Gobierno de La Rioja

Oportunidad

Teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas formas de juego y el impacto social de los juegos de azar y apuestas de todo tipo, no se considera suficiente una modificación de la ley vigente, 5/1999, de 13 de abril, sino la aprobación de un nuevo marco normativo.

Es objetivo de este Gobierno proteger a las personas más vulnerables, ya que la adicción al juego es un problema de salud pública. En este sentido, se debe recordar que, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las llamadas 'adicciones sin sustancia'. Incluso, el Defensor del Pueblo considera que deben reforzarse las políticas activas de juego con responsabilidad dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción.

Por eso se acomete una nueva ley, adecuada a los cambios sustanciales que han sufrido las diferentes modalidades de juego. También procede regular los principios rectores del juego con responsabilidad y de lucha contra el fraude, establecer medidas de prevención del juego problemático y patológico y fomentar el empleo estable y de calidad en el sector. Se trata de definir una serie de buenas prácticas del juego que permitan conductas responsables que eviten caer en el juego abusivo y la adicción. Conviene recordar que España es uno de los países de Europa con mayor índice de ludopatía en jóvenes de entre 14 y 21 años.

Datos económicos

La Ley que se pretende aprobar carece de impacto económico por cuatro razones fundamentales: no implica mayor gasto, al no crear unidades ni órganos, ni establecer obligaciones económicas que impliquen una mayor carga presupuestaria; no regula ingresos tributarios; el régimen sancionador no supone un incremento sustancial de las sanciones pecuniarias, y además en su aplicación práctica éstas se ven ajustadas alta y a la baja por las atenuantes y agravantes existentes en la mayoría de ocasiones; y no incluye normas especialmente novedosas en cuanto al régimen de las empresas de juego, por lo que desde el punto de vista de las cargas administrativas y su valoración económica, tampoco esta norma requiere un cambio sustancial.