Gobierno de La Rioja

Marco

• Decreto 7/2009, de 13 de febrero, por el que se regula el control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja [derogado];
• Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 y (CE) n ° 1234/2007;
• Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n ° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid [derogado];
• Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión, de 7 de abril de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n ° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid [derogado]
• Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola[derogado];
• Decreto 86/2015, de 2 de octubre, por el que se regula la adaptación del control del Potencial Vitícola de La Rioja tras la aplicación del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 por el que se crea la Organización Común de Mercados de los productos agrarios [derogado]

Oportunidad

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico del control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con la normativa comunitaria y la normativa estatal básica, habiéndose convenido con la Comisión Europea los aspectos fundamentales de la Ley con el fin de evitar distorsiones con la normativa comunitaria.

Datos económicos

El contenido de esta norma no tendrá incidencia económica en el presupuesto autonómico, dado que los costes derivados del control de la no comercialización como DOP o IGP serán asumidos por los viticultores que hubieran asumido ese compromiso, previa aprobación de una tasa en un futuro texto con rango legal, siendo una posibilidad que ha sido expresamente permitida por la Comisión Europea.

El resto de cambios normativos no suponen cambios sustanciales en la organización ni en los recursos materiales o humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Ley.