Gobierno de La Rioja

Marco

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
• Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos;
• Constitución Española (artículos 9.2 y 14);
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículos 14 y 15);
• Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja (artículos 7, 8.1.1, 8.1.5 y 26.1);
• Decreto 11/1984, de 8 de marzo, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de la Mujer
• Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (artículos 17 y 18);
• Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (artículo 33.2).

Oportunidad

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en el ámbito internacional. Su alcance constituye un objetivo transversal que afecta a todas las administrativas públicas y a todos sus ámbitos de intervención.

Con el objetivo de lograr la mayor implicación de todos los órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la consecución de la igualdad de mujeres y hombres, resulta necesaria la creación de un órgano colegiado que permita una actuación efectiva y concertada de medios y esfuerzos para la acción común que conlleva la implantación de una igualdad real, que sirva como marco de interlocución y desarrolle un papel fundamental en la gestación de los correspondientes planes para la igualdad de mujeres y hombres de La Rioja.

Datos económicos

La creación de la Comisión no implica incremento del gasto público.El órgano colegiado se integrará en la Consejería competente en materia de igualdad, que facilitará los medios necesarios para su funcionamiento.

Impacto de género

Para que la acción institucional resulte efectiva, deviene imprescindible la reformulación de las actuales estructuras administrativas, incorporando el principio de igualdad en la actividad pública mediante la definición de objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades, en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.