terminar el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya realizado el pago ni aportado los documentos, se exigirá la deuda por vía de apremio con los recargos e intereses correspondientes.

5. Si la compensación se deniega y ésta se ha solicitado en periodo voluntario, la deuda debe satisfacerse junto con los intereses de demora, devengados hasta la fecha de la resolución, en el plazo establecido en el artículo 43 de la presente Ordenanza. Terminado dicho plazo, si no se produce el ingreso, se exigirá la deuda pendiente por vía de apremio.

Si la compensación se ha solicitado en periodo ejecutivo y se deniega, se continuará el procedimiento de apremio.

6. La resolución de las solicitudes de compensación debe dictarse en el plazo de seis meses a contar desde el día de presentación de la solicitud en el Registro General.

Transcurrido este plazo sin que se haya dictado ninguna resolución, la solicitud podrá considerarse desestimada en la forma y con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

Art. 54º. Efectos de la compensación.

1. Una vez acordada la compensación, el crédito y la deuda quedan extinguidos en la cantidad concurrente.

2. Como consecuencia de lo que dispone el párrafo anterior, la Administración municipal debe entregar al interesado el justificante correspondiente de la extinción de la deuda, ha de dictar el acuerdo por el cual se declare extinguido el crédito compensado y debe practicar las operaciones contables pertinentes.

3. Cuando el crédito sea superior al importe de la deuda tributaria, la Administración municipal debe practicar la liquidación minorando el crédito y expresando la cuantía del remanente a favor del interesado.

4. Cuando el crédito sea inferior al importe de la deuda tributaria, la parte de deuda tributaria no compensada seguirá el régimen ordinario, y se procederá al apremio, si no es ingresada en el plazo establecido en el artículo 43 de esta Ordenanza, o se continuará el procedimiento, si la deuda ya estaba constreñida.

Art. 55º. Insolvencia.

1. Las deudas que no han podido hacerse efectivas por insolvencia probada del sujeto pasivo y de los demás responsables deben declararse provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente en tanto no se rehabiliten en los plazos de prescripción.

2. Si una vez vencido el plazo de prescripción la deuda no ha sido rehabilitada, queda definitivamente extinguida.

Sección 5ª. Las garantías

Art. 56º. Prelación de la Hacienda Municipal.

1. La Hacienda Municipal gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, siempre que concurra con acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se ha consignado el derecho de la Hacienda Municipal.

Art. 57º. Hipoteca legal tácita. En las exacciones que gravan periódicamente los bienes o los derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, la Hacienda Municipal tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en el que se ejercite la acción administrativa de cobro y al año inmediatamente anterior.

Art. 58º. Afección de bienes. 1. Los adquiridores de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

2. Los bienes y derechos transmitidos estarán afectos a la responsabilidad del pago de lascantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graben las mencionadas transmisiones, cualquiera que sea su poseedor, excepto que éste resulte ser un tercer protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título.

Art. 59º. Medidas cautelares.

1. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Hacienda municipal podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existiesen indicios racionales de que el mencionado cobro se vea frustrado o gravemente dificultado.

La medida cautelar deberá ser notificada al interesado de manera motivada.

2. Les medidas cautelares deberán ser proporcionadas al daño que se pretende evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán medidas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

3. Las medidas cautelares podrán consistir en:

a) La retención del pago de devoluciones.

B) El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará anotación preventiva en el Registro correspondiente.

c) La prohibición de alienar, gravar o disponer de bienes y derechos.

D) Cualquier otra legalmente prevista.

Los efectos serán los establecidos en el artículo 81 de la Ley general tributaria.

Art. 60º. Garantías por el fraccionamiento o aplazamiento de la deuda. Cuando se acuerde el fraccionamiento o el aplazamiento de la deuda, la Administración tributaria municipal podrá exigir la constitución de garantías establecidas en el artículo 120 y siguientes de la presente Ordenanza.

Capítulo VI

Procedimientos tributarios

Sección 1a. Normas generales

Art. 61º Información y asistencia a los obligados tributarios. La Administración municipal prestará a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia sobre sus derechos y obligaciones, mediante las actuaciones siguientes:

1. Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

2. Comunicaciones y actuaciones de información.

3. Respuestas a consultas escritas.

4. Elaboración de publicaciones en las que se recojan los textos actualizados de las normas tributarias y la doctrina administrativa de mayor trascendencia, que se difundirá por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Art. 62º. Consultas.

1. Los sujetos pasivos y otros obligados tributarios pueden formular consultas debidamente documentadas a la Administración municipal en lo que concierne al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que las corresponda en cada caso, en la forma y con el alcance y efectos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley general tributaria.

2. Igualmente, podrán formular consultas, siempre que estén debidamente documentadas, los colegios profesionales, las cámaras oficiales, las organizaciones patronales, los sindicatos, la federación de asociaciones de vecinos, las asociaciones de consumidores, las asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con discapacidad, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales, así como las federaciones que agrupen a dichos organismos o las entidades, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.

3. Los interesados no podrán entablar recurso alguno contra la contestación, aun cuando puedan hacerlo contra el acto administrativo dictado de conformidad con los criterios manifestados en la misma.

4. Formulada una consulta, el órgano competente de la Administración tributaria municipal la remitirá al Órgano Tributario Municipal a fin de que emita su informe.

5. Una vez escuchado el Órgano Tributario Municipal, la competencia para evacuar dichasconsultas recae en el concejal-ponente de Hacienda.

Sección 2ª Colaboración social en la gestión de los tributos

Art. 63º. Ámbito de colaboración social. 1. La colaboración social en la gestión de los tributos puede instrumentarse mediante acuerdos con otras administraciones públicas, entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.

2. Esta colaboración puede referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Campañas de información y difusión.

B) Formación y educación tributaria.

c) Asistencia en la realización de declaraciones, declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

D) Simplificación en el cumplimiento y la tramitación de las obligaciones y los deberes tributarios.

E) La participación en la configuración de los criterios y principios inspiradores de las reformas relacionadas con el ejercicio de las competencias tributarias propias del Ayuntamiento.

f) Presentación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o realización de cualquier otro trámite con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios, mediante la utilización preferente de las nuevas tecnologías.

G) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.

H) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios, utilizando preferentemente las nuevas tecnologías.

Art. 64º. Obligaciones de información.

1. las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades del artículo 18. 4 de esta Ordenanza, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, de acuerdo con la regulación de los artículos 93 y 94 de la Ley general tributaria.

2. La cesión de datos de carácter personal que se haga a la Administración tributaria de conformidad a las disposiciones anteriores no requerirá el consentimiento del interesado. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Art. 65º. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desarrollo de sus funciones tienen carácter reservado y solamente podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos la gestión de los cuales tenga encargada y para la imposición de las sanciones que procedieran, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, excepto que la cesión tenga por objeto las cuestiones a que se refiere el artículo 95 de la Ley general tributaria.

2. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantir la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecua.

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de los mismos. sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que puedan derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave.

Sección 3ª. Utilización de nuevas tecnologías

Art. 66º. Objeto y ámbito. La Hacienda Municipal impulsará la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de sus actividades y en las relaciones con los contribuyentes.

Art. 67º. Derechos de los ciudadanos y limitaciones. La utilización de las técnicas indicadas en el artículo anterior tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

En especial, garantizará los datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica de protección de los datos de carácter personal, y las demás normas que regulen eltratamiento electrónico de la información.

La utilización de las técnicas mencionadas no podrá suponer en ningún caso la existencia de restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en el acceso de los contribuyentes a la prestación de los servicios o a cualquier actuación o procedimiento administrativo.

Art. 68º. Aplicaciones sometidas a aprobación. 1. Los programas y aplicaciones, electrónicos, informáticos y telemáticos que tenga que utilizar la Hacienda Municipal en el ejercicio de potestades administrativas deberán ser aprobados y publicados.

2. No será necesaria la aprobación y difusión pública de los programas y aplicaciones de carácter instrumental, es decir, de aquéllos que efectúen tratamientos de información auxiliares o preparatorios de las decisiones administrativas sin determinar el contenido de éstas.

Art. 69º. Validez de los documentos y de las copias. Los documentos emitidos por los órganos de la Hacienda Municipal y por los contribuyentes, que hayan sido producidos mediante sistemas electrónicos, informáticos y telepáticos en soportes de cualquier naturaleza, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede asegurada su integridad, conservación, la autenticidad de su voluntad mediante sistemas de identificación y verificación adecuados y, si procede, la recepción por parte del interesado.

Art. 70º. Tramitación en representación de los contribuyentes. En el marco de la colaboración social establecida en el artículo 63, la Hacienda Municipal podrá suscribir acuerdos de colaboración con las entidades, instituciones y los organismos representativos de sectores profesionales, para promover la utilización de nuevas tecnologías en la tramitación que se efectúe en representación de los contribuyentes.

Sección 4a. Procedimientos tributarios

Art. 71. Formas de iniciación.

1 los procedimientos tributarios se iniciarán de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación o solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

2. El alcalde puede determinar por decreto los supuestos y las condiciones en que los obligados tributarios deben presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

Art. 72. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.

En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración siempre debe facilitar a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos que prevé el artículo 99 de la Ley general tributaria.

Art. 73. Finalización de los procedimientos tributarios. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia, la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiese sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista por la normativa tributaria.

Sección 5ª Liquidación

Art. 74º. Liquidación.

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual la Administración tributaria realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, si procede, resulta a retornar o a compensar.

2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

3. Tendrán consideración de definitivas:

a) las practicadas en el procedimiento inspector con la comprobación e investigación previas de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria.

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue este carácter.

4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tienen el carácter de provisionales.

5. La Administración municipal no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

6. Cuando en una liquidación de un tributo la base se determine de acuerdo con las establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta tanto estas últimas no adquieran firmeza.

Art. 75º. Competencia.

1. Las liquidaciones son emitidas y aprobadas por los órganos de la Administración tributaria municipal en el ámbito de sus competencias.

Art. 76º. Notificación de la liquidación.

1. Las liquidaciones tributarias deberán notificarse a los obligados tributarios en los términos que prevén los artículos 83º a 86º con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

B) Los elementos determinados de la cuantía de la deuda tributaria.

c) La motivación cuando la liquidación no se ajuste a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por él mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que lo originen, así como de los fundamentos de derecho.

D) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en que deberán ser interpuestos.

E) El lugar, plazo y forma en que puede satisfacerse la deuda tributaria.

f) Su carácter provisional o definitivo.

2. En el caso de tributos de cobro periódico por recibo, y de acuerdo con lo que establezca la respectiva ordenanza fiscal, hay que notificar individualmente la liquidación correspondiente al alta en el padrón, la matrícula o el registro respectivos. Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados siguientes de este artículo, las liquidaciones sucesivas pueden notificarse colectivamente mediante la publicación de edictos que lo adviertan. El incremento de la base imponible sobre la resultante de las declaraciones debe notificarse al sujeto pasivo con expresión concreta de los hechos y los elementos adicionales que lo hayan motivado, excepto cuando la modificación tenga origen en actualizaciones o revisiones de carácter general autorizadas por las leyes

3. Las respectivas ordenanzas fiscales pueden establecer supuestos en los que la notificación expresa de las liquidaciones no sea preceptiva, siempre que la Administración municipal advierta por escrito sobre esta peculiaridad al obligado tributario o a su representante, debidamente acreditado en la declaración, en el documento o en la notificación de alta.

Sección 6ª. Obligación de resolver y plazos de resolución

Art. 77º. Obligación de resolver.

1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a instancia de parte, excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de los derechos que únicamente deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto de procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. A pesar de ello, cuando el interesado pida expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las circunstancias mencionadas, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición.

2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Art. 78º. Plazos de resolución.

1. El plazo máximo en que se deberá notificar la resolución será de seis meses, a menos que la normativa aplicable fije un plazo diferente.

El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

B) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento.

Queda excluido el procedimiento de apremio, que se podrá extender hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.

2. A los únicos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento denotificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

3. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

Art. 79º. Efectos de la falta de resolución expresa.

1. Si vence el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirán los efectos que establezca la normativa aplicable.

2. Se entenderán desestimados cuando no se notifique una resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolverlos, los procedimientos siguientes:

a) Las solicitudes de concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago de deudas tributarias, a los seis meses de su petición.

B) Las solicitudes de compensación de deudas y créditos de la Hacienda Municipal, a instancia del interesado, a los seis meses de su petición.

C) Las solicitudes de beneficios fiscales, a los seis meses de su petición.

D) Las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, a los seis meses desde su petición.

E) El recurso de alzada, al mes desde su presentación.

3. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando no se notifique una resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolver y se trate de procedimientos de los que se pudiese derivar el reconocimiento, la constitución de derechos o otras situaciones jurídico-individuales, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

Art. 80º. La caducidad.

1. En los procedimientos iniciados a instancia de parte cuando se produzca la paralización por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá de que, transcurridos tres meses, podrá declarar de oficio la caducidad.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, cuando haya transcurrido el plazo de resolución sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad, que podrá ser declarada a instancia de parte o de oficio.

3. La caducidad no producirá la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

4. Las actuaciones realizadas en el decurso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos probatorios conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad.

Sección 7ª. Prueba.

Art. 81º. Prueba.

1. En los procedimientos de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho ha de probar los hechos constitutivos de los mismos.

2. Los obligados tributarios tienen el deber de probar si designan de manera concreta los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria municipal.

3. Las diligencias practicadas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos que motivan su formalización, a menos que se acredite lo contrario.

4. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no se requiere la obertura de un periodo específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

Art. 82º. Presunciones en materia tributaria.

1. La Administración tributaria puede considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contra.

2. Los datos y los elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y otros documentos presentados por los obligados tributarios se consideran ciertos para ellos y solamente pueden ser rectificados por éstos mediante prueba en contra.

Sección.8a. Notificaciones

Art. 83º. Notificaciones en materia tributaria. El régimen de las notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.

Art. 84º. Lugar de práctica de las notificaciones.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a este efecto por el obligado tributario o su representante, o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno o de otro.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro lugar adecuado para esta finalidad.

Art. 85º. Personas legitimadas para recibir las notificaciones.

1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, si no se encuentran presentes en el momento de la entrega, puede hacerse cargo de la notificación cualquier persona que se encuentre en este lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.

2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implica que ésta se tenga por efectuada.

Art. 86º. Notificación por comparecencia.

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración e intentada por lo menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud de éste, siendo suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en el mencionado domicilio y lugar, se citará al obligado o a su representante para que sean notificados por comparecencia por medio de anuncios que se tienen que publicar, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial de la Rioja, los días 5 y 20 de cada mes o, si procede, el día inmediato hábil posterior.

La comparecencia debe producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del anuncio. Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación se entiende producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado.

2. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados porque no ha comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias del procedimiento, con independencia del derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del procedimiento.

No obstante, las liquidaciones y los acuerdos de alienación de los bienes embargados deben ser notificados.

Capítulo VII

La gestión tributaria

Sección 1a. Normas generales

Art. 87º. Actuaciones de la gestión tributaria. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y otros documentos con trascendencia tributaria.

b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.

c) El reconocimiento y la comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.

D) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.

E) La realización de actuaciones de verificación de datos.

F) La realización de actuaciones de comprobación de valores.

G) La realización de actuaciones de comprobación limitada.

H) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación ycomprobación realizadas.

i) La emisión de certificados tributarios.

J) La elaboración y el mantenimiento de los censos y padrones tributarios.

K) La información y la asistencia tributaria.

l) La realización de las otras actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.

Art. 88º. Formas de iniciación. La gestión tributaria se inicia:

a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración.

B) Por una solicitud del obligado tributario.

C) De oficio por la Administración tributaria municipal.

Art. 89º. Declaración.

1. Tiene la consideración de declaración tributaria cualquier documento por el que se manifieste o reconozca ante la Administración municipal la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.

2. La presentación de una declaración no implica la aceptación de la procedencia la obligación tributaria.

3. También se considera declaración tributaria la presentación de los documentos que contengan el hecho imponible o que lo constituyan.

4. La Administración municipal puede reclamar declaraciones, y la ampliación de éstas, así como la corrección de los defectos advertidos, cuando sea necesario para la liquidación y la comprobación del tributo, así como la información suplementaria que proceda.

Art. 90º. Autoliquidación.

1. La autoliquidación es una declaración en la que el obligado tributario, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realiza por si mismo las operaciones de cualificación y cuantificación necesarias para determinar y ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a retornar o a compensar.

2. Los obligados tributarios en aquellos tributos cuya ordenanza particular haya establecido, de acuerdo con la Ley, el sistema de autoliquidación, deberán presentar una declaración-liquidación de la deuda tributaria y deberán ingresar el importe en las entidades colaboradoras autorizadas dentro del plazo señalado en la ordenanza específica o, si no consta, en el artículo 43 de la presente Ordenanza.

3. La ordenanza fiscal particular podrá establecer, cuando la complejidad del tributo así lo requiera, que para practicar la autoliquidación el obligado tributario efectúe una solicitud previa en la que se facilite la documentación acreditativa del hecho imponible y de las bases imponibles y liquidables.

4. La autoliquidación presentada por el obligado tributario podrá ser objeto de verificación y comprobación. La Administración girará, si procede, una liquidación complementaria de acuerdo con los datos consignados en la declaración, los documentos que la acompañan y los antecedentes que haya en la Administración. En caso de que el sujeto pasivo haya incurrido en una infracción tributaria, instruirán el expediente sancionador correspondiente.

Las autoliquidaciones presentadas fuera de plazo se regirán según lo establecido en el artículo 126 de la presente Ordenanza general.

5. En caso de que el contribuyente, mediante la autoliquidación, haya ingresado una cuota superior a la que corresponda, el Ayuntamiento procederá a la devolución de ingresos indebidos y abonará los intereses de demora en los términos señalados en el artículo 18.

6. En las exacciones de cobro periódico, a menos que la ordenanza particular establezca lo contrario, el pago de la autoliquidación comportará el alta en el registro, padrón o matrícula correspondiente, y tendrá los efectos de notificación.

7. En tanto el hecho imponible no se haya incorporado al registro, padrón o matrícula respectivos, por causas imputables al obligado tributario, éste tendrá que practicar la autoliquidación para el año correspondiente el primer mes de cada año natural siguiente a la adquisición de la condicióndel obligado tributario.

Sección 2ª Padrones, matrículas y registros

Art. 91º. Ámbito y contenido.

1. Pueden ser objeto de padrón, matrícula o registro, sin perjuicio de lo que cada ordenanza particular establezca, los tributos en los que, por su naturaleza, haya una continuidad de los supuestos determinantes de la exigibilidad del tributo.

2. Los padrones, matrículas o registros en soporte documental o magnético deben contener, además de los datos específicos que cada uno requiera, según las características de la exacción, los datos siguientes:

a) Nombres y apellidos del obligado tributario.

B) Finca, establecimiento industrial o comercial o elemento objeto del tributo.

C) Identificación del objeto fiscal (número de matrícula, referencia catastral, actividad, etc.).

D) Base imponible.

E) Base liquidable.

F) Tipo de gravamen o tarifa.

G) Cuota asignada.

Art. 92º. Formación.

1. La formación de los padrones, matrículas o registros competencia de la Administración tributaria municipal tomará por base:

a) Los datos fiscales de los archivos municipales.

B) Las declaraciones y autoliquidaciones de los obligados tributarios o sus representantes.

C) Los datos fiscales entregados por otras administraciones o registros públicos.

d) Los datos resultantes de las funciones de comprobación e investigación.

2. La Administración tributaria municipal elaborará unos padrones como resultado de confrontar toda la información disponible en los archivos municipales con el fin de proceder eficazmente a las notificaciones de carácter fiscal o tributario, respetando en cualquier caso los derechos individuales reconocidos en las leyes sobre confidencialidad de la información y protección de la privacidad.

Art. 93º. Aprobación y notificación.

1. Cada año, los padrones, matrículas o registros se someterán a la aprobación del alcalde, que se publicará mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación colectiva de las liquidaciones.

2. Los obligados tributarios podrán examinar los datos contenidos en los padrones, matrículas o registros en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la publicación del edicto de notificación colectiva de las liquidaciones y podrán presentar, si procede, el correspondiente recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la finalización del plazo anterior de 15 días.

En cualquier caso, la Administración tributaria municipal garantizará la confidencialidad de los datos de carácter personal, protegidas por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria establecido en el artículo 95 de la Ley general tributaria.

3. El lugar para examinar los datos contenidos en los padrones, matrículas o registros en el plazo establecido en el apartado 2 es la sede del Órgano Municipal de Hacienda.

Art. 94º. Altas y bajas: efectos.

1. Las altas por declaración de los interesados o descubiertas por la acción investigadora de la Administración municipal tendrán efecto a partir de la fecha en que nace la obligación de contribuir por disposición de cada ordenanza y serán incorporadas definitivamente al padrón, matrícula o registro del año siguiente.

2. Las bajas o alteraciones deberán ser formuladas por los obligados tributarios y comportarán la eliminación o la rectificación del padrón, matrícula o registro, con efectos a partir del periodo siguiente a aquél en que hayan sido presentadas, independientemente de la comprobación por parte de la inspección.

Sección 3ª. Procedimientos de gestión tributaria

Art. 95º. Procedimientos de gestión tributaria. Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:

a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos.

B) El procedimiento iniciado mediante declaración.

C) El procedimiento de verificación de datos.

D) El procedimiento de comprobación de valores.

E) El procedimiento de comprobación limitada.

Subsección 1ª. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos.

Art. 96º. Procedimiento de devolución.

1. El procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte cantidad a retornar, mediante la presentación de una solicitud de devolución o mediante la presentación de una comunicación de datos.

2. El plazo para efectuar la devolución comenzará a contarse desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación, a partir de la presentación de la autoliquidación extemporánea, y desde la presentación de la solicitud o desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la comunicación de datos.

3. El procedimiento de devolución acaba por el acuerdo en que se reconozca la devolución solicitada, por caducidad o por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección.

Subsección 2ª. Procedimiento iniciado mediante declaración.

Art. 97º. Procedimiento iniciado mediante declaración.

1. Cuando la ordenanza fiscal de cada tributo así lo establezca, la gestión del mismo se iniciará mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario en que manifieste la realización del hecho imponible y comunique los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional.

2. El procedimiento iniciado mediante declaración tributaria acaba por liquidación provisional o por caducidad, sin perjuicio de que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción.

Subsección 3ª. Comprobación y investigación

Art. 98º. Facultades de comprobación y investigación.

1. La Administración tributaria municipal podrá comprobar y investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y valores y las otras circunstancias determinantes de la obligación tributaria, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables.

2. Asimismo podrá comprobar la concurrencia de las condiciones y requisitos a los que queden condicionados los actos de reconocimiento o concesión de beneficios fiscales. Por este motivo, estos actos, cuando no hayan sido objeto de comprobación previa, tendrán carácter provisional y la Administración podrá proceder a la comprobación posterior y, en su caso, a la regularización tributaria sin proceder a la previa revisión de los mencionados actos.

Art. 99º. Plan de control tributario. La Administración tributaria municipal elaborará cada año un plan relativo a las actuaciones de comprobación y investigación tanto en vía de gestión como en la de inspección.

El Plan será aprobado por el director del Órgano Municipal de Hacienda y tendrá carácter reservado sin perjuicio de la publicación de sus líneas generales.

Art. 100º. Procedimiento de verificación de datos.

1. El procedimiento de verificación de datos podrá iniciarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando la declaración o autoliquidación presentadas incurran en errores aritméticos o defectos formales.

B) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones del mismo obligado tributario o con las que obren en poder de la Administración.

C) Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada.

D) Cuando se aprecie aplicación indebida de la norma que resulte patente de la declaración o autoliquidación presentadas o de los justificantes aportados.

2. Este procedimiento se podrá iniciar:

a) Mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración tributaria disponga de los datos suficientes para formularla.

B) En otros casos, mediante requerimiento a fin de que el obligado tributario aclare o justifique las discrepancias o datos de su declaración o autoliquidación.

3. La verificación de datos finalizará por liquidación provisional, por resolución sobre la improcedencia de ésta o corrección de los defectos observados, por subsanación o aclaración de las discrepancias o datos, por caducidad por el transcurso del plazo de seis meses sin liquidación provisional y por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento de verificación.

Art. 101º. Procedimiento de comprobación de valores. La Administración tributaria municipal podrá proceder a la comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y otros elementos determinantes de la obligación tributaria de acuerdo con los medios señalados en el artículo 57 de la Ley general tributaria. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de estos medios de comprobación fiscal de valores, en la forma establecida en la propia ley.

Art. 102º. Procedimiento de comprobación limitada. 1. En este procedimiento, la Administración únicamente podrá realizar las siguientes actuaciones de comprobación:

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes aportados.

B) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración que pongan de manifiesto el presupuesto de la obligación tributaria o la existencia de elementos tributarios no declarados o diferentes de los declarados.

C) Examen de los libros, registros y otros documentos exigidos por la normativa fiscal o cualquier otro de carácter oficial, así como de las facturas o documentos justificativos de las operaciones incluidas en los mencionados libros, registros y documentos.

D) Requerimientos a terceros para que aporten la información que están obligados a facilitar, excepto información sobre movimientos financieros.

2. Las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán, cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, mediante la notificación de esta propuesta. También se iniciarán por acuerdo del órgano competente que se notificará al obligado tributario con expresión de la naturaleza y alcance de las actuaciones.

3. El procedimiento de comprobación limitada finalizará:

a) Por resolución expresa que incluirá, en su caso, la liquidación provisional o la improcedencia de regularización tributaria. La Administración no podrá efectuar una nueva regularización excepto cuando en un procedimiento de comprobación limitada o de inspección posterior se descubriesen hechos o circunstancias nuevas que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución.

B) Por caducidad, transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio sin resolución. En este caso, la Administración podrá iniciar nuevamente este procedimiento dentro del plazo de prescripción.

C) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada.

Capítulo VIII

Inspección tributaria

Art. 103º. Funciones y facultades.

1. Corresponde a la Inspección:

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los ignorados por la Administración.

B) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

C) La comprobación de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios fiscales y devoluciones tributarias.

D) La realización de actuaciones de verificación de datos, comprobaciones de valor, comprobación limitada y de obtención de información.

e) La información, a los obligados tributarios, sobre sus derechos y obligaciones tributarias, con ocasión de las actuaciones inspectoras.

F) El asesoramiento y informe a órganos de la Administración.

G) Todas las otras funciones que se establezcan en otras disposiciones que le sean encargadas por las autoridades competentes.

2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios, que desarrollen funciones de inspección, podrán entrar en las fincas, locales de negocio y otros establecimientos o lugares en los cuales se realicen actividades o explotaciones sometidas a gravamen. Cuando la persona, bajo la custodia de la cual se encuentre esto, se oponga a la entrada de los funcionarios de la Inspección, se precisará autorización escrita del regidor ponente de Hacienda. Cuando se trate del domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario se necesitará la autorización judicial.

3. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspección se ajustarán a la Ley general tributaria, Reglamento de desarrollo, Ley de derechos y garantías de los contribuyentes y a todas las demás disposiciones que le sean de aplicación.

Art. 104º. Procedimiento de inspección.

1. El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar y investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y proceder, en su caso, a la regularización de la situación tributaria mediante la práctica de las liquidaciones que correspondan.

2. El procedimiento se iniciará de oficio y será comunicado al obligado tributario informándole sobre la naturaleza y alcance de las actuaciones.

Todo obligado tributario, cuando sea objeto de inspección de carácter parcial, podrá solicitar que ésta tenga carácter general respecto del tributo y periodos afectados.

3. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de 12 meses contados desde la fecha de la notificación del inicio del mismo. El incumplimiento de este plazo no producirá la caducidad del procedimiento, pero tendrá los efectos siguientes:

a) No se considerará interrumpida la prescripción por las actuaciones efectuadas durante estos 12 meses

b) Los ingresos realizados, desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo, y imputados por el obligado tributario, al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos.

C) No son exigibles intereses de demora desde el momento en que se produce el incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.

4. Se entenderán finalizadas las actuaciones del procedimiento de inspección en la fecha en la que se notifique o se entienda notificado la acta administrativa resultante de las mismas.

Art. 105º. Actas de inspección.

1. Las actas son los documentos públicos que extiende la Inspección sobre los resultados de las actuaciones inspectoras, donde propone la regularización de la situación tributaria o la declara correcta.

2. Las actas tienen naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos que motivan su formalización excepto que se acredite lo contrario. Los hechos aceptados por el obligado tributario se presumen ciertos y solamente podrán rectificarse mediante prueba de haber existido error de hecho.

3. A efectos de su tramitación, las actas se clasifican en actas con acuerdo, actas de conformidad y actas de disconformidad.

4. Podrá extenderse acta con acuerdo en los siguientes supuestos:

a) Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización se deba concretar la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados.

B) Cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto.

C) Cuando sea necesario realizar estimaciones, valoraciones o medidas de datos, elementos ocaracterísticas relevantes que no se puedan cuantificar de forma cierta.

En estos supuestos, la Administración tributaria municipal, mediante un acuerdo con el sujeto tributario, previo a la liquidación de la deuda tributaria, podrá concretar aquella aplicación, la apreciación de aquellos hechos o la estimación, valoración o medida, pero será necesaria la autorización del inspector jefe y garantizar el cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta, mediante la constitución de un depósito, aval solidario de entidad de crédito o certificado de seguros de caución, de cuantía suficiente.

5. Con carácter previo a la firma del acta se concederá audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

Cuando se manifieste conformidad con la propuesta de regularización que formula la Inspección, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta.

Cuando el obligado tributario o su representante manifiesten su disconformidad o se niegue a suscribir el acta, se extenderá ésta con constancia de estas circunstancias y se adjuntará informe del inspector exponiendo los fundamentos de derecho en que se basa la propuesta de regularización. El obligado tributario podrá formular alegaciones, dentro del plazo de 15 días, ante el inspector jefe, quien resolverá sobre la liquidación que procediese.

Art. 106º. Método de estimación indirecta. En caso que el régimen de estimación indirecta de bases tributarias resulte aplicable:

1. La Inspección de Hacienda Municipal deberá anexar a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos un informe razonado sobre:

a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.

B) La situación de la contabilidad de los registros obligatorios de los sujetos.

C) La justificación de los medios elegidos para determinar sus bases.

D) Los cálculos y las evaluaciones efectuados de acuerdo con los puntos anteriores.

2. La aplicación del régimen de estimación indirecta no requiere ningún acto administrativo previo que lo declare, pero en los recursos y las reclamaciones que se interpongan contra los actos y liquidaciones resultantes podrá plantearse la improcedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.

3. Los datos, documentos o pruebas relacionados con las circunstancias que motivaron la aplicación del método de estimación indirecta únicamente podrán ser tenidos en cuenta en la regularización o en la resolución de los recursos o reclamaciones que se interpongan contra la misma en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aporten con anterioridad a la propuesta de regularización. En este caso, el periodo transcurrido desde la apreciación de las mencionadas circunstancias hasta la aportación de los datos, documentos o pruebas no se incluirá en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento inspector.

B) Cuando el obligado tributario demuestre que los datos, documentos o pruebas presentados con posterioridad a la propuesta de regularización resultaron de imposible aportación al procedimiento. En este caso, se ordenará la retracción de las actuaciones al momento en que se apreciaron las mencionadas circunstancias.

Art. 107º. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

1. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios que sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido o de los que no resulten otros efectos jurídicos o económicos distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubiesen obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

2. Cuando la Inspección estime que pueden concurrir las circunstancias señaladas para la declaración del conflicto, lo comunicará al interesado a fin de que en el plazo de 15 días presente alegaciones y aporte las pruebas que considere adecuadas. Recibidas las alegaciones y practicadas las pruebas, se remitirá todo el expediente a una Comisión consultiva cuyo informe favorable será necesario para la declaración del conflicto.

Capítulo IX

La recaudación

Sección 1ª Normas generales

Art. 108º. Disposición general.

1. Cualquier liquidación notificada reglamentariamente al sujeto pasivo le supone la obligación de satisfacer la deuda tributaria.

2. La recaudación de los tributos se realizará:

a) en periodo voluntario, o

b) en periodo ejecutivo.

3. El procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por las razones y en los casos expresamente previstos por la Ley.

4. Se podrá dictar la suspensión cautelar del procedimiento cuando las especiales circunstancias previstas en el artículo 128 de la presente Ordenanza general así lo aconsejen.

Art. 109º. Competencia para el cobro. 1. Los órganos recaudadores de la Administración tributaria municipal y las entidades colaboradoras autorizadas son los únicos competentes para cobrar las deudas tributarias.

2. Los cobros practicados por órganos, entidades o personas no competentes no liberan al obligado tributario de la obligación de pago, sin exclusión de las responsabilidades de cualquier otro tipo en las que el perceptor no autorizado puede incurrir. El Ayuntamiento no asume ninguna responsabilidad en los casos de usurpación de la función recaudatoria.

Sección 2ª Medios de pago en efectivo

Art. 110º. Enumeración.

1. Para realizar el pago podrá emplearse cualquier medio de los que a continuación se señalan:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque registrado o cheque bancario.

C) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.

D) Tarjeta electrónica de pago o de crédito.

E) Giro postal.

F) Cualquier otro medio de pago que sea habitual en el tráfico mercantil, legalmente aceptado.

No obstante, cuando el pago se realice directamente en las entidades colaboradoras, los medios de pago quedarán restringidos al dinero de curso legal, a los cheques registrados o bancarios y al portador.

2. El pago de una deuda se entenderá realizado, a efectos liberatorios, en la fecha en que se realice el ingreso del importe en los órganos previstos en el artículo 109.

No obstante, cuando el pago se realice a través de las entidades colaboradoras autorizadas, la entrega al obligado tributario del justificante del ingreso liberará a éste desde la fecha consignada en el justificante y por el importe señalado, y quedará desde aquel momento obligada frente a la Hacienda Municipal la entidad colaboradora.

3. En el documento justificativo del ingreso emitido por la Administración o entidad colaboradora siempre deben quedar registradas la fecha y la referencia del medio de pago utilizado.

Art. 111º. Dinero de curso legal. Todas las deudas tributarias que deban satisfacerse en efectivo pueden pagarse con dinero de curso legal, sea cual sea el órgano o la entidad que tenga que recibir el pago, el periodo de recaudación en que se realice y la cuantía de la deuda.

Art. 112º. Cheques registrados o cheques bancarios. 1. Los cheques registrados o bancarios expedidos para satisfacer una deuda tributaria deberán cumplir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, las siguientes características:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Brieva de Cameros.

B) Ser librados contra entidades financieras, oficiales o privadas, inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros, Cajas de Ahorros Confederadas o demás entidades crediticias debidamente autorizadas para operar en el Estado.

C) Tener consignado el nombre y apellidos del firmante, y el nombre de la persona jurídica, si procede. En caso de que el cheque registrado o bancario sea extendido por un apoderado, en la antefirma, debe figurar el nombre completo del titular de la cuenta corriente o libreta de ahorro.

2. El obligado tributario quedará liberado de la deuda tributaria sólo en el caso en el que el cheque registrado o bancario haya sido formalizado de acuerdo con la Ley tributaria, esta Ordenanza y, subsidiariamente, la legislación civil o mercantil, esté conforme.

Art. 113º. Órdenes de transferencia. 1. Deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser nominativas a favor del Ayuntamiento de Brieva de Cameros y para abonar en la cuenta corriente que éste indique como titular.

B) Ser ordenadas a través de entidades financieras inscritas en los registros oficiales y autorizadas para operar en el Estado.

C) Estar fechadas en el mismo día de la orden.

D) Tener especificados el concepto o conceptos de la deuda tributaria a que corresponden incluyendo, a ser posible, el número de recibo.

E) Tener consignados el nombre y apellidos completos y el NIF del ordenante y el nombre de la persona jurídica, si procede.

F) Simultáneamente, y por correo certificado, el ordenante deberá enviar las declaraciones, liquidaciones o notificaciones que correspondan, expresando la fecha de la transferencia, el importe y la entidad bancaria intermediaria en la operación.

2. Una vez recibido el importe de la transferencia, y también la declaración o la notificación de la liquidación que lo origina, la Administración tributaria deberá devolver al obligado tributario la declaración con la diligencia de pago o el ejemplar de la notificación con el documento acreditativo de dicho pago.

3. Las comisiones bancarias o gastos que suponga el uso de este medio de pago serán siempre a cargo del obligado tributario.

4. El obligado tributario quedará liberado de la deuda tributaria sólo en el caso de que la transferencia bancaria haya sido formalizada de acuerdo con la legislación tributaria, esta Ordenanza y, subsidiariamente, la legislación civil o mercantil, esté conforme.

Art. 114º. Giro postal o telegráfico. 1. Deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser nominativo a favor del Ayuntamiento de Brieva de Cameros.

B) Estar fechado en el mismo día de la imposición.

C) Especificar el concepto o conceptos de la deuda tributaria a que corresponden incluyendo, si es posible, el número de recibo.

D) Consignar el nombre y apellidos completos y el NIF del ordenante y el nombre de la persona jurídica, si procede.

E) Simultáneamente, y por correo certificado, el ordenante deberá enviar las declaraciones, liquidaciones o notificaciones que correspondan, expresando el número asignado al giro y la fecha de la imposición.

2. El sujeto pasivo quedará libre de la deuda tributaria solamente en el caso de que el giro postal o telegráfico haya sido formalizado de acuerdo con la legislación tributaria, esta Ordenanza y, subsidiariamente, la legislación civil o mercantil, esté conforme.

Art. 115º. Domiciliación del pago.

1. El obligado al pago podrá ordenar la domiciliación de recibos en su cuenta corriente o de ahorro, o en la de otro titular que lo autorice, tal como se especifica:

a) Los recibos de cobro periódico podrán domiciliarse durante el periodo voluntario de cobro; fuera de este plazo, las solicitudes de domiciliación tendrán efecto a partir del año siguiente al de la presentación.

b) La solicitud de domiciliación podrá formalizarse de los modos siguientes:

Mediante comunicación vía Internet

Mediante comunicación a las entidades financieras colaboradoras señaladas en el calendario del contribuyente.

Mediante llamada telefónica a los servicios municipales de atención al ciudadano.

Presentación del impreso facilitado al efecto en la sede del Órgano Municipal de Hacienda o dependencias municipales.

Mediante comunicación vía correo o fax.

C) La domiciliación será ordenada a través de entidades financieras inscritas en los registrosoficiales, autorizadas para operar en el Estado.

D) Con respecto a los recibos de cobro periódico, tendrán una validez indefinida, mientras el ordenante no indique su anulación o traslado a otra cuenta o entidad y lo ponga en conocimiento del Órgano Municipal de Hacienda por los medios indicados en el apartado b.

e) Anualmente, en el calendario de cobro que se publica en el Boletín Oficial de la Rioja se incluirán las fechas en que se realizará el cargo de los recibos de cobro periódico domiciliados.

2. Cuando, por motivos no imputables a la Administración tributaria, no se produzca el cargo en cuenta de los recibos domiciliados, el sujeto pasivo no quedará liberado de la obligación de pago a la Hacienda Municipal y tendrá que satisfacer los gastos ocasionados por la devolución de los recibos impagados. La Administración tributaria municipal procederá a la recaudación de los recibos domiciliados impagados por vía de apremio. El impago reiterado de los recibos domiciliados comportará la baja de la domiciliación.

3. Los obligados tributarios que tengan domiciliado el pago de los recibos de vencimiento periódico de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, gozarán de una bonificación del 2% de la cuota municipal.

4. En el supuesto previsto en el apartado 2 se pierde la bonificación correspondiente a estos recibos.

Art. 116º. Cargo en cuenta corriente, fraccionamientos y aplazamientos solicitados en el periodo voluntario de pago. Se puede solicitar el cargo en cuenta corriente bancaria o de ahorro de los recibos de cobro periódico, no domiciliados, durante el periodo voluntario de cobro y, salvo manifestación en contrario, se entenderá que se domicilian los recibos a partir del periodo anual siguiente.

Art. 117º. Pago por tarjeta.

1. La página web del Ayuntamiento, así como el calendario del contribuyente que se publica cada año en el BOP, indicarán para cada ejercicio las tarjetas que se podrán utilizar para efectuar el pago.

2. Se podrá pagar con tarjeta de crédito por Internet, mediante llamada a los teléfonos municipales de atención ciudadana y a las oficinas de atención al ciudadano.

3. El obligado tributario quedará libre de la deuda tributaria solamente en el caso de que el pago por tarjeta sea autorizado por el intermediario financiero.

Sección 3ª Fraccionamiento y aplazamiento

Art. 118º. Competencia y plazos.

1. Una vez liquidada y notificada la deuda tributaria, el Órgano Municipal de Hacienda puede aplazar o fraccionar el pago, hasta el plazo máximo de cinco años, previa petición de los obligados, cuando su situación económico-financiera les impida transitoriamente realizar el pago de sus deudas.

2. En todo caso, las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione devengarán interés de demora. No obstante, cuando se garantice la deuda en su totalidad mediante un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante un certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.

3. No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitados en periodo voluntario de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva cuando el pago se produzca en el mismo ejercicio de su devengo.

4. El órgano competente para conceder los fraccionamientos y aplazamientos es el director-

gerente del Órgano Municipal de Hacienda.

Art. 119º. Petición.

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, que tienen que presentarse en el Órgano Municipal de Hacienda, deberán contener, necesariamente, los datos siguientes:

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante.

B) Deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite, indicando el importe, el concepto, la fecha de inicio del plazo de ingreso voluntario o la referencia contable; cuando se trate de deudas que deban satisfacerse mediante autoliquidación, se adjuntará el modelo oficialde la autoliquidación debidamente formalizado.

C) Aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

D) Motivo de la petición.

E) Garantía que se ofrece.

F) Lugar, fecha y firma del peticionario.

2. El solicitante puede adjuntar a su petición los documentos acreditativos o los justificantes que considere oportunos en apoyo de su solicitud.

3. El plazo máximo para resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento es de seis meses. Transcurrido este plazo sin que hayan sido resueltas de manera expresa, se entenderán desestimadas.

4. Cuando la solicitud de fraccionamiento se presente en periodo voluntario, si al final del mismo está pendiente de resolución, no se dictará la providencia de apremio.

Cuando se presente en periodo ejecutivo, se suspenderán cautelarmente las actuaciones de cobro hasta la resolución de la solicitud.

5. El otorgamiento de un fraccionamiento no puede suponer la devolución de ingresos ya recaudados, y éstos tendrán siempre la consideración de primer pago a cuenta.

Art. 120º. Garantías.

1. Como regla general, el solicitante debe ofrecer una garantía de pago en forma de aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de crédito o Sociedades de garantía recíproca, autorizados a operar en todo el Estado.

2. Cuando se justifique la imposibilidad de obtener dicho aval, el interesado podrá ofrecer como garantías de pago las siguientes:

a) Una hipoteca inmobiliaria.

B) Una hipoteca mobiliaria.

C) Una prenda, con o sin desplazamiento. Sólo para fraccionamientos de deudas en periodo ejecutivo.

D) Un aval personal y solidario de dos contribuyentes de reconocida solvencia cuando la deuda no supere los 6.010,12 euros

3. No se exigirá ninguna garantía cuando el solicitante sea una Administración pública.

4. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que se prevea que devengarán, incrementados ambos conceptos en un 25%.

5. En los fraccionamientos podrán constituirse garantías parciales e independientes para cada uno de los plazos.

Art. 121º. Aval. Las garantías instrumentadas mediante aval deberán reunir los siguientes requisitos:

a) El aval ha de ser solidario con respecto al obligado principal, con renuncia expresa de los beneficios de excusión y a pagar al primer requerimiento del Órgano Municipal de Hacienda.

B) El aval ha de ser de durada indefinida y estará vigente hasta la cancelación de la deuda.

C) Se deberá constituir ante fedatario público.

d) El nombre, apellidos y NIF de la persona avalada deberán coincidir con los del titular de la deuda fraccionada. El beneficiario del aval ha de ser el Ayuntamiento de Brieva de Cameros.

E) Los avales bancarios deberán estar inscritos en el registro oficial de avales de la entidad avaladora.

Art. 122º. Garantías no dinerarias.

1. En los supuestos de garantía real no dineraria, se indicarán en párrafos separados y diferenciados la naturaleza, las características, la valoración, la descripción jurídica y, según proceda, la descripción física, técnica, económica y contable de los bienes aportados en garantía, con el suficiente detalle para que pueda ser examinada y, si procede, constituida, sin otras aclaraciones, modificaciones o ampliaciones.

Se deberán adjuntar los documentos que fundamenten las indicaciones del interesado y, en especial, una valoración de los bienes ofrecidos en garantía realizada por profesionales o empresas, especializados e independientes.

2. En los casos en que la garantía sea una prenda sin desplazamiento, su titular será nombradodepositario de aquélla con los efectos previstos por la normativa vigente.

Art. 123º. Dispensa de garantías.

1. No se exigirá garantía cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.005,06 euros.

2. En el supuesto de que el contribuyente demuestre fehacientemente una escasa capacidad económica o solvencia patrimonial, podrá tramitarse la solicitud sin garantías. En este caso, deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Declaración responsable que manifieste la imposibilidad de obtener un aval de una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca y de no poseer bienes.

B) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, en caso de que se disponga de uno.

C) Plan de viabilidad y cualquier otra información con trascendencia económico-financiera o patrimonial que se estime adecuada y que justifique la posibilidad de cumplir el fraccionamiento o aplazamiento solicitado.

D) Si el deudor es una persona física, deberá aportar también, si procede: Hoja de salario, pensión o prestación social, o certificación negativa de recepción de estas ayudas.

Justificante del estado de paro.

Informe de los servicios sociales de donde tenga la residencia.

Art. 124º. Consecuencias de la falta de pago. En los fraccionamientos de pago concedidos, si llegado el vencimiento de cualquiera de los plazos no se realizara el pago, se procederá de la siguiente manera:

a) Para la fracción no pagada y los intereses devengados desde el día siguiente al vencimiento, se expedirá una nueva notificación y se establecerá un plazo de pago de un mes. Si no se satisface esta notificación en el plazo señalado, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, que se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de la garantía y otros medios de ejecución forzosa.

B) Cuando, como consecuencia del impago, se produzca el vencimiento anticipado de las fracciones pendientes, los intereses correspondientes a éstas, previamente calculados sobre los plazos concedidos, serán anulados y se liquidarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de esta Ordenanza.

Sección 4ª Recaudación en periodo voluntario

Art. 125º. Anuncios de cobro.

1. Los periodos de cobro deberán anunciarse en el Boletín Oficial de la Rioja por los conceptos tributarios que serán objeto de cobro durante el ejercicio fiscal siguiente, por trimestres u otros periodos, con la discriminación correspondiente de conceptos, fechas y sistema recaudatorio.

2. Es necesario que el anuncio de cobro indique la fecha en que comienza el periodo voluntario de recaudación, que en las liquidaciones de cobro periódico debe durar dos meses, excepto en los casos en que las leyes establezcan expresamente otro plazo.

Art. 126º. Plazos de ingreso e ingresos fuera de plazo sin requerimiento previo.

1. El ingreso debe realizarse en los plazos señalados en el artículo 43 de esta Ordenanza.

2. El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se realice determinará el pago de intereses de demora.

3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, tendrán los siguientes recargos:

a) Si el ingreso se realiza en los tres meses siguientes al vencimiento del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5%, con exclusión de los intereses de demora y sanciones.

B) Si el ingreso se realiza en los seis meses siguientes al vencimiento del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 10%, con exclusión de los intereses de demora y sanciones.

C) Si el ingreso se realiza en los doce meses siguientes al vencimiento del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 15%, con exclusión de los intereses de demoray sanciones.

D) Si el ingreso se realiza pasados estos doce meses siguientes al vencimiento del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 20%, con exclusión de las sanciones, pero no de los intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente del término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo voluntario de presentación y ingreso.

Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no hagan el ingreso en el momento de la presentación de la declaración-liquidación o la autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el artículo 129 de esta Ordenanza.

Art. 127º. Suspensión.

1. El obligado tributario tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o reclamación, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, salvo que, de acuerdo con ésta, sea procedente la suspensión sin garantía.

A tal efecto, no se admitirán otras garantías que las siguientes:

a) Depósito de dinero en efectivo o en valores públicos en la Caja Central de Depósitos o en la Tesorería Municipal.

B) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

C) Aval personal y solidario de dos contribuyentes de la localidad que tengan solvencia reconocida, únicamente para deudas inferiores a 601,01 euros.

La garantía cubrirá el importe de la deuda objeto de recurso, quedando el recurrente obligado a ingresar la cantidad restante. Si la deuda está incursa en procedimiento de apremio, la garantía cubrirá, además de la deuda, un 25% por recargo de apremio, intereses y costas que puedan devengarse.

2. Cuando el contribuyente interponga un recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá siempre que haya garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda con relación a dicha resolución.

Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación interpuestos, el contribuyente podrá reducir proporcionalmente la garantía.

3. La concesión de la suspensión comportará la obligación de satisfacer intereses de demora durante todo el tiempo de aquélla, a menos que, resuelto el recurso, el acuerdo o sentencia declare totalmente improcedente el acto impugnado.

No obstante, cuando se garantice la deuda en su totalidad mediante un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante un certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.

4. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación del importe, el coste de las garantías a cargo de la Administración aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, tan pronto como éste sea declarado improcedente por una sentencia o resolución administrativa y la declaración mencionada adquiera firmeza.

Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, se reembolsará la parte correspondiente del coste de las garantías referidas.

5. La impugnación de un acto censal de un tributo de gestión compartida con la Administración tributaria del estado, no será motivo suficiente por suspender la liquidación que se pueda practicar, sin perjuicio de que, si la resolución que se dicta en materia censal afecta el resultado de la liquidación satisfecha, se realice la devolución de ingresos correspondiente.

Art. 128º. Suspensión cautelar.

1. La Administración podrá suspender el procedimiento de cobro, sin necesidad de prestar ninguna garantía, en los siguientes casos:

a) Cuando puedan producirse perjuicios al sujeto pasivo motivados por errores materiales, aritméticos o de hecho.

B) Cuando se solicite una compensación de deudas.

C) Cuando se soliciten aplazamientos o fraccionamientos.

D) Durante la tramitación de los procedimientos concursales.

E) Durante la tramitación de ejecución de garantía.

2. La Administración, en el supuesto de resolver sobre la procedencia del procedimiento de cobro, liquidará los intereses de demora devengados desde la fecha de la suspensión.

Sección 5ª Recaudación por vía de apremio

Art. 129º. Iniciación del período ejecutivo.

1. El periodo ejecutivo empieza:

a) Para las deudas liquidadas por el Ayuntamiento, previamente notificadas, no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al del vencimiento del plazo de pago en periodo voluntario.

B) En el caso de deudas a ingresar mediante declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas sin practicar el correspondiente ingreso, cuando concluya el plazo fijado en el artículo 43 de esta Ordenanza o, si éste ya se ha agotado, en el momento de presentar las

declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

2. Una vez empezado el periodo ejecutivo, el Ayuntamiento llevará a cabo la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a que se refiere el apartado anterior por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

3. El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de tres tipos de recargos:

a) El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando sea satisfecho la totalidad de la deuda no ingresado en periodo voluntario antes de la notificación de la provisión de apremio.

B) El recargo de apremio reducido será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresado en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo otorgado para el pago de la deuda contraída.

C) El recargo de apremio ordinario será del 20% del importe de la deuda no ingresado.

4. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora.

Art. 130º. Iniciación del procedimiento de apremio. 1. El procedimiento de apremio comenzará mediante una provisión de apremio, dictada por el director gerente del Órgano Municipal de Hacienda, notificada al obligado tributario, que identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos del periodo ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago. Si el obligado tributario no realiza el pago en el plazo fijado, se procederá al embargo de sus bienes, de lo que deberá ser informado en la referida providencia.

2. La providencia de apremio es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.

Art. 131º. Notificación de la provisión de apremio.

1. Debe contener:

a) El texto íntegro del acto.

B) Los recursos que pueden interponerse, la autoridad o el tribunal ante el que pueden presentarse y el plazo para interponerlos.

C) Un requerimiento para que el deudor realice el pago, con la advertencia de que, si no lo hace así en el plazo establecido en el artículo 43, habrá que proceder, sin otro trámite, al embargo de sus bienes.

D) La liquidación de los recargos del periodo ejecutivo.

E) Una advertencia sobre liquidación de intereses de demora.

F) La repercusión de las costas del procedimiento.

G) La posibilidad de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

H) Una advertencia sobre la no-suspensión del procedimiento salvo en los supuestos y condiciones previstos en el artículo 165 de la Ley general tributaria.

2. La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el transcurso del procedimiento ejecutivo.

Art. 132º. Oposición a la provisión de apremio. Contra la provisión de apremio solamente serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

B) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

C) Falta de notificación de la liquidación.

D) Anulación de la liquidación.

E) Error u omisión en el contenido de la provisión de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda contraída.

Art. 133º. Conservación de actuaciones.

1. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de nulidad.

2. La anulación de los recargos o otros componentes de la deuda tributaria diferentes de la cuota o de las sanciones, no afectará a la validez de las actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la deuda tributaria o sanciones no anulados.

Art. 134º. Acumulación de deudas. El Órgano Municipal de Hacienda podrá acumular para seguir un mismo procedimiento de embargo las deudas de un mismo deudor incursas en vías de apremio.

Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.

Art. 135º. Costas del procedimiento. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento de apremio.

Art. 136º. Suspensión. El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspende de acuerdo con lo previsto en el artículo 165 de la Ley general tributaria.

Art. 137º. Ejecución de garantías. Si la deuda estuviera garantizada mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, se procederá en primer lugar a ejecutarla, a través del procedimiento administrativo de apremio.

Art. 138º. Provisión de embargo. Transcurrido el plazo fijado en la providencia de apremio sin que se haya realizado el ingreso requerido, se dictará una provisión que ordene el embargo de bienes y derechos, con respecto siempre al principio de proporcionalidad, en cuantía suficiente

para cubrir el importe de la deuda no ingresado, los recargos del periodo ejecutivo, los intereses y las costas del procedimiento de apremio.

Art. 139º. Cuantía y prelación de los bienes a embargar. 1. Si la Administración y el obligado tributario no hubiesen acordado orden diferente, se han de embargar los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su alienación y la onerosidad menor de ésta para el obligado.

2. Si los criterios anteriores son de aplicación imposible o muy difícil, en el embargo se seguirá el orden siguiente:

a) Dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.

B) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

C) Sueldos, salarios y pensiones.

D) Bienes inmuebles.

E) Intereses, rentas y frutos de cualquier tipo.

F) Establecimientos mercantiles o industriales.

G) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.

H) Bienes muebles y semovientes.

I) Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.

3. Siguiendo el orden anterior, se procederá al embargo sucesivo de los bienes y derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria municipal, hasta que se entienda cubierta la deuda; se dejarán para el último lugar aquellos bienes para cuyo embargo sea necesario entrar en el domicilio del deudor.

4. A solicitud del deudor podrá alterarse el orden del embargo si los bienes que señale garantizan con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda que aquellos bienes que preferentementedeberían ser embargados, y no se causare con ello perjuicio a tercero.

5. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter general por las leyes ni aquéllos de cuya realización se estime que resultaría insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.

Art. 140º. Diligencia de embargo y anotación preventiva. 1. Cada actuación de embargo se debe documentar en diligencia, que se notificará al deudor.

Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, si procede, al tercer titular, poseedor o depositario de los bienes, así como al cónyuge del obligado tributario, cuando los bienes embargados sean de ganancias, y a sus copropietarios o cotitulares.

2. Si los bienes embargados fuesen inscribibles en un registro público, la Administración tributaria tiene derecho a que se practique la anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente, en los términos del artículo 170.2 de la Ley general tributaria.

3. Contra la diligencia de embargo solamente serán admisibles los motivos de oposición siguientes:

a) extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago

b) falta de notificación de la provisión de apremio

c) incumplimiento de las normas reguladores del embargo, contenidas en la Ley general tributaria

d) suspensión del procedimiento de recaudación

Art. 141º. Embargos de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito. 1. Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, aquel podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En el momento del embargo, y siempre que se trate de valores, si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria se deduce que los existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado de la deuda, el órgano de recaudación concretará aquéllos que deberán quedar trabados.

2. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de dos o más titulares, sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. En caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.

3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el cobro de sueldos, salarios o pensiones, se deberán respetar las limitaciones establecidas a la vigente Ley de enjuiciamiento civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse su, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión, el importe ingresado en la mencionada cuenta por este concepto el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, el mes anterior.

Art. 142º. Alienación de los bienes embargados. 1. La alienación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa.

El acuerdo de alienación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo han estado notificadas según lo que dispone el apartado 3 del artículo 112 de la Ley general tributaria y contra éstas solamente serán admisibles los motivos de impugnación a que se refiere el apartado 3 del artículo 170 de la mencionada ley.

2. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes al Ayuntamiento cuando se trate de bienes inmuebles o bienes muebles, cuya adjudicación pueda interesar a la hacienda municipal y no se hayan adjudicado en el procedimiento de alienación.

3. La Administración tributaria no podrá proceder a la alienación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutado sea firme, excepto de los supuestos de fuerza mayor, bienes alterables y bienes en los cuales haya un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario en solicite de manera expresa la alienación.

4. En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, la Administración tributariaha de liberar los bienes embargados, si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio.

Art. 143º. Finalización del procedimiento de apremio. 1. El procedimiento de apremio finaliza:

a) Con el pago de la deuda.

B) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos en quiebra todos los obligados al pago.

C) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.

2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. Sección 6ª Declaración de créditos incobrables

Art. 144º. Concepto.

1. Son créditos incobrables aquéllos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación porque los obligados a efectuar el pago y el resto de responsables, si los hay, resultan insolventes y declarados fallidos.

Art. 145º. Procedimiento.

1. Deberá justificarse la inexistencia de bienes o derechos embargables o realizables de los deudores principales y de los responsables solidarios.

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, se investigará la existencia de responsables subsidiarios.

Si no hay responsables subsidiarios, o si éstos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el alcalde.

Art. 146º. Efectos.

1. La declaración de crédito incobrable no produce inmediatamente la extinción de la deuda, sino exclusivamente la baja provisional en los créditos correspondientes.

2. La declaración de deudores fallidos, en caso de personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Mercantil, será comunicada mediante una orden de anotación en el Registro a efectos de lo establecido en el artículo 165 del R. D. 1684/90. Este Registro quedará obligado a comunicar al Órgano Municipal de Hacienda cualquier acto relativo a la entidad deudora que sea presentado a inscripción, con el fin de hacer posible la rehabilitación de los créditos declarados incobrables.

Art. 147º. Bajas por referencia. Si un deudor ha sido declarado fallido y no existen obligados o responsables de la deuda, los créditos que contra éste tengan vencimiento posterior a la correspondiente declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja de la contabilidad, por referencia a la citada declaración.

Art. 148º. Revisión de insolvencia y rehabilitación de créditos incobrables.

1. El Órgano Municipal de Hacienda velará para detectar la posible solvencia sobrevenida de los obligados y responsables declarados fallidos.

2. En el caso de que sobrevenga esta circunstancia, y las deudas no hayan prescrito, se procederá a la rehabilitación de los créditos no cobrados. Por lo tanto, se volverá a abrir el procedimiento de apremio y se practicará una nueva liquidación de los créditos dados de baja, con el fin de que sean emitidos los títulos ejecutivos correspondientes en la misma situación de cobro en que se encontraban en el momento de hacer la declaración de quiebra.

Art. 149º. Bajas de oficio. La Alcaldía, de acuerdo con criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, podrá determinar las actuaciones concretas que deberán tenerse en cuenta con el fin de justificar la declaración de crédito incobrable, y dispondrá la no-liquidación o, si procede, la anulación y baja en la contabilidad de las liquidaciones, en consideración a su origen y naturaleza y cuando resulten de deudas inferiores a la cantidad que se estime y fije insuficiente para la cobertura del coste de la exacción y recaudación respectivas.

Sección 7ª Concurrencia de procedimientos

Art. 150º. Procedimientos.

1 En los supuestos en que se deban hacer valer los créditos de la Hacienda Municipal en procesos concursales, quiebra, suspensiones de pagos, liquidaciones por la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y cualquier otro proceso de ejecución singular o universal, judicial o nojudicial del patrimonio de un deudor a la Hacienda Municipal, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento estará determinada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 164 de la Ley general tributaria.

Art. 151º. Convenios. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Municipal el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Municipal podrá suscribir acuerdos o convenios en los procedimientos concursales.

Capítulo X

Infracciones y sanciones tributarias

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Art. 152º. Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria.

La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acuerdo con sus principios reguladores en materia administrativa con las especialidades establecidas en la Ley general tributaria.

En particular son aplicables los principios de legalidad, tipificada, responsabilidad, proporcionalidad y no-concurrencia regulados a los artículos 179 y 180 de la Ley general tributaria. El principio de irretroactividad se aplicará con carácter general, si bien las normas que regulen las infracciones y sanciones tributarias tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado.

Art. 153. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias.

1. Son sujetos infractores las personas físicas, jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ordenanza que efectúen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones a las leyes.

2. La concurrencia de diversos sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determina que quedan solidariamente obligados ante la Administración al pago de la sanción.

3. Han de responder solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas o no de una deuda tributaria, las personas o entidades que estén en los casos del párrafo a) y c) del apartado 2 del artículo 26, en los términos que establece el artículo mencionado.

4. Han de responder subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las personas o entidades que estén en los supuestos del párrafo a) del artículo 27, en los términos que establece el artículo mencionado. 6. Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractores. Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a sus sucesores en los términos que prevé el artículo 24.

Art. 154. Infracciones tributarias: Concepto y clasificación.

1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas por la Ley general tributaria o por otra ley.

2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves. Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria en leve, grave o muy grave en atención a los criterios de calificación como la ocultación y la utilización de medios fraudulentos entre otros.

Existe ocultación cuando no se presentan declaraciones o las presentadas incluyen hechos y operaciones inexistentes o con importes falsos o en las que se omiten operaciones, rentas, productos o cualquier otra dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la infracción sea superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

Se consideran medios fraudulentos las anomalías substanciales en la contabilidad y en los libros y registros, el uso de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados y la utilización de personas o entidades interpuestas.

Art. 155º. Sanciones tributarias: clases, graduación y no-concurrencia. 1. Las infracciones tributarias se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias, las cuales podrán consistir en multa fija o proporcional, y de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio establecidas en el artículo 186 de la Ley general tributaria, como:

a) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas.

b) Pérdida del derecho a aplicarse beneficios y incentivos fiscales.

C) Prohibición por contratar con la Administración municipal.

D) Suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, ocupación o cargo público.

2. Las sanciones tributarias se graduarán teniendo en cuenta los siguientes criterios o circunstancias que son aplicables simultáneamente:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias, la cual se entenderá que existe cuando el sujeto infractor haya estado sancionado, dentro de los cuatro años anteriores y por resolución administrativa firme, por una infracción de la misma naturaleza, considerándose que tienen igual naturaleza las infracciones previstas en el mismo artículo del capítulo III de la Ley general tributaria, excepto las infracciones incluidas en los artículos 191, 192 y 193 todas las cuales se entenderán de la misma naturaleza.

Cuando se dé esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

Sanción por infracción leve: 5%.

Sanción por infracción grave: 15%.

Sanción por infracción muy grave: 25%.

B) El perjuicio económico para la Hacienda municipal, que se determinará por el porcentaje resultante de la relación entre la base de la sanción y la cuantía total que se haya tenido que ingresar o el importe de la devolución obtenida. Cuando se dé esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes:

Perjuicio económico superior al 10% e inferior o igual al 25%: 10%.

Perjuicio económico superior al 25% e inferior o igual al 50%: 15%.

Perjuicio económico superior al 50% e inferior o igual al 75%: 20%.

Perjuicio económico superior al 75%: 25%

c) Acuerdo o conformidad del interesado en la forma prevista en el artículo siguiente.

3. Si la Administración tributaria municipal considera que la infracción puede ser constitutiva de delito contra la Hacienda pública, lo comunicará a la jurisdicción competente y quedará suspendido el procedimiento administrativo hasta que resuelva la autoridad judicial.

La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de diversas infracciones hará posible la imposición de las sanciones que correspondan por todas estas, pero cuando la acción u omisión se aplica como criterio por la graduación o calificación de la infracción, no podrá ser sancionada como infracción independiente.

Las sanciones son compatibles con los intereses de demora y con los recargos del periodo ejecutivo.

Art. 156º. Reducción de las sanciones.

1. Las sanciones pecuniarias previstas en los artículos 159 a 163 de esta Ordenanza se reducirán:

En los casos de actos con acuerdo, un 50 por ciento, pero quedará sin efecto la reducción y se exigirá este importe, sin otro requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto contra la regularización o la sanción el correspondiente recurso contencioso-

administrativo o, en caso de que se haya presentado aval o certificado de seguro de caución en substitución del depósito, cuando no se ingresen en periodo voluntario las cantidades derivadas del acta con acuerdo.

En los supuestos de conformidad, un 30 por ciento, pero asimismo, quedará sin efecto y se exigirá este importe cuando se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización. Se entiende que existe conformidad en el procedimiento de inspección si hay acta de conformidad y en los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada siempre que la liquidación no sea objeto de recurso o reclamación, excepto que se requiera conformidad expresa.

2. El importe de cualquier sanción, excepto que proceda de acta con acuerdo, una vez aplicada en su caso, la reducción del apartado anterior se reducirá en el 25 por ciento cuando se ingrese el importe en periodo voluntario sin haber solicitado aplazamiento o fraccionamiento ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.

Art. 157. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de las sanciones.

1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por la muerte del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción por la imposición de lascorrespondientes sanciones, plazo que será de cuatro años completos desde la comisión de las infracciones. Esta prescripción se aplicará de oficio por la Administración tributaria, sin necesidad de que la invoque el interesado.

2. Las sanciones tributarias se extinguirán por el pago o cumplimiento, prescripción, compensación, condonación y por la muerte de todos los obligados a satisfacerlas.

El expediente de condonación de sanción se incoará a solicitud del interesado. Este expediente deberá formularse dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la sanción, y la incoación producirá la suspensión cautelar del cobro de la sanción hasta la resolución del expediente. El expediente será elevado a la Alcaldía para su resolución, y se le adjuntará, además del informe emitido por el organismo que haya tramitado el expediente sancionador, un informe donde se haga constar la razón de la imposición de la sanción, las circunstancias que concurren en el peticionario en sus relaciones con la Administración y si se considera aconsejable o no que se acceda a lo que se ha solicitado.

Sección 2ª. Clases de infracciones y sanciones tributarias.

Art. 158º. Se consideran infracciones tributarias: a) Dejar de ingresar dentro del plazo establecido la totalidad o parte de la deuda tributaria que haya de resultar de la correcta autoliquidación del tributo.

B) No presentar de forma completa y correcta las declaraciones y documentos necesarios para la práctica de las liquidaciones.

C) La obtención indebida de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

D) Solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, beneficios o incentivos fiscales, mediante la omisión datos relevantes o la inclusión de datos falsos.

E) No presentar dentro de plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que de ello se derive perjuicio económico.

F) Presentar de forma incompleta o incorrecta autoliquidaciones o declaraciones, sin perjuicio económico.

G) Contestar o presentar de forma incorrecta requerimientos individualizados de información o declaraciones de información exigidas con carácter general.

h) Incumplimiento de las obligaciones de comunicar el domicilio fiscal y de utilizar el número de identificación fiscal o otros números o códigos.

I) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.

j) Las otras señaladas en las leyes.

Art. 159º. Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que haya de resultar de una autoliquidación.

1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar, dentro del plazo establecido, la totalidad o parte de la deuda tributaria que haya de resultar de la correcta autoliquidación del tributo.

Esta infracción será leve, grave o muy grave según la existencia de ocultación, la concurrencia de medios fraudulentos en la base de la sanción, es decir, la cantidad no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción.

2. La infracción tributaria será leve en los siguientes supuestos:

a) Cuando la base de la sanción sea igual o inferior a 3000 euros.

B) Cuando, a pesar de que la base de la sanción sea superior a esta cifra, no exista ocultación.

C) En todo caso, cuando, sin previo requerimiento, la falta de ingreso hubiese sido regularizada por el obligado tributario en una autoliquidación presentada con posterioridad al plazo de pago sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 27.4 de la Ley general tributaria, por la aplicación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

3. La infracción tributaria será grave:

a) Cuando la base de la sanción sea superior a 3000 euros y exista ocultación.

B) Cuando, sea cual fuere la base de la sanción, se hayan utilizado documentos falsos o falseados o una incorrecta contabilidad, sin que estos hechos constituyan medios fraudulentos.

4. La infracción tributaria será muy grave cuando se hayan utilizado medios fraudulentos.

5. Estas infracciones se sancionarán con multa pecuniaria del 50 por ciento, del 50 al 100 por ciento o del 100 al 150 por ciento de la cantidad no ingresada, según la infracción sea leve, graveo muy grave, graduándose en estos dos últimos supuestos mediante el incremento del porcentaje

mínimo de acuerdo con los criterios de reiteración y perjuicio económico a los que se refiere el artículo 150.2 de esta Ordenanza.

Art. 160º. Infracción tributaria por no presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios para la práctica de las liquidaciones. 1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones y documentos necesarios para que la Administración Tributaria municipal pueda practicar la liquidación de los tributos que no se exijan por autoliquidación.

2. Esta infracción será leve, grave o muy grave de acuerdo con los mismos criterios establecidos en el artículo precedente. Se considera como base de la sanción la cuantía de la liquidación, cuando no se haya presentado declaración, o la diferencia entre el resultante de la liquidación adecuada y la que haya procedido de acuerdo con los datos declarados.

3. Las sanciones correspondientes a estas infracciones, así como su cuantía y graduación, serán las mismas del artículo precedente.

Art. 161º. Infracción tributaria por la obtención indebida de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

1. Esta infracción será leve, grave o muy grave de acuerdo con los mismos criterios señalados en el artículo154 de esta Ordenanza, considerándose base de sanción la cantidad devuelta como consecuencia de la infracción.

2. Las sanciones a estas infracciones, su cuantía y graduación serán las mismas señaladas en el mencionado artículo de esta Ordenanza.

Art. 162º. Infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones.

1. Constituye infracción tributaria la solicitud indebida de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsas en autoliquidaciones, comunicaciones o solicitudes, sin que se hayan obtenido las devoluciones.

2. Esta infracción tributaria será grave y se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento de la cantidad indebidamente solicitada.

Art. 163º. Infracción tributaria por solicitar indebidamente beneficio o incentivos Fiscales.

1. Constituye infracción tributaria la solicitud indebida de beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de datos relevantes o inclusión de datos falsos sin que se hayan obtenido, y no sea procedente imponer al mismo sujeto sanción por alguna de las infracciones previstas en los artículos 159, 160 y 162 de esta Ordenanza.

2. Esta infracción será grave y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.

Art. 164º. Infracción tributaria por la falta de presentación, dentro de plazo, de autoliquidaciones o declaraciones sin perjuicio económico.

1. Constituye infracción tributaria no presentar, dentro de plazo, autoliquidaciones o declaraciones, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la hacienda municipal.

2. Esta infracción será leve.

3. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros.

La cuantía de la sanción será de 400 euros, cuando se trate de declaraciones censales o de comunicación de la designación de representante cuando lo exija la normativa.

Asimismo, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que se haya tenido que incluir en la declaración, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros, cuando se trata de declaraciones exigidas en cumplimiento de la obligación de suministrar información a que se refieren los artículos 93 y 94 de la Ley general tributaria

La sanción y los límites mínimo y máximo se reducirán a la mitad si las autoliquidaciones y declaraciones se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo.

Si se han realizado requerimientos, estas sanciones serán compatibles con las establecidas por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria municipal.

Art. 165º. Infracción tributaria por el incumplimiento de la obligación de comunicar el domiciliofiscal.

1. Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o su cambio por las personas físicas que no realicen actividades económicas.

2. Esta infracción será leve y se sancionará con multa pecuniaria fija de 100 euros.

Art. 166º. Infracción tributaria por la presentación incorrecta de autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico.

1. Constituye infracción tributaria la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, siempre que no haya producido ni pueda producir perjuicio económico a la Hacienda municipal.

2. Esta infracción será grave y su sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros, excepto cuando se trate de declaraciones censales, en que la sanción será de 250 euros

Art. 167º. Infracción tributaria por contestar o presentar de forma incorrecta requerimientos individualizados de información o declaraciones de información exigidas con carácter general.

1. Constituye infracción tributaria contestar o presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos requerimientos individualizados de información o declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información a que se refieren los artículos 93 y 94 de la Ley general tributaria.

2. Esta infracción será grave y se sancionará de la siguiente forma:

a) Cuando la información no tenga por objeto datos expresados en magnitudes monetarias, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad, inexacto o falso.

B) Cuando la información sea sobre datos expresados en magnitudes monetarias, la sanción consistirá en multa proporcional de hasta el 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente.

Cuando el importe no declarado represente un porcentaje igual o inferior al 10 por ciento del importe de las operaciones que se tuvieron que declarar, se impondrá una multa pecuniaria fija de 500 euros.

En los supuestos en que el porcentaje no declarado fuese superior al 10, 25, 50 0 75 por ciento, la sanción será una multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente respectivamente.

Esta sanción, en el caso de comisión repetida de infracciones tributarias, se graduará incrementando la cuantía resultante en un 100 por ciento.

Art. 168º. Infracción tributaria por incumplir las obligaciones de utilización del número de identificación fiscal o de otros números o códigos.

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal y de otros números o códigos establecidos en la normativa tributaria y, especialmente, la referencia catastral.

2. Esta infracción será leve y se sancionará con multa pecuniaria fija de 150 euros, excepto los casos en que se trate del incumplimiento de la utilización del número de identificación fiscal por las entidades de créditos en las cuentas y operaciones o en la entrega o abono de cheques al portador, supuestos en los cuales la infracción será grave y se sancionará de acuerdo con el artículo 202.2 de la Ley general tributaria.

Art. 169º. Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria.

1. Se produce resistencia, obstrucción, excusa o negativa cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, realice actuaciones con tendencia a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria municipal en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

Así, entre otros, las siguientes conductas:

a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes, asentimientos de contabilidad, archivos informáticos y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.

b) No atender ningún requerimiento debidamente notificado.

C) No comparecer en lugar y tiempo señalados, excepto existencia de causa justificada.

D) Prohibir indebidamente a los funcionarios de la Administración tributaria la entrada en locales o fincas o el reconocimiento de locales, maquinaria, instalaciones y explotaciones relacionadas con las obligaciones tributarias

e) Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria

2. Esta infracción se cualifica de grave y su sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros, excepto que sea de aplicación lo que se prevé en los apartados siguientes.

3. Cuando consistiese en desatender, dentro de plazo, requerimientos diferentes a los que se prevén en los siguientes apartados, la sanción será de multa pecuniaria fija de 150, 300 o 600 euros, según se haya incumplido el requerimiento por primera, segunda o tercera vez.

4. Cuando se trate de conductas contenidas en las letras a) y d) del apartado 1, o del incumplimiento del deber de comparecer por personas o entidades que realicen actividades económicas, o del deber de aportación de información de los artículos 93 y 94 de la Ley general tributaria, la sanción consistirá en:

a) Si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo señalado en el primer requerimiento, la multa será de 300 euros.

B) Cuando se incumpla el segundo requerimiento, la multa será de 1.500 euros.

C) En caso de incumplimiento del tercer requerimiento, la sanción consistirá en multa proporcional hasta el 2 por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior al de la comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 y un máximo de 400.000 euros. Pero si se trata del incumplimiento de la obligación de suministro de información de los artículos 93 y 94 de la Ley general tributaria, la multa proporcional se eleva hasta el 3 por ciento de la cifra de negocios, con un mínimo de 15.000 y un máximo de 600.000 euros. Esta multa proporcional se graduará de acuerdo con el que establece el artículo 203 de la ley mencionada. En todo caso, si se da cumplimiento total al requerimiento antes de la finalización del procedimiento, la sanción será de 6.000 euros.

5. Cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera al quebrantamiento de las medidas cautelares, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional hasta el dos por ciento de la cifra de negocios, con un mínimo de 3000 euros.

Sección 3ª Procedimiento sancionador en materia Tributaria

Art. 170º. Regulación y competencia

1. El procedimiento sancionador tributario se regula por la general tributaria y sus reglamentos de desarrollo y, en su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.

2. Son órganos competentes para la imposición de sanciones:

a) Cuando se trate de suspensión de empleo o cargo público, dependiente de la Corporación, el Consejo Plenario Municipal.

B) El alcalde, o el órgano en quien delegue, cuando se trate de otras sanciones no pecuniarias, a las que se refiere el artículo 155.1 de esta Ordenanza, excepto los casos en que la concesión de beneficios o incentivos fiscales sea competencia de otros órganos, en los que serán estos órganos los competentes para imponer la sanción de pérdida del derecho a aplicar estos beneficios o incentivos.

C) En los demás supuestos, el órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador.

Art. 171º. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador se tramitará de forma separada al procedimiento de aplicación de los tributos excepto de los supuestos de actos con acuerdo y de aquéllos en que el obligado tributario hubiese renunciado a la tramitación separada, casos en los cuales las cuestiones relativas a la infracción se analizarán en el procedimiento de aplicación del tributo, sin perjuicio que no obstante la tramitación única, cada procedimiento finalice con acto resolutorio diferente.

La renuncia se hará mediante manifestación expresa, que deberá formularse en el procedimiento de aplicación de los tributos antes de la notificación de la propuesta de resolución o, en el procedimiento de inspección, a la finalización del trámite de audiencia previa a la suscripcióndel acta, excepto del supuestos que el órgano encargado de la tramitación del procedimiento de aplicación de los tributos requiere al obligado tributario por que manifieste, en el plazo de diez días, su renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador que, en su caso, pueda iniciarse. Así mismo, si el procedimiento de aplicación de los tributos se inicia con la notificación de la propuesta de resolución, se podrá renunciar a la tramitación separada en el plazo concedido por alegaciones.

2. En caso de tramitación separada, el procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente para resolver de acuerdo con lo que dispone el artículo anterior, que será notificado al interesado. Una vez acabadas las actuaciones que procedieran, se formulará propuesta de resolución expresando los hechos y su cualificación, la clase de infracción y la sanción correspondiente con indicación de los criterios de graduación aplicados. Esta propuesta será notificada al interesado y se le pondrá de manifiesto el expediente para que, en el plazo de 15 días, pueda alegar lo que considere oportuno y presentar los documentos y pruebas que estime oportunas.

Cuando en el inicio del procedimiento el órgano competente tenga todos los elementos, que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, se incorporará ésta al acuerdo de iniciación, y le será notificado al interesado poniéndole de manifiesto el expediente a los mismos efectos señalados en el párrafo anterior y con la advertencia que, en caso de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos y pruebas, podrá dictarse resolución de acuerdo con la propuesta.

3. Cuando los procedimientos sancionadores deriven de procedimientos de comprobación o investigación que realice la Inspección de Tributos, se iniciarán por el funcionario actuario con autorización del inspector jefe. La tramitación e instrucción de la propuesta de resolución podrá encargarse a este funcionario o a otro adscrito a la Inspección y la resolución del expediente corresponderá al inspector jefe.

No obstante, cuando las sanciones sean no pecuniarias, el funcionario actuario propondrá la iniciación mediante una moción dirigida al inspector jefe, quien, si lo cree procedente, la remitirá al órgano competente para acordar la iniciación y su resolución.

4. El procedimiento sancionador en materia tributaria ha de concluir en el plazo máximo de seis meses a contar de la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.

El vencimiento de este plazo, sin que se haya notificado la resolución, produce la caducidad del procedimiento, que puede declararse de oficio o a instancia del interesado e impide la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

Art. 172º. Suspensión de la ejecución de las sanciones.

1. La ejecución de las sanciones tributarias se suspenderá automáticamente, sin necesidad de aportar ningún tipo de garantía, mediante la presentación del recurso en el plazo establecido, sin que se puedan ejecutar hasta que sean firmes en vía administrativa. Esta suspensión será aplicada automáticamente por la Administración sin necesidad de que el contribuyente lo solicite.

No serán exigibles intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto para la notificación de la resolución que agote la vía administrativa.

2. Una vez agotada la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán las actuaciones de procedimiento de apremio hasta que no acabe el plazo para interponer el recurso contencioso-

administrativo. Si durante este plazo el interesado comunica al órgano mencionado la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de garantía por garantir la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento mientras conserve la vigencia y eficacia la garantía aportada. El procedimiento se reanudará o suspenderá según la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.

Capítulo XI

Revisión de actos en vía administrativa

Sección 1ª Procedimientos especiales de revisión

Art. 173º. Declaración de nulidad de pleno derecho y lesividad de actos anulables. De conformidad con lo que dispone el artículo 110 de la Ley reguladora de las bases del régimenlocal la declaración de nulidad de pleno derecho será acordada por el Consejo Plenario Municipal.

El procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho y de lesividad de actos anulables será el establecido por los artículos 217 y 218 de la Ley general tributaria.

Art. 174º. Revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.

1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se considere que:

a) Infringen manifiestamente la Ley.

B) Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.

C) Cuando la tramitación del procedimiento haya producido indefensión a los interesados.

La revocación no puede constituir dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. La revocación solamente es posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

3. El procedimiento de revocación se inicia siempre de oficio.

4. El plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo de seis meses anteriores sin que se haya notificado resolución expresa, se produce la caducidad del procedimiento.

5. Las resoluciones de revocación agotan la vía administrativa.

Art. 175º. Rectificación de errores.

1. El órgano que haya dictado el acto ha de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.

2. El plazo máximo por notificar resolución expresa es de seis meses des que se presentó la solicitud por el interesado o des que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento.

El transcurso del plazo anterior sin que se haya notificado resolución expresa produce los efectos siguientes:

a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que esto impida que se pueda iniciar de nuevo otro procedimiento.

B) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se ha iniciado a instancia del interesado.

3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento son susceptibles de recurso de alzada y si el acto es dictado por delegación de la Administración tributaria del estado se podrá interponer reclamación económico-administrativa.

Sección 2ª Devolución de ingresos indebidos

Art. 176º. Titulares y contenido del derecho a devolución.

1. Los obligados tributarios tendrán derecho a la devolución de los ingresos que hayan realizado indebidamente a favor de la Hacienda Municipal en el pago de deudas tributarias.

2. El derecho a la devolución de ingresos indebidos se transmitirá a los herederos o derechohabientes del titular inicial.

3. La cantidad a devolver por un ingreso indebido está constituida esencialmente por el importe del ingreso indebidamente practicado y reconocido a favor del obligado tributario.

4. También formarán parte de la cantidad a devolver:

a) El recargo, los costes y los intereses satisfechos durante el procedimiento cuando el ingreso indebido se haya hecho por vía de apremio.

B) El interés de demora aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, correspondiente al tiempo transcurrido desde la fecha del ingreso hasta la de la orden de pago.

El tipo de interés aplicable será el tipo de interés de demora vigente a lo largo del periodo según lo que determine para cada ejercicio la Ley de presupuestos del Estado.

5. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido de pagos fraccionados de deudas de notificación colectiva y periódica, se entiende que la cantidad retornada se va ingresar en el último plazo, y si no resulta una cantidad suficiente, la diferencia se considera satisfecha en losplazos inmediatamente anteriores.

Art. 177º. Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución. 1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución podrá iniciarse de oficio o a instancia de la persona interesada, en los casos siguientes:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.

B) Cuando la cantidad pagada haya estado superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

C) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.

2. Si el procedimiento se inicia a petición de la persona interesada, en el escrito que presente ante el órgano correspondiente hará constar las circunstancias previstas en el artículo 70 de la Ley 30/92, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo, y, además:

a) El número de identificación fiscal.

b) El justificante del ingreso indebido.

C) Una declaración expresa del medio escogido por el cual deba realizarse la devolución; podrá optar por transferencia bancaria o compensación.

Art. 178º. Instrucción. Iniciado el procedimiento, el órgano competente de la Hacienda Municipal practicará las actuaciones necesarias a fin de comprobar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos y podrá solicitar los informas o actuaciones que estime necesarios.

Art. 179º. Resolución. En los supuestos en que resulte procedente la devolución, el director-

gerente del Órgano Municipal de Hacienda dictará la resolución correspondiente. La resolución que ponga fin al expediente será impugnable por vía contencioso-administrativa, después de un recurso de alzada, que tendrá los mismos efectos que el recurso de reposición.

La devolución se considerará desestimada una vez transcurridos seis meses desde la solicitud sin que se haya notificado la resolución.

Si el procedimiento se ha iniciado de oficio, el transcurso de seis meses desde que se notifica al interesado el acuerdo de iniciación sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento, sin que esto impida que se pueda iniciar de nuevo otro procedimiento posteriormente

Art. 180º. Ejecución.

1. Una vez dictada una resolución por la que se reconozca el derecho a la devolución de un ingreso indebido, se notificará al interesado y se emitirá la oportuna orden de pago a favor de la persona o entidad acreedora, sin necesidad de esperar la firmeza de aquélla.

2. Será procedente la inmediata devolución de un ingreso realizado favor de la Hacienda Municipal con ocasión del pago de una deuda tributaria:

a) Cuando sea consecuencia del cumplimiento de la resolución de un recurso o de una reclamación de naturaleza administrativa o de una sentencia o resolución judicial.

B) Cuando resulte de liquidaciones provisionales o definitivas practicadas por los órganos competentes.

C) Cuando se deduzca de una resolución o de un acuerdo administrativo diferente de los incluidos en las letras anteriores que suponga la revisión o la anulación de los actos administrativos que hayan dado lugar al ingreso de una deuda tributaria en cantidad superior a la que legalmente procede.

Art. 181º. Otras normas aplicables. Para el resto de cuestiones en materia de devolución de ingresos indebidos no recogidas expresamente en esta Ordenanza general, se procederá de acuerdo con lo que dispongan la Ley general tributaria y, en particular, el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que regula el procedimiento para la realización de las devoluciones mencionadas.

Sección 3ª Recursos

Art. 182º. Recurso de alzada.

1. Puede formularse, en el plazo de un mes, el recurso de alzada con efectos de reposición contra los actos sobre la aplicación y efectividad de los tributos municipales y otros ingresos de derechopúblico ante la Alcaldía.

2. El recurso se podrá interponer en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto recurrido o al de la finalización del periodo de exposición de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes.

Puede interponerse recurso contra las exacciones que se cobren mediante recibos durante el plazo de pago voluntario y en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del mencionado periodo voluntario.

3. El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su presentación y se deberá notificar en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de la resolución.

Transcurrido los plazos anteriores sin que se haya notificado resolución expresa, y siempre que se haya acordado la suspensión del acto objeto de recurso, deja de devengarse el interés de demora en los términos del artículo 14.

4. El recurso se considerará desestimado una vez transcurrido un mes desde la interposición sin que se haya notificado la resolución. En tal caso, la vía contencioso-administrativa quedará expedita.

5. Contra la resolución de un recurso de alzada no se puede interponer de nuevo este recurso.

Tampoco se puede interponer recurso de alzada cuando un acto sea reiteración de otros actos firmes y consentidos o cuando se trate de un acto de ejecución de una resolución judicial firme.

6. Los actos dictados por delegación de la Administración tributaria del Estado serán objeto de reclamación económico-administrativa.

Art. 183º. Recursos contra autoliquidaciones.

1. Para impugnar la autoliquidación, el sujeto pasivo deberá instar previamente al órgano de gestión correspondiente para que confirme o rectifique la autoliquidación presentada. La solicitud de confirmación o rectificación de la autoliquidación podrá realizarse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes de que la Administración haya practicado la liquidación definitiva o, en su defecto, de haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

El plazo de la Administración para proceder a la confirmación o a la rectificación es de tres meses, una vez transcurrido el cual se deberá considerar confirmada la autoliquidación por silencio administrativo.

2. El plazo para interponer el recurso es de un mes, a contar desde la confirmación o la rectificación de la autoliquidación, tanto en el supuesto de que haya sido expresamente confirmada o rectificada como por silencio administrativo.

Art. 184º. Competencias. La competencia para resolver los recursos que se presenten por actos tributarios del Ayuntamiento de Brieva de Cameros corresponde al alcalde o a aquél en quien éste delegue, que, en todo caso, deberá tener la condición de concejal.

Disposición final. Esta Ordenanza, aprobada por la Asamblea Vecinal en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2006 y entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación.

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