Gobierno de La Rioja

Marco

• Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja (artículo 8.uno.30 y 31)
• Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales.
• Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales
• Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se regulan las prestaciones de inserción social

Oportunidad

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). Los sistemas de renta mínima suponen la concreción de la responsabilidad de los poderes públicos en cuanto a su deber de garantizar ese nivel de vida adecuado para sus ciudadanos y, en esta línea, la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2010 considera que la introducción en todos los Estados miembros de la Unión Europea de regímenes de renta mínima, consistentes en medidas específicas de apoyo a las personas con ingresos insuficientes mediante prestaciones económicas y acceso facilitado a los servicios, es uno de los medios más eficaces para combatir la pobreza, garantizar un nivel de vida adecuado y fomentar la integración social.

Datos económicos

En base al estudio económico realizado, el coste económico de la Renta de Ciudadanía de La Rioja estará entre 12.168.000 y 14.196.000 euros/año

Impacto de género

En términos generales, se prevé que esta Ley beneficie a entre 1.800 y 2.100 mujeres. Con todo, y si bien el objeto de la norma es abordar la problemática de la exclusión social sin distinción de género, sí contiene algunos preceptos que afectan de modo mayoritario o exclusivo a las mujeres. a) El artículo 5.2 permite que en los supuestos en que por fallecimiento, desahucio, divorcio, separación, malos tratos, o cualquier otra causa similar de disolución de la unidad de convivencia, uno o más miembros de ésta, con cargas familiares, se vieran obligados a modificar su domicilio, éstos podrán ser considerados, por sí mismos, como una unidad familiar o de convivencia independiente. Esta situación en la actualidad afecta en prácticamente todos los casos a mujeres. Se prevé que pueda afectar a 20/25 mujeres/año. b) El artículo 6 a) exceptúa del requisito de residencia efectiva y legal a las mujeres víctimas de violencia de género. Se prevé que pueda afectar a 5/10 mujeres/año. c) El artículo 6 c) exceptúa del requisito de constituir una unidad familiar o de convivencia, como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud a quienes modifiquen su residencia como consecuencia de fallecimiento, desahucio, divorcio, separación, malos tratos, o cualquier otra causa similar de disolución de la unidad de convivencia. Esta situación afecta en prácticamente todos los casos a mujeres. Se prevé que pueda afectar a 25/50 mujeres/año. d) La disposición adicional tercera de la Ley establece que para acceder a la renta de ciudadanía únicamente se les exigirá a las mujeres embarazadas en riesgo social que acrediten la residencia legal y el requisito de carencia de rentas. Se prevé que afecte a 10/15 mujeres/año.

Reducción de cargas

Pendiente de determinar, a la espera de que se establezcan las disposiciones que se dicten para la aplicación de la Ley.