Gobierno de La Rioja

Núm. 161
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 21 de agosto de 2025
AYUNTAMIENTO DE HARO
II..843

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: nombramiento de nuevo tribunal calificador de las pruebas para la creación de una bolsa de trabajo


Resolución recurso de reposición y nombramiento nuevo tribunal calificador de las pruebas para la creación de una bolsa de trabajo de auxiliar administrativo.

Con fecha 19 de agosto de 2025, la Alcaldesa de este Ayuntamiento ha dictado la siguiente Resolución de Alcaldía.

Teniendo en cuenta el Recurso de reposición contra el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025 por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos y se nombra a los miembros integrantes del Tribunal Calificador de las pruebas en la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de auxiliar administrativo, presentado por María de la Paz Lavieja Arnáiz, de fecha 13 de agosto de 2025 y R.E. nº 9384.

Visto el informe emitido por el Técnico de Bienes, Contratación y Personal de fecha 19 de agosto de 2025, conforme al cual: 'Jesús Muñoz Pérez, Técnico de Bienes, Contratación y Personal del Ayuntamiento de Haro en relación con el Recurso de Reposición contra el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025 por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, se nombran miembros de tribunal y convocatoria de tribunal y aspirantes del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Haro:

Antecedentes

Primero.  Recurso de reposición contra el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025 por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos y se nombra a los miembros integrantes del Tribunal Calificador de las pruebas en la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de auxiliar administrativo, presentado por María de la Paz Lavieja Arnáiz, de fecha 13 de agosto de 2025 y R.E. nº 9384.

Segundo. Decreto de Alcaldía de 4 de agosto de 2025 por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, nombramiento de tribunal y convocatoria para creación de una bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Haro (Boletín Oficial de La Rioja número 151, de fecha 7 de agosto de 2025).

Tercero. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 28 de mayo de 2025 por el que se acuerda aprobar las bases y la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Haro (Boletín Oficial de La Rioja número 105, de fecha 3 de junio de 2025)

Fundamentos Jurídicos

Primero. El recurso, en síntesis, solicita la modificación del Tribunal Calificador para ajustarlo al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres establecido en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, procediéndose a un nuevo nombramiento que respete dichos principios o, en su defecto, se motive de forma expresa y razonada la imposibilidad de alcanzarlos

Segundo. El artículo 112 LPAC establece que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

A su vez, el artículo 123 de la LRJPAC establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. La recurrente ha calificado expresamente su escrito como recurso potestativo de reposición, por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, y que, de acuerdo con el art. 114.1 LPAC los Decretos de Alcaldía ponen fin a la vía administrativa, procede calificar lel escrito presentado como un recurso potestativo de reposición contra lel decreto de alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025.

Tercero. El artículo 112 de la LRJPAC requiere la condición de interesado para estar legitimado en la interposición de los recursos de alzada y de reposición. La recurrente ostenta la condición de interesada y se le reconoce legitimación activa para la interposición del recurso,

Cuarto. Los recursos administrativos que interpongan los interesados habrán de estar fundamentados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 LPAC, en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la misma Ley y deberán contener los elementos formales que requiere el artículo 115.

A su vez, los recursos potestativos de reposición dirigidos contra actos administrativos expresos deberán interponerse en el plazo de un mes.

De conformidad con el art. 14.2. e) LPACAP están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos los empleados públicos para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Conforme el art. 41 de LPACAP las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Y de conformidad con el art. 43 de la LPAC las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Según el art.30 LPCAP sobre el cómputo de plazos, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Resultando de lo anterior, en el presente caso, el recurso de reposición cumple con los requisitos de forma, se han presentado dentro del plazo establecido de un mes y se fundamentan en los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 LPAC.

Quinto. Considerando lo establecido en la Base 5.4 de la convocatoria según la cual: 'Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Asimismo, en la composición del Tribunal se velará por el cumplimiento del principio de especialidad.'

Sexto. Considerando lo establecido en el art. 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, conforme al cual: '1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.'

Septimo. Considerando lo establecido en el art. 44.2 de la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, conforme al cual: '2. El Tribunal calificador será colegiado y estará compuesto por un número impar de personas, debiendo designarse igual número de suplentes. Se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres.'

Octavo. Considerando lo establecido en el art. 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ,conforme al cual: 'Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.'

Noveno. Considerando la STS 1272/2020 de 08 de octubre de 2020 que establece:'Cuarto. El juicio dela Sala. La estimación del recurso de casación.

Nuestro examen debe dirigirse al extremo en el que la Sección Primera ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Sólo cabrá llevarlo a las demás cuestiones planteadas por las partes si, previamente, en la aplicación del principio de composición equilibrada del tribunal calificador advertimos que la sentencia de instancia ha incurrido en infracción del ordenamiento jurídico.

El auto de admisión nos pregunta si el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 contiene un mandato jurídico y si su incumplimiento puede determinar la nulidad del proceso selectivo o la de algunos de los actos dictados en el mismo. Al respecto, hemos visto que la Junta de Galicia alega que este precepto no resulta aplicable a la Comunidad Autónoma ya que se refiere a la Administración General del Estado. Efectivamente, así es.

No obstante, es igualmente verdad que el artículo 60.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya aplicabilidad a las Comunidades Autónomas no se discute por su carácter básico y especial, dispone que la composición de los órganos de selección 'tenderá a (...) la paridad entre mujer y hombre' y que prescripciones semejantes se encuentran en la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia.

A pesar de la distinta formulación, no hay diferencias de contenido entre el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 --según el cual los órganos de selección 'responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas'-- y este artículo 60.1. Sustancialmente establecen lo mismo, como no podía ser de otro modo porque ambos pretenden hacer efectivo en este ámbito el principio de igualdad proclamado por el artículo 14 de la Constitución, que proscribe expresamente las discriminaciones por razón de sexo. Tender a la paridad equivale a responder al principio de presencia equilibrada. Ninguno de los dos preceptos expresa una proposición absoluta o incondicionada, ambos admiten excepciones justificadas y objetivas y ninguno piensa en la exacta presencia por mitades de mujeres y hombres. Por otra parte, si un precepto legal que aplica un principio constitucional quiere que se tienda a un fin de esta naturaleza, eso significa que deberá actuarse en consecuencia salvo que motivos sustantivos no lo permitan. O sea, esa aplicación ha de responder al principio de presencia equilibrada.

Estas consideraciones ponen de manifiesto también que no nos encontramos ante una opción que se deja a la Administración sino ante una exigencia que debe cumplir salvo que haya razones de entidad, debidamente explicadas, que lo impidan. De ahí que, de no darse estas circunstancias, la actuación contraria al principio de paridad o composición equilibrada deba suponer su invalidez pues los preceptos de esta naturaleza, despliegan, entre otros efectos, el de límite o impedimento frente a aquel proceder que contraríe el mandato por ellos establecido. Y no parece necesario recordar que el principio de igualdad forma parte del contenido que la propia Constitución considera más valioso y protege especialmente.

En fin, no se debe olvidar que la prohibición de discriminación por razón de sexo no surge por azar, sino que obedece a una realidad histórica que la Constitución quiere superar: la desigualdad en perjuicio de la mujer. Por eso, la propia afirmación del principio, a su dimensión negativa añade la positiva, la que fundamenta actuaciones encaminadas a realizar la igualdad, dentro de las que cabe incluir el establecimiento de criterios como los recogidos por el artículo 60.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007.

Por lo demás, hay que decir que la definición de 'presencia o composición equilibrada' efectuada por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007 --la relación 60%-40%-- no se reduce a la Administración General del Estado. Se extiende a todo el ámbito sobre el que, según sus artículos 1 y 2, se proyecta. El primero, en su apartado 2 precisa que sus principios se dirigen a los 'Poderes Públicos', sin excepción, y el segundo atribuye los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación a 'todas las personas', de nuevo si excepción.

Establecidas estas premisas, debemos enfrentarnos a los hechos del caso.

Hemos visto que la composición del tribunal calificador, inicialmente equilibrada según la relación legalmente establecida 60%-40%, pasó a ser, en vez de dos hombres y tres mujeres, la de cuatro mujeres y hombre. Para la sentencia esta composición del tribunal que actuó es contraria al principio de composición equilibrada. A juicio de la Sala, no cabe establecer una solución general sobre el respeto a dicho principio en los casos en que, como aquí, ha sucedido, por cualquier causa legalmente prevista, se producen modificaciones en un tribunal calificador cuya composición inicial era equilibrada desde el punto de vista que estamos contemplando y suponen que deje de serlo. Es decir, que no respete la relación 60%-40% de mujeres y hombres como máximo y mínimo. Pueden, en efecto, concurrir circunstancias que hagan imposible mantenerla o que no deban reputarse contrarias al fin perseguido.

Esto último es lo que ha sucedido en esta ocasión, en la que cuatro personas del sexo que padece la desigualdad que se quiere corregir han terminado integrando el tribunal calificador. No parece razonable que una mayor presencia sobrevenida de mujeres deba comportar la aplicación de un criterio pensado y establecido para evitar su discriminación de forma que provoque la nulidad de la actuación administrativa. Por tanto, la modificación sobrevenida en este caso no ha de considerarse contraria al principio de composición equilibrada y la sentencia, en la medida en que no lo ha entendido así, no lo ha aplicado correctamente y debe ser casada. (...)

Sexto. La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

El principio de composición equilibrada de mujeres y hombres del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, concretado en los términos de su disposición adicional primera, es sustancialmente equivalente al del artículo 60.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y consiste en un mandato cuyo incumplimiento puede determinar la nulidad del proceso selectivo o de alguno de sus trámites atendiendo a las particulares circunstancias de cada caso.'

Decimo. Considerando la STJ de La Rioja 100/2025 de fecha 24/03/2025 conforme a la cual: Tercero. - Juicio de la sala.

Se examinarán los recursos de apelación interpuestos separadamente, con expresión de las razones específicas de la desestimación de cada uno de ellos.

Uno. Recurso de apelación del Ayuntamiento de Logroño.

El recurso de apelación ha de ser desestimado.

Para desestimar el recurso basta con la remisión a la sentencia de 8 de octubre de 2020, para concluir que la sentencia de instancia es correcta y que la actuación municipal no es ajustada a derecho.

No es controvertido que el Tribunal nombrado para el proceso selectivo no cumplía con las exigencias de paridad, indiscutibles legalmente y que derivan directamente de la aplicación del art 14 de la CE, los artículos 53 de la Ley Orgánica 3/2007 y art 60 del TREBEP.

Ciertamente, como se señala en la instancia, este mandato constitucional y legal puede ser matizado cuando concurran circunstancias debidamente justificadas, pero esta Sala coincide con el Juez de instancia en que ni el expediente ni en la resolución recurrida se contienen unas razones que por su cualificación permitan excepcionar el cumplimiento del principio y el mandato de la paridad. Y tampoco sirve, para sortearlo, acudir a las eventuales combinaciones de los miembros nombrados (titulares y suplentes), en la conformación del tribunal en los actos cuya presencia sea requerida a lo largo del proceso selectivo.

El recurso de apelación, por lo demás, no contiene una verdadera crítica de la sentencia encaminada a cuestionar eficazmente el criterio del Juzgado sobre la no concurrencia de las razones que permitirían, en el caso concreto, el nombramiento del tribunal que se nombró.

Conclusiones:

Primera. Consecuencia de lo anterior, procede estimar el Recurso de Reposición presentado por María de la Paz Lavieja Arnáiz contra el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025 y nombrar un nuevo tribunal en el que se respete el principio de paridad entre mujeres y hombres.

Tal es el parecer del funcionario que suscribe que somete a cualquier otro mejor fundado en derecho. No obstante, la Corporación con su superior criterio resolverá lo estime pertinente.'

Esta Alcaldía-Presidencia en el uso de las facultades que legalmente le han sido conferidas,

RESUELVE

Primero. Estimar el Recurso de Reposición presentado por María de la Paz Lavieja Arnáiz contra el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025.

Segundo. Dejar sin efecto el nombramiento de miembros de tribunal realizado por Decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2025 y nombrar a los nuevos miembros integrantes del tribunal calificador del mencionado proceso selectivo, que son los siguientes:

Presidente:

Titular: María Rocío Bastida Ibáñez,funcionaria del Ayuntamiento de Haro.

Suplente: Susana Alonso Manzanares, funcionaria del Ayuntamiento de Haro.

Vocales:

Titular, Eduardo Llona Manzanedo, funcionario del Ayuntamiento de Haro.

Suplente, Marcos Imaz Gracia, funcionario del Ayuntamiento de Haro.

Titular, Noemí María Rosales Peña, funcionaria del Ayuntamiento de Haro.

Suplente, María Teresa Ruiz San Francisco, funcionaria del Ayuntamiento de Haro.

Titular, Luis Miguel Gutiérrez Marín, funcionario del Ayuntamiento de Haro.

Suplente, Gonzalo Palacios Ocón, funcionario del Ayuntamiento de Haro.

Secretaria:

Titular: María de la Paz Lavieja Arnaiz, funcionaria del Ayuntamiento de Haro.

Suplente: Laura Álvarez Prado, funcionaria del Ayuntamiento de Haro.

Tercero. Mantener la convocatoria a los miembros del Tribunal el día 28 de agosto de 2025 a las 09:30 horas en el Ayuntamiento de Haro, ubicado en Plaza la Paz, n.º 1 de Haro.

Cuarto. Publicar la presente resolución mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de La Rioja, en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, en la web del Ayuntamiento de Haro y notificarla a todas las personas designadas como miembros del Tribunal y a los representantes del personal del Ayuntamiento de Haro.

Haro a 19 de agosto de 2025.- La Alcaldesa-Presidenta, Guadalupe Fernández Prado.

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