Gobierno de La Rioja

Participación


Información pública: Anteproyecto de Decreto de Potencial Vitícola de La Rioja

Localización: La Rioja

El Decreto 4/2017, de 3 de febrero, por el que se regula la adaptación del control del Potencial Vitícola de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios ha servido para aplicar en nuestra Comunidad Autónoma la reglamentación europea al respecto.

 

Modificaciones y actualizaciones normativas posteriores, así como la experiencia acumulada nos obliga a modificar y adaptar la normativa autonómica a los cambios; este nuevo Decreto por el que se regula el potencial vitícola de la Rioja, formará, junto con la Ley 1/2017, de 3 de enero, de control de potencial vitícola de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el bloque normativo autonómico fundamental en la materia.

Fases del proceso

Propuesta inicial

El Decreto 4/2017, de 3 de febrero, por el que se regula la adaptación del control del Potencial Vitícola de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios ha servido para aplicar en nuestra Comunidad Autónoma la reglamentación europea al respecto.

 

Modificaciones y actualizaciones normativas posteriores, así como la experiencia acumulada nos obliga a modificar y adaptar la normativa autonómica a los cambios; este nuevo Decreto por el que se regula el potencial vitícola de la Rioja, formará, junto con la Ley 1/2017, de 3 de enero, de control de potencial vitícola de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el bloque normativo autonómico fundamental en la materia.

Diagnóstico breve

Dado que el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de aplicación en este ámbito introduce nuevas disposiciones en la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones, en especial sobre la posibilidad de aplicar un nuevo criterio de admisibilidad, añadir la condición de joven a algún criterio de prioridad y de aplicar un límite máximo de superficie admisible por solicitante, el Estado procedió a aprobar el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, que introduce importantes novedades de gran calado que, en línea con la normativa europea, pretenden establecer un marco normativo justo de cara al reparto de nuevas plantaciones, teniendo en cuenta los problemas que se han producido en los repartos de 2016 y 2017 en esta Comunidad Autónoma, fundamentalmente derivado de la presentación de una multitud de solicitudes en las que se habían creado artificialmente las condiciones para obtener las autorizaciones.

Objetivos

Por tanto, con la aprobación de un nuevo Decreto de regulación del potencial vitícola de La Rioja se pretende:

  • Aplicar en La Rioja la normativa actualmente en vigor sobre potencial vitícola, dicha normativa ha sufrido cambios con respecto a la que estaba en vigor cuando se aprobó el Decreto 4/2017
  • Mejorar el control del potencial vitícola de la Rioja.
  • Mejorar la aplicación del sistema de reparto de nuevas plantaciones dentro del sistema de autorizaciones de plantación de viñedo de la Rioja.

Alternativas

No se valoran

Aquí puede dejar sus propuestas sobre: problemas, motivos, objetivos y alternativas e iremos debatiendo sobre ellas.

Comentarios (8)

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Begoña Jimenez 13/09/2019 09:48
Gobierno De La Rioja 13/09/2019 12:48
Recibimos y publicamos sus aportaciones que remitimos a la unidad tramitadora.
Pero recordarles que el plazo de aportaciones y debate era hasta el día 12, aunque buscando ese mayor debate y enriquecimiento sera estudiado
(Anónimo) 12/09/2019 18:14
ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO XX, DE POTENCIAL VITÍCOLA DE LA RIOJA

Dña., ANA BELÉN JIMENEZ SÁNCHEZ, con DNI nº 16.564.069K actuando en nombre y representación, en su condición de Coordinadora, de la Asociación BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA, domiciliada en Logroño (La Rioja), calle Hermanos Moroy, nº 1 – Planta 3ª, Ofic. 311, y con C.I.F. número G-26207753, inscrita en el Registro de organizaciones empresariales con fecha 7 de junio de 2006, constituida al amparo de la vigente ley de asociaciones 19/1977 1 de abril como entidad profesional, dice:

Que, dentro del trámite de información pública sobre el proyecto de Decreto de Potencial Vitícola de La Rioja, se formulan las siguientes:

ALEGACIONES:

PRIMERA. Disconformidad con el artículo 12 relativo a la documentación acreditativa del criterio de admisibilidad, capacidad y competencia profesionales adecuadas en el caso de personas jurídicas.

La exposición de motivos del proyecto se refiere a las nuevas disposiciones en la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones introducidas por el Reglamento (UE) n.º 2017/2393, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, que modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por las que el Estado procedió a aprobar el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, que introduce importantes novedades de gran calado que, en línea con la normativa europea, pretenden establecer un marco normativo justo de cara al reparto de nuevas plantaciones.

Pues bien, el artículo 12 del proyecto, relativo a la documentación acreditativa del criterio de admisibilidad, capacidad y competencia profesionales adecuadas en el caso de personas jurídicas, en su apartado 1, dice lo siguiente:

«1. Cuando el solicitante sea una persona jurídica se considerará que la misma tiene la capacidad y competencia profesionales a través de alguno de los siguientes supuestos:
2. a) El control efectivo sobre la persona jurídica sea ejercido por una persona física o personas físicas que tiene dicha capacidad y competencia conforme a alguno de los apartados a) al d) del artículo 11.1. Para ello, la persona física o personas físicas en cuestión deberá tener el poder de decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social total de esta y que posea más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.
b) Cuando la persona jurídica pueda demostrar que, al menos tres de los últimos cinco años hasta la fecha de apertura del plazo de solicitudes ha tenido contratada de forma continua, a través de contrato laboral o a través de un contrato de prestación de servicios a una persona física que haya superado las pruebas de capataz agrícola o esté en posesión de títulos académicos de la rama agraria como mínimo del nivel de formación profesional del sistema educativo de Técnico en aceites de oliva y vino, Técnico Superior en vitivinicultura, Técnico en producción agropecuaria, o Técnico Superior en paisajismo y medio rural.»

El apartado 1.a) es prácticamente la transcripción literal (salvo las referencias al articulado) del artículo 8, apdo. 1, letra b), núm. 6º, punto i) del R.D. 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, es decir, la persona física o personas físicas que tienen el poder de decisión dentro de la persona jurídica (por su participación en el capital social y en los derechos de voto de más de la mitad, en ambos casos) puede justificar su experiencia profesional mediante alguno de estos tres medios:

a) Tener 5 años en los últimos 10 de experiencia profesional acreditada justificada mediante en alta en el Régimen de la Seguridad Social de la actividad agraria, presentando certificado o informe de vida laboral.

b) Haber superado las pruebas de capataz agrícola o tiene un título académico de la rama agraria como mínimo de nivel FP.

c) Poseer certificado de asistencia y aprovechamiento a los cursos de instalación a la empresa agraria y otros complementarios, con duración mínima de 150 horas, reconocidos por cualquier CCAA.

Ahora bien, en cuanto al apartado b), el proyecto de Decreto se aparta de lo establecido en el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, en cuyo artículo 8, apdo. 1, letra b), núm. 6º, punto ii) dice lo siguiente:
«Artículo 8. Criterios de admisibilidad.
1. Para que una solicitud sea considerada admisible, el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
(…)
3. b) Tener la capacidad y competencia profesionales adecuadas, que se considerará cumplida si el solicitante cumple a la fecha de apertura del plazo de solicitudes alguna de las siguientes condiciones:
(…)
2.º Haber superado las pruebas de capataz agrícola o estar en posesión de títulos académicos de la rama agraria como mínimo del nivel de formación profesional del sistema educativo de Técnico en aceites de oliva y vino, Técnico Superior en vitivinicultura, Técnico en producción agropecuaria, o Técnico Superior en paisajismo y medio rural.
(…)

6.º Cuando el solicitante sea una persona jurídica y alguna de las condiciones anteriores no pueda ser verificada directamente, se considerará que la misma, independientemente de su forma jurídica, tiene la capacidad y competencia profesionales adecuadas cuando:
i) El control efectivo sobre la persona jurídica sea ejercido por una persona física o personas físicas que tiene dicha capacidad y competencia conforme a alguno de los apartados 1° a 5.º Para ello, la persona física o personas físicas en cuestión deberá tener el poder de decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social total de esta y que posea más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.

ii) En el caso concreto de la condición del apartado 2º, se podrá considerar cumplido por la persona jurídica que pueda demostrar que, al menos 3 de los últimos 5 años hasta la fecha de apertura del plazo de solicitudes ha tenido contratada de forma continua, a una persona física que cumple con el apartado 2º, o en el caso de que tenga un contrato de prestación de servicios, de al menos 3 años seguidos en los últimos 5 años hasta la fecha de apertura del plazo de solicitudes, para el establecimiento, mantenimiento y control de la plantación con una persona jurídica o profesional.»

Es decir, según la norma estatal, el contrato de prestación de servicios puede ser con una persona jurídica o profesional para el establecimiento y control de la plantación, siempre que demuestre que ha tenido contratada a dicha persona jurídica o profesional durante al menos tres años seguidos de los últimos cinco años.


Al exigir el proyecto que el contrato de prestación de servicios deba ser con una persona física, omitiendo que pueda efectuarse con una persona jurídica o profesional, se vulnera el transcrito artículo 8, apdo. 1, letra b), núm. 6º, punto ii) del Real Decreto 1338/2018, que es normativa básica según declara el artículo 1 de esta norma: «Este real decreto tiene como objeto establecer la normativa básica en materia de potencial vitivinícola necesaria para el desarrollo del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios…», contradiciendo lo que el propio proyecto declara en su artículo 2, sobre régimen jurídico aplicable al potencial vitícola, según el cual se regirá por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, en la normativa estatal básica y en la normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la materia.

SEGUNDO. Disconformidad con el artículo 11, apdo. 2, relativo a documentación acreditativa del criterio de admisibilidad, capacidad y competencia profesional adecuada en el caso de comunidades de bienes.

El apdo. 2 de este artículo establece que en el caso de comunidades de bienes, será necesario que cada uno de los comuneros cumpla con los requisitos necesarios para acceder al reparto, en atención a su forma jurídica, según lo dispuesto en los apartados anteriores.
Esta disposición tiene sentido cuando ninguno de los comuneros ostenta por sí sólo más de la mitad de la participación en la comunidad de bienes; ahora bien, si un comunero persona física tiene una participación de más de la mitad, no tiene sentido que se exija que también los comuneros minoritarios todos ellos tengan que cumplir todos los criterios de actividad agraria, formación profesional adecuada, etc. En tales supuestos, es decir, si un comunero tiene una participación de más de la mitad en la comunidad de bienes y por tanto capacidad decisoria, sería más razonable que sólo se exija a éste que cumpla con los requisitos necesarios para acceder al reparto según lo dispuesto en los apartados anteriores.

Por lo expuesto, SOLICITO tenga por presentadas en tiempo y forma estas alegaciones, las acepte y modifique el proyecto en el sentido antes expuesto.

En Logroño, 12 de septiembre de 2019
Gobierno De La Rioja 12/09/2019 18:39
Ahora si, muchas gracias

En este espacio reflejaremos las conclusiones a las que hayamos llegado durante el proceso de debate.
Fecha de publicación:
22/08/2019
Ámbito temporal:
22/08/2019 - 19/09/2019
Fase:
Conclusiones

Recursos

Documentación y Recursos

  • C:\DATOS\Disco D\TRABAJO AGRICULTURA\NORMATIVA CONSEJERÍA AGRICULTURA\DECRETOS\DECRETOS AÑO 2019\Decreto Potencial Vitícola\infor pública\Anteproyecto Decreto inform pública.pdf: PDF ( Kb)

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