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Consulta previa: certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Tema: Educación
Localización: La Rioja

El Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, de 23 de junio de 2022, sobre certificación, acreditación y el reconocimiento de la competencia digital docente, establece que serán las unidades de las Administraciones educativas las responsables de aprobar, en el ámbito de sus competencias, la normativa que regule la acreditación de la competencia digital docente, en el plazo de un año a partir de la publicación de dicho Acuerdo en el BOE.

Fases del proceso

Propuesta inicial

Aprobar una Orden que regule la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Diagnóstico breve

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que las tecnologías de la información y la comunicación serán pieza fundamental para producir el cambio metodológico, elemento de transformación educativa, herramienta clave en la formación del profesorado, y medio con el que adaptarnos a las necesidades individuales de cada alumno.

La Ley pretende mejorar la capacitación de los docentes, promover la sociedad del conocimiento y garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación. A estos efectos, incide especialmente en la transformación del sistema educativo y en la digitalización de la educación, fomentando el desarrollo tanto de la competencia digital del alumnado como de la competencia digital docente.

La Ley establece también en el artículo 102 que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios centros.

El artículo 103 encomienda a las administraciones educativas la planificación de las actividades de formación del profesorado, para que garanticen una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establezcan las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado.

Por otra parte, el Acuerdo de 23 de junio de 2022 de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, acreditación y el reconocimiento de la competencia digital docente, establece que serán las unidades de las Administraciones educativas las responsables de aprobar, en el ámbito de sus competencias, la normativa que regule la acreditación de la competencia digital docente en los términos recogidos en el presente Acuerdo, en el plazo de un año a partir de su publicación en el BOE.

La transformación del sistema educativo en clave digital que impulsa la LOMLOE solo se puede llevar a cabo si se implica a todo el profesorado de una manera sustancial. Para que el destinatario final, el alumno, adquiera esa competencia, es esencial que se produzca la mejora de la competencia digital docente que, además permitirá el máximo aprovechamiento de los medios digitales.

Objetivos

Establecer los aspectos básicos de la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Alternativas

No se contemplan otras alternativas regulatorias o no regulatorias. El Acuerdo de 23 de junio de 2022 de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, acreditación y el reconocimiento de la competencia digital docente, establece la obligatoriedad de aprobación de la normativa que regule la acreditación de la competencia digital docente en los términos recogidos en dicho Acuerdo, en el plazo de un año a partir de su publicación en el BOE.

Eficacia

Se estudiarán y debatirán las propuestas que nos lleguen durante la fase de debate y se valorará su inclusión en el anteproyecto

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Fecha de publicación:
19/09/2022
Ámbito temporal:
20/09/2022 - 11/10/2022
Fase:
Presentación

A diferencia de la fase de audiencia o información pública, en la que se ofrece un borrador de anteproyecto con el articulado completo, la consulta previa pretende que la ciudadanía se pronuncie en abstracto sobre un proyecto normativo que todavía está por elaborar y estructurar.

El objetivo es recabar antes de su elaboración, la opinión de personas y colectivos acerca de la propuesta inicial y los objetivos de dicho proyecto. Es por ello que no se adjunta ningún recurso.


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