Gobierno de La Rioja

Marco

• Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja (artículo 9.8);
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (artículos 36.1.b) y 92 bis);
• Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja (artículos 4 y 26);
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros (artículo 46);
• Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (artículos 32 bis al 42);
• Decreto 18/2009, de 27 de marzo, sobre el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal;
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículos 10.1.a y 70);
• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (artículo 53.2).

Oportunidad

El objeto del nuevo Decreto consiste en adaptar la normativa autonómica al marco normativo estatal vigente, con objeto de garantizar la preferente incorporación a las listas de espera de los aspirantes que hubieran superado algún ejercicio en las pruebas de acceso correspondiente, según relación remitida por el Instituto Nacional de Administración Pública en virtud de la Orden TFP/297/2019, de 7 de marzo, precisar las causas de exclusión de las citadas listas de espera y establecer su vigencia temporal.

Por otra parte, en un contexto generalizado de implantación de la administración electrónica, se dispone en el presente Decreto que los actos derivados del mismo, en particular los propios de la elaboración y gestión de las listas autonómicas de espera correspondientes a las diferentes subescalas se realice exclusivamente de manera electrónica.

Datos económicos

El decreto no tiene impacto en la actividad económica, puesto que la aprobación de la norma no prevé que de la misma vayan a derivarse derechos u obligaciones de contenido económico.