Gobierno de La Rioja

El apagón general sufrido de forma sorpresiva en todo el territorio español el día 28 de abril de 2025 ha dejado efectos de inestabilidad en las redes eléctricas y transcurrido un día todavía no se han resuelto los problemas de acceso en todos los servicios y comunicaciones, que con esta fecha siguen fluctuando y produciendo problemas de funcionamiento a las administraciones, las empresas y los particulares

Esto supuso que, por la simultánea interrupción de los sistemas de información y comunicación responsabilidad de esta Comunidad Autónoma, y del apagón en las comunicaciones de toda índole, los ciudadanos y empresas se han visto privados de cualquier posibilidad de relacionarse electrónicamente con la administración.

De conformidad con la Clasificación/taxonomía de los ciberincidentes prevista en el anexo I del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, la situación puede calificarse, como mínimo, de incidente de disponibilidad por interrupción del servicio por causas ajenas.

La disposición adicional novena de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de declarar la suspensión general de plazos cuando, como consecuencia de un ciberincidente, se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de las personas interesadas que prevé la normativa vigente.

La Orden INT/399/2025, de 28 de abril, por la que se declara la emergencia de interés nacional en el territorio de diversas comunidades autónomas como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico acaecida el 28 de abril de 2025 no ha establecido ninguna disposición expresa en relación con la suspensión de plazos.

Al efecto de paliar los graves efectos de este incidente en los intereses de los ciudadanos y para garantizar el principio de confianza legítima y asegurar el ejercicio de sus derechos, se hace preciso establecer una ampliación de los términos y plazos de los procedimientos seguidos ante la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite la ampliación general de plazos en estos supuestos, y en uso de las facultades sobre la ordenación de los servicios públicos y así como de dirección, gestión y ordenación de los servicios informáticos y de comunicaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja que tengo atribuidas en el artículo 10.2, letras s) y del Decreto 51/2023, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja,

RESUELVO

Primero. Ampliación de plazos.

La ampliación general de los plazos de los procedimientos administrativos en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja que no estuvieran vencidos entre el 28 de abril y el 30 de abril de 2025, inclusive, hasta el 2 de mayo de 2025.

Segundo. Eficacia.

Esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, sin perjuicio de que la ampliación de plazos se compute desde el día 28 de abril de 2025, si esta fuera la fecha de finalización del plazo correspondiente, o desde la fecha posterior a ésta en que hubiera finalizado el plazo si se trata de los días 29 o 30 de abril.

Logroño a 29 de abril de 2025.- El Consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, Alfonso Domínguez Simón.